La nueva Ley de Información Clasificada y la censura previa

Resulta sorprendente que una Ley que se dicta con la finalidad de preservar la Seguridad del Estado pueda acabar sirviendo de escudo para amparar actuaciones no transparentes de servidores públicos.

El último Consejo de Ministros ha aprobado el Anteproyecto de Ley de Información Clasificada, que sustituirá a la antigua Ley de 1968 sobre secretos oficiales de la época franquista. La nueva Ley contará, en la misma línea que las leyes europeas, con materias de cuatro categorías: alto secreto, secreto, confidencial y restringido, las cuales suman dos más a la citada ley de 1968.
 
Según ha declarado el ministro que tendrá en el futuro competencia sobre esta delicada materia, «cada una de estas categorías tendrá un nivel de protección diferente en función del peligro que pudiera suponer para la seguridad del Estado».
 
Así, los documentos calificados como alto secreto estarán clasificados durante 50 años, prorrogables por 15 más. La información de categoría secreta lo estarán durante 40 años, prorrogable por 10 años más. El contenido confidencial se clasificará «entre siete y 10 años». Y los documentos que se cataloguen como restringidos tendrán un plazo para desclasificarlos de entre cuatro y seis años.
 
Ante la actualidad del tema, en este periódico se publicó un interesante reportaje titulado La profesión periodística se planta ante la nueva Ley de Secretos: «Lucharemos contra los que quieren recuperar la censura». En él, periodistas muy destacados mostraron su rechazo ante algunos aspectos del texto, así como respecto de la tramitación por vía de urgencia de la que se presenta como nueva Ley de Secretos Oficiales.
 
En la tramitación, se critica que se haya elegido la vía de urgencia, que se tramite en lectura única y que los plazos para hacer enmiendas sean en pleno verano. Es como si se tratara de elaborar una ley para tapar cierta información restringida que afecta al Gobierno y que pretende incluirse a «hurtadillas» en el ordenamiento jurídico.
 
En efecto, dados los numerosos supuestos en los que el Gobierno incumplió la normativa sobre transparencia, y en los cuales el Ejecutivo se negó a facilitarla alegando que se trataba de «materia clasificada» (por ejemplo, Pedro Sánchez realizó 151 vuelos en Falcon y Super Puma), calificar esta información como restringida supondría la posibilidad de mantenerla en secreto entre cuatro y siete años.
 
Con lo cual esta materia que en nada parece afectar a la seguridad del Estado caería fuera del foco de la imprescindible y democrática transparencia. Con el texto de la nueva Ley podría, pues, conseguirse una especie de «sanación» a posteriori y por la vía de la Ley de Información Clasificada de un claro incumplimiento a la luz de las normas de transparencia y buen gobierno.
 
Además de los posibles efectos beneficiosos indirectos por la urgencia en la tramitación, el defecto principal que denunciaron los expertos en análisis realizado por los expertos en El Debate es que con la nueva ley se instaura la antidemocrática «censura previa». Así, Bieito Rubido, director de El Debate, considera que «esta Ley de Información Clasificada pone de manifiesto, una vez más, el proyecto de involución que sostiene en España tanto la izquierda como la extrema izquierda. Resulta evidente que Sánchez no tiene unas convicciones democráticas especialmente fuertes. En cambio, sí que son fuertes sus tendencias totalitarias».
 
A este respecto, me gustaría añadir que no son fáciles de descubrir –y mucho menos hoy después del tiempo que lleva en el Gobierno– las convicciones de Pedro Sánchez. Y es que una fuente digna de todo crédito me contó que un exalcalde de Madrid que lo tuvo de concejal lo calificó como más de derechas que muchos de su equipo. Hoy, desde luego, no parece que lo sea. Por su actuación política a lo largo de estos años más bien parece que la razón principal por la que se mueve es su propio interés. De tal suerte que si ahora para tramitar esta ley le viene bien ser totalitario, lo es. Y no pasa nada.
 
Como dice Bieito Rubido, la nueva Ley pretende convertir en información clasificada y bajo el pretexto de la seguridad del Estado cualquier asunto, a cualquier nivel de la Administración. Lo cual significaría liquidar el esfuerzo que el Partido Popular, con Mariano Rajoy al frente, hizo con el Portal de Transparencia. A la vista de lo que antecede, el Gobierno actual no solo está gestionando mal nuestros recursos económicos (España es el país de la UE cuya renta per cápita es la que menos ha crecido en el cuatrienio 2017/2021, solo 490 € por los 22.160 € de Irlanda) sino que también intenta recortar nuestras libertades, como la fundamental de información completa y veraz.
 
Por último, resulta sorprendente que una Ley que se dicta con la finalidad de preservar la Seguridad del Estado pueda acabar sirviendo de escudo para amparar actuaciones no transparentes de servidores públicos. Y todo con el sonoro silencio de los medios de izquierdas.
  • José Manuel Otero Lastres es académico de Número de la Real Academia de Jurisprudencia y Legislación

Fuente: José Manuel Otero Lastres – El Debate

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