Condenada a prisión la ‘reina Melchor’ del fraude de los cursos de formación andaluces

Entre las distintas irregularidades que el tribunal considera probadas se encuentra el desvío de más de 9.000 euros para caramelos y juguetes para la Cabalgata de Almonte (Huelva) en la que participaba.

El Tribunal Supremo (TS) decidió semanas atrás ‘congelar’ la sentencia del caso de los ERE para no condicionar las elecciones andaluzas, pero teniendo en cuenta la cantidad de procesos en los juzgados que giran en torno a la gestión del PSOE al frente de la Junta de Andalucía, era complicado que alguna sentencia no saltase estos días. Así ha ocurrido con el caso conocido como la ‘reina Melchor’ del fraude de los cursos de formación y que investigó presuntas irregularidades en el Consorcio Centro Andaluz de Formación Medioambiental para el Desarrollo Sostenible (Formades). Conductas irregulares que ponían el foco sobre su responsable. Ana María O.E., a quien, entre otras actitudes delictivas, se le reprochó que destinara dinero público para comprar caramelos y juguetes para la Cabalgata de Reyes Magos de Almonte (Huelva) en la que iba a participar como rey Melchor.

La Sección Tercera de la Audiencia Provincial de Sevilla ha dado a conocer este miércoles que ha sido condenada, junto a otras tres personas, entre ellas, un hijo y un sobrino, por el desvío de fondos públicos de tres subvenciones. El juicio se celebró durante los pasados meses de febrero y marzo. La sentencia, que no es firme y contra la que cabe interponer recurso de apelación ante la Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA), concluye que la totalidad del déficit de justificación de las subvenciones asciende a 1.320.850 euros.

El tribunal considera que la ex directora gerente del Consorcio es autora de un delito continuado de prevaricación en concurso medial con un delito de malversación, ya que considera probado que las irregularidades detectadas en las contrataciones investigadas “tenían como objetivo el proporcionarles un beneficio económico con la consiguiente desviación del dinero procedente de las subvenciones, bien a través de la realización de gastos ajenos totalmente a la finalidad para los que se concedía la subvención y que obedecen a la arbitrariedad y su exclusiva voluntad (la Cabalgata de Reyes Magos, gastos en desayuno, comida con sindicatos…), o a través de las contrataciones irregulares para favorecer y darle trabajo al resto de los acusados y favorecer a familiares y conocidos, con el consiguiente empobrecimiento del erario público”.

Se considera acreditada la participación del resto de los acusados en la comisión de los hechos como cooperadores necesarios, ya que “se concertaron con la acusada, aceptando la contratación en la prestación de los servicios con el objeto de percibir ingresos excesivos por unos servicios que no quedan íntegramente constatados, justificados y ajenos, en parte, a la finalidad propia de la subvención”.

La condenada hizo pasar un desayuno de más de 600 euros como actos protocolarios

Este caso reveló un uso reprochable del dinero público que tuvo episodios anecdóticos que denotaban cierta impunidad por parte de los investigados. La acusada, “en uso de sus atribuciones, ordenó pagos y servicios de naturaleza muy variada en modo alguno relacionados con los fines del Consorcio”, como una partida de 40.078,16 euros se incluyera en el concepto de “difusión y publicidad”.

Respecto a la distribución de estos fondos, la autoridad judicial relata que la condenada fue nombrada en 2009 para encarnar al rey Melchor por el Ayuntamiento de Almonte, de forma que, “como quiera que con ocasión de tales festejos y su participación en los mismos debía aportar capital para compra de regalos, caramelos y otros, realizó pagos vinculados a su participación en estas fiestas con fondos del Consorcio”, realizando así un gasto de compra de presentes y dulces para la Cabalgata de Reyes por importe de 6.555,15 euros, mientras que “pagó con fondos del Consorcio un ‘desayuno de la Cabalgata de Reyes’ que costó 600 euros, que se trató de justificar ante la Junta como ‘atenciones protocolarias’”.

Además, y según los magistrados, la acusada destinó 9.038,62 euros de esta partida a “todo tipo de comidas” e incluyó 14 facturas en concepto de publicidad y difusión “que no guardan relación alguna con la actividad formativa, tales como 12 equipaciones de fútbol sala con publicidad de Formades por importe de 573,50 euros y otra por importe de 6.555,15 euros en concepto de golosinas y juguetes”.

Ana María O.E., que ejerció como directora gerente del Consorcio entre los años 2006 y 2011, ha sido condenada como autora de un delito continuado de prevaricación en concurso medial con un delito de malversación de caudales públicos y le impone cuatro años y medio de prisión y ocho años y medio de inhabilitación especial para empleo o cargo público. De igual modo, tendrá que indemnizar a la Junta de Andalucía con 40.078,16 euros por los gastos “claramente irregulares que autorizó y que exceden claramente del objeto de la actividad de formación”. También deberá abonar solidariamente respecto de la cuantía defraudada por cada uno de los otros tres condenados, que alcanza la cifra global de 899.623,94 euros, ya que ha quedado probada su contratación “irregular” por parte de la investigada “con el objeto de proporcionarles un beneficio económico ilícito”.

El tribunal condena a Manuel R.O. —hijo de la ex directora gerente y que realizaba tareas de mantenimiento y mozo de cuadra en Formades— y a Cristóbal O.O. —sobrino de la acusada que hacía servicio de guarda nocturno— como cooperadores necesarios de un delito continuado de malversación, en relación con los importes generados y cobrados procedentes de las tres subvenciones analizadas en la vista oral, y les impone dos años de prisión, cuatro años de inhabilitación especial para empleo o cargo público y que indemnicen a la Administración autonómica en las sumas de 452.895,82 euros y 38.495,94 euros, respectivamente.

Asimismo, condena a Juan Francisco M.L. —veterinario, docente y suministrador de medicamentos y pienso— como cooperador necesario de un delito continuado de prevaricación en concurso medial con un delito de malversación, en relación a su actuación en la ejecución de las tres subvenciones concedidas, y le impone dos años y medio de cárcel, cuatro años y seis meses de inhabilitación especial para empleo o cargo público y el pago de una indemnización a la Junta de 408.232,18 euros.

Fuente: P.D.A. – El Confidencial

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