La ‘Cosa Nostra’ al mando de la nación

El Partido Socialista de Felipe González gobernó España durante catorce años. Dado que el presidente era de Sevilla, lo mismo que el número dos Alfonso Guerra, y que otros miembros del famoso ‘clan de la
tortilla’ como Manuel Chaves eran igualmente del Sur, una de las máximas prioridades del Ejecutivo fue reparar el atraso secular de Andalucía, que se atribuía al predominio del latifundismo, el ‘señoritismo’ y la caverna. La apoteosis de esta entrega inexorable con Andalucía llegó con motivo de la Expo de 1992. Se preparó para ella el AVE, que debería haber enlazado antes con Barcelona según dictaba toda lógica económica, se modernizó el aeropuerto de Sevilla y se renovó la autovía del Sur.

Recuerdo que una vez le pregunté por estas cuestiones al entonces ministro de Economía y Hacienda, Carlos Solchaga, que estaba realmente impresionado como tantos por la vía de alta velocidad, una de las mayores obras de ingeniería de todos los tiempos, y me dijo: «Ha sido un esfuerzo colosal, seguramente obligado, ¿pero era necesario hacer todo al mismo tiempo? Ya pueden imaginarse la respuesta.

El objetivo declarado de González y su gobierno era acabar de una vez por todas con la postración de la región más extensa y poblada de España. Cuarenta años después, este objetivo sigue pendiente a pesar
de los miles y miles de millones invertidos en el propósito. Andalucía continúa siendo la segunda autonomía, por detrás de Extremadura, con la tasa de paro más elevada y el PIB per cápita menor. La explicación es muy simple: para dinamizar y explotar al máximo la potencia de un territorio, la clave no es el dinero que se emplee al efecto sino cómo se use.

El socialismo de traje de pana de la época detestaba el mundo de los negocios -casi tanto como luego Zapatero y Sánchez-, desconfiaba cervalmente de los empresarios -como sigue sucediendo
ahora- y solo tenía una estrategia clara y granítica: regar masivamente de subvenciones, ayudas, y canonjías diversas a las masas de desfavorecidos y perjudicados legendariamente por la dictadura. Todos ellos falsos parias de la tierra. Y de este modo, dando por bueno que la mayoría de andaluces vivía sojuzgada por los patronos y terratenientes, decidieron instalar un nuevo régimen alternativo,
radicalmente opuesto, basado en la dependencia y la respiración asistida, con el resultado más deletéreo de todos los posibles: la corrupción moral de la mayor parte de la sociedad y la casi segura
aniquilación de por vida de la juventud.

El socialismo nunca ha querido hombres verdaderamente libres sino cautivos, títeres y deudos perpetuos del favor público. Y en Andalucía esta máxima se ha aplicado hasta el paroxismo. Sin escrúpulos y con un
sentimiento de impunidad total. Si era menester, como ha sido el caso, arrasando con la ley y despreciando toda clase de controles, en particular el judicial.

Esta manera de cambiar España hasta que no la conociera ni la madre que la parió fue ‘teorizada’ por Alfonso Guerra, que enseguida se dio cuenta del obstáculo principal de cara a los afanes socialistas
perversos: los jueces. Había que cambiar a toda costa y con rapidez una magistratura que a su juicio era mayoritariamente conservadora y opuesta al cambio prometido iniciáticamente por el PSOE, el lema con
el que obtuvo la mayoría absoluta más gruesa de la historia en 1982.

Guerra fue el que parió la clasificación nociva entre jueces progresistas y retrógrados que nos persigue hasta nuestros días, el que laminó el respeto profesional por los magistrados, hiriendo de
muerte su prurito académico y científico, y el que, a estos efectos, cambió la fórmula de elección de poder judicial para entregársela al Parlamento, la mayor parte de la historia dominado por socialistas -en
solitario o con las alianzas más endiabladas, como ocurre ahora para la mitad de los puestos del Consejo-. Los socialistas, y fue Alfonso Guerra, el primero en declararlo sin aspavientos, enterrando por
segunda vez a Motesquieu, siempre han protestado la independencia del poder judicial. Igual que desean con el común de los ciudadanos, su ambición es contar con unos magistrados adictos a la causa, porque toda la vida política debe estar subordinada al resultado de las elecciones, al voto del pueblo… hasta que pierde su favor. En esa circunstancia, cuando son derrotados, están dispuestos a cualquier
cosa, como acreditaron el siglo pasado con la Revolución de Asturias en 1934, y en los prolegómenos de la guerra civil que ellos provocaron con su conducta antidemocrática.

Por eso lo que está sucediendo estos días a causa de la sentencia del Supremo sobre los Eres tiene que ver con los hechos que he citado con reiteración. Primero con una Junta de Andalucía que durante casi
cuarenta años se ha dedicado a repartir dinero público fuera de cualquier clase de vigilancia, con el conocimiento, el asentimiento y la complicidad de dos de sus expresidentes, Manuel Chaves y Jose
Antonio Griñán, ambos previamente ministros con Felipe González, amigos personales, y el primero de ellos ex presidente de honor del Partido Socialista. El dinero público repartido -que para más inri era
de la UE- sin el debido e ineludible control y cuidado, aunque con exceso de diligencia, se destinó a complacer intereses espurios, enriqueció a centenares de personas sin escrúpulos y jamás se dedicó a
los pretendidos fines sociales para los que fue concebido, si es que alguna vez se puede considerar de justicia social ayudar a empresas insolventes abocadas a la quiebra insuperable o a empleados que no
necesitan las ayudas porque no están en una situación perentoria.

Esto no es muy distinto de lo que ha ocurrido durante tantos años en Andalucía con los planes de empleo rural, origen de otro fraude recurrente a gran escala. En ambos casos, el objetivo indisimulado de
los dirigentes de la Junta fue crear una densa y potente red clientelar y asegurarse la permanencia en el poder ‘ad eternum’. Aunque yo había perdido cualquier clase de esperanza, la victoria arrolladora del PP en las pasadas elecciones después de casi cuarenta años demuestra que todavía quedaba un rescoldo de moralidad entre los ciudadanos de Andalucía y un claro hartazgo después de haber chapoteado durante tiempo en el lodazal, como los cerdos. La tarea que espera al señor Bonilla es inmensa, pues permanece la sospecha apuntada de nuevo por el inefable Alfonso Guerra: «ha ganado el PP porque ha mantenido todos los chiringuitos que prometió extinguir», que por cierto han sido la obra más rematada del socialismo.

La sentencia del Supremo sobre los Eres condena el mayor caso de latrocinio y corrupción no solo de España, sino de la Unión Europea, y afecta al corazón del socialismo, el tradicional y el presente. Por
eso todos los dirigentes, de antes y de ahora, han salido a defender en tromba a los suyos, porque los condenados «son de los nuestros», confirmando que el Partido Socialista funciona como la mafia, que el
país está en manos de la ‘Cosa Nostra’ que, simplificando mucho, allí donde nació, en Italia, en Sicilia, también prosperó y se hizo con el control de la sociedad ofreciendo protección y prosperidad a los
pobres a cambio de hurtarles cualquier esbozo de libertad. Aunque González, Guerra y el viejo socialismo detestan a Sánchez, en el caso que nos ocupa, la defensa cerrada de los ajusticiados, están unidos
como una piña, apuntando una vez más su miseria y mezquindad, así como de carácter eminentemente antidemocrático.

Fuente: Miguel Ángel Belloso – OKDiario

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