El primer fiscal independiente que asesora a Delgado: «Hay indultos que son un insulto»

«La patria potestad no puede ser indultada», afirma Salvador Viada, único vocal del Consejo Fiscal que no pertenece a alguna de las asociaciones mayoritarias.

Tras casi cuatro décadas de carrera en el Ministerio Público, Salvador Viada se va a convertir en el primer vocal independiente del Consejo Fiscal, principal órgano asesor de la Fiscalía General del Estado (FGE). Todo un hito. Este fiscal del Tribunal Supremo logró ser uno de los nueve vocales elegidos en los comicios del pasado 4 de mayo al Consejo Fiscal, a pesar de que no forma parte de la mayoritaria Asociación de Fiscales (que cuenta con unos 800 afiliados) ni de la Unión Progresista de Fiscales (que tiene 200 asociados). Gracias a su cruzada contra la despolitización y los nombramientos discrecionales en el organismo que dirige Dolores Delgado, consiguió un total de 552 votos en las elecciones, siendo el séptimo candidato más votado. Y eso que la Asociación Profesional e Independiente de Fiscales (APIF), de la que es portavoz, apenas tiene 50 afiliados.

«El poder ejecutivo se ha apropiado de la Fiscalía. La FGE ontológicamente forma parte de la esfera del poder judicial y, sin embargo, los sucesivos gobiernos han entendido que esta institución es una pieza sometida a su influencia. Hay que acabar con esto y garantizar nuestra independencia», denuncia Salvador Viada en entrevista con THE OBJECTIVE. Una conversación en la que se muestra muy crítico con la forma en la que el Gobierno de Pedro Sánchez está otorgando indultos. Como el concedido esta semana a la expresidenta de Infancia Libre María Sevilla, condenada a dos años y cuatro meses de prisión, además de cuatro años sin patria potestad, por sustraer a su hijo para apartarlo del padre. «Muchas veces hay indultos que se convierten en un insulto», señala Viada en referencia al de Sevilla y otros similares como el de Juana Rivas.

«La patria potestad no puede ser indultada desde mi punto de vista. El indulto está regulado por una ley que prohíbe los indultos que afectan a derechos de terceros, y la patria potestad afecta a los menores y al otro cónyuge. Son indultos que desde mi punto de vista, ya veremos qué dice el Tribunal Supremo, jurídicamente no se pueden sostener. Estamos hablando de una decisión judicial que entra dentro del núcleo de algo como la patria potestad, que ha sido sometido al análisis de los jueces. Que el Gobierno llegue ahora a corregir esa decisión porque no le parece bien, devolviendo la patria potestad a la madre, es algo que no se puede hacer», añade.

Un fiscal crítico con el indulto a María Sevilla

Tanto la ministra de Igualdad, Irene Montero, como la secretaria de Estado Contra la Violencia de Género, Ángela Rodríguez Pam, celebraron esta semana el indulto a María Sevilla y pusieron su caso como ejemplo de la «necesidad» de «reparar» a muchas mujeres que, según ellas, están siendo «criminalizadas por la Justicia». «Por eso es tan importante que el Estado salde la deuda que tiene con las madres protectoras», llegó a decir Montero. «Lo que tenemos que hacer es reconocerles un indulto porque ellas lo que han intentado es poner su cuerpo por delante para que a lo mejor un niño de seis años no volviera a ver a su padre que le estaba agrediendo sexualmente», añadía Rodríguez Pam en referencia a María Salmerón, María Sevilla, Irene Costumero y Juana Rivas.

Una forma de interpretar los indultos que Salvador Viada, fiscal del Tribunal Supremo desde 2006, tacha de «anormal». «El indulto es una gracia excepcional, no ordinaria. Las razones del indulto son justicia y equidad. Cuando el poder judicial decide algo, que el Ejecutivo lo corrija no deja de ser una anormalidad. En ocasiones es evidente que no es impropio. Pero indultar de la manera en la que se está haciendo en la actualidad, yo no estoy de acuerdo», apunta Viada.

Antes de ser designado para el Supremo, Viada se convirtió en el primer y único fiscal que ha tenido España en la Fiscalía del Tribunal Penal Internacional para los crímenes cometidos en durante la guerra de la Antigua Yugoslavia, en La Haya. Experto penalista, de 1995 a 2003 trabajó en la Fiscalía Anticorrupción. Su espíritu crítico y el polémico cese del exfiscal jefe de esa fiscalía especializada, Carlos Jiménez Villarejo, le llevaron a desvincularse de la mayoritaria Asociación de Fiscales y se incorporó años después a la APIF, fundada por un pequeño grupo de jóvenes fiscales. Desde su pequeña trinchera ha logrado entrar ahora en el máximo órgano asesor de la FGE con el apoyo de progresistas y conservadores, y con el propósito de despolitizar la institución.

«Nadie puede considerar imparcial a Delgado»

«Conseguir entrar en el Consejo Fiscal con un sistema electoral tan mayoritario como el que tenemos en la carrera fiscal y desde una asociación pequeña como la nuestra, sin ninguna jefatura en toda España, es un hito y una gran responsabilidad. Venimos con la intención de cambiar las cosas», indica Salvador Viada. Califica como «apropiación indebida» que el poder Ejecutivo nombre directamente al fiscal general del Estado, cuando la FGE «vocacional y ontológicamente está colocada dentro del poder judicial».

Afirma que el Ministerio Público está viviendo un momento «muy difícil y duro» con Dolores Delgado al frente de la FGE. «Dejando de lado a la persona, que tengo una relación magnífica con ella y puedo decir que es una persona agradable a la que conozco desde hace muchísimos años, un fiscal general del Estado tiene que ser imparcial. No es posible que un fiscal general del Estado sea percibido como imparcial si es nombrado directamente por el Consejo de Ministros del mismo Gobierno del que ella formó parte», asevera Viada.

«Por mucho que ella se pueda considerar imparcial, nadie la puede percibir así y evidentemente muchos fiscales no la vemos así, sino que la vemos como una exministra de Justicia colocada como fiscal general del Estado y eso hace que los ciudadanos no vean a la institución como el organismo independiente que la propia Constitución establece», agrega el portavoz de APIF.

«Debería dimitir por el caso Stampa»

Cuando se le pregunta por los motivos que han provocado el inesperado vuelco en la composición del Consejo Fiscal (con la entrada de un independiente y la pérdida la mayoría con la que contaba la Unión Progresista de Fiscales a la que pertenece Delgado), Viada enumera varios ejemplos. Pero sitúa uno por encima del resto: la decisión de Dolores Delgado de apartar al fiscal Ignacio Stampa del ‘caso Villarejo’, en el que intervienen como abogados defensores varios letrados del bufete de Baltasar Garzón, pareja de la fiscal general del Estado.

«Lo que ha ocurrido con el fiscal Stampa debería haber provocado la dimisión de la fiscal general del Estado. Pensemos que el despacho de la pareja actual de Delgado es quien defiende a algunas de las personas y asuntos que investigaba Stampa. Eso no hay como defenderlo. Y estamos hablando de hechos de corrupción muy graves que vemos todos los días en los periódicos. Es muy grave», critica Viada, quien confía en que los nuevos miembros del Consejo Fiscal elegidos para un mandato de cuatro años ayudarán a cambiar otros asuntos de suma importancia.

«Hay que cambiar la arbitrariedad actual en los nombramientos de la cúpula fiscal, porque aquí no estamos hablando de nombramientos por méritos y capacidad. Estamos hablando de trampas. Abiertamente es una farsa, porque los elige directamente la fiscal general del Estado y se cubren luego las apariencias. Hay que acabar con ello. Y hay que hacerlo con transparencia, con concursos de méritos y denunciando las arbitrariedades. Y eso lo tenemos que acabar entre todos los nuevos miembros del Consejo», asevera el portavoz de la APIF. Además, entre sus prioridades, Viada sitúa la necesidad de cambiar radicalmente la actual política de comunicación de la FGE, que califica de «propagandística».

El nuevo Consejo Fiscal, paralizado

Además de ser el principal órgano asesor de la FGE, el Consejo Fiscal participa en la designación de los puestos más relevantes de la carrera fiscal. Lo componen nueve miembros electos y otros tres natos (fiscal general, teniente fiscal del Supremo y fiscal jefe de Inspección) que se suelen reunir una vez al mes para tratar todos los asuntos que son de su competencia. Desde elaborar los criterios generales para asegurar la unidad de actuación del Ministerio Fiscal -en lo referente a la estructuración y funcionamiento de sus órganos-, a participar en la propuesta y la elección de los fiscales jefes de sala que componen la cúpula del Ministerio Público, entre otras funciones recogidas en el artículo 14 del Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal.

Como ya avanzó este diario, el relevo de los nuevos vocales electos que conformarán el Consejo Fiscal se va a retrasar al menos hasta finales de junio debido a que Delgado se encuentra de baja médica. La fiscal general del Estado fue operada de urgencia el pasado 20 de abril por un quiste sinovial que le comprimía dos vértebras lumbares. Y a pesar de las presiones de la mayoritaria Asociación de Fiscales (AF), Dolores Delgado no piensa convocar el nuevo Consejo Fiscal hasta después de su reincorporación, prevista para el próximo 15 de junio, según confirman fuentes de la FGE consultadas por THE OBJECTIVE.

Si se cumplen los plazos previstos por los médicos, Delgado se reincorporaría a mediados de junio y convocaría para finales de ese mes el Consejo Fiscal en el que los nueve vocales electos en los comicios del 4 de mayo tomarán posesión de su cargo para un mandato de cuatro años. Lo habitual tras es que una semana después de los comicios se convoque un Consejo Fiscal para decir adiós a los nueve vocales salientes y proceder a la toma de posesión del cargo de los nuevos. Sin embargo, la baja de Delgado tras su operación mantiene paralizado el relevo del órgano en contra del criterio de la mayoritaria Asociación de Fiscales, que recientemente envió una carta defendiendo que la teniente fiscal del Tribunal Supremo, Ángeles Sánchez-Conde, podría realizar la convocatoria.

Fuente: Alberto Sierra – The Objective

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