El juez envía a la Fiscalía Europea el audio sobre Iván Redondo y el reparto de los fondos UE

El Juzgado de Instrucción número uno de Barcelona da un paso más en la investigación a David Madí, exjefe de Gabinete de Artur Mas.

La Guardia Civil ha enviado al Juzgado de Instrucción número 1 de Barcelona el audio y la transcripción íntegra requeridos por la Fiscalía Europea sobre una conversación mantenida entre David Madí, ex jefe de gabinete de Artur Mas, y su socio Joan Ferran Oliva. En esa prueba documental, remitida por el Instituto Armado al juez Joaquín Aguirre el pasado 8 de abril, el empresario catalán explica una presunta reunión que mantuvo con Iván Redondo, entonces jefe de Gabinete de Pedro Sánchez, para hablar del reparto de los fondos Next Generation EU procedentes de Bruselas con el fin de reactivar la economía tras el paso de la covid-19.

En esa conversación grabada, Madí informa a su socio de su encuentro con Redondo en la sede de la patronal catalanaFoment del Treball, y de los «140.000 millones» de euros que llegarían a España. A juicio de Madí, hay que «establecer un canal para entrar» a estos fondos a través de la firma RSM Spain Consultores, de la que Joan Ferrán Oliva es apoderado. También vaticina que la gestión del dinero comunitario «será una merienda de negros».

Malversación

El tribunal español aporta a la Fiscalía Europea este pinchazo telefónico como prueba de un posible delito de malversación de fondos públicos por parte del ahora empresario de la órbita de Junts per Catalunya. Madí, además, revela su interés de que el dinero europeo pudiera canalizarse mediante Pimec, pero reconoce que «Foment es CEOE» y que será a través de la patronal española «por donde entrarán estos proyectos».

Durante la etapa de Artur Mas al frente de la Generalitat y en pleno auge del procés independentista, el Ejecutivo autonómico intentó potenciar a Pimec (la patronal catalana de las pequeñas y medianas empresas) en detrimento de Foment del Treball, que era percibido como el brazo de las empresas del Ibex en Cataluña.

El hecho de que el tejido productivo de la región esté formado mayoritariamente por pequeñas y medianas empresas dotaba de cierta racionalidad esta apuesta por Pimec. No obstante, el fracaso del plan rupturista ha difuminado la pugna por el control político de ambas patronales y la nueva coyuntura económica derivada de la pandemia ha motivado acuerdos entre Pimec y Foment.

Tramitar los fondos

En la conversación intervenida el 20 de octubre de 2020, el empresario nacionalista también afirma que volvería a reunirse con Redondo más adelante y transmite a su socio que deben ofrecer a sus clientes ayuda para «explicarle cómo funciona» el acceso a los fondos.

 

Redondo avanzó el reparto de los fondos UE a la patronal catalana en una cita secreta

«Ahora lo que tendríamos que hacer es: ‘Oye, escucha… nosotros te aportaremos… proyecto… eee… te acordaremos proyectos… para que os presentéis… y entonces, hablaremos con ellos… de qué forma los queréis… cómo… cómo lo hemos de presentar… nosotros haremos un poco… de oficina de tramitación… para nuestros clientes», afirma en el audio.

Por la conversación también se entrevé que Madí considera que no todos sus clientes tienen el perfil para acceder a los fondos: «Bueno… los que tengan… capacidad que encaje un poco». Y es que uno de los principales temores de los dirigentes nacionalistas, así como de los economistas del entorno, era que los fondos se quedaran en manos de las grandes empresas del Ibex.

Desde que muchas de estas empresas abandonaron Cataluña por la inseguridad jurídica que representaba el referéndum ilegal del 1 de octubre de 2017, los sucesivos gobiernos de la Generalitat han intentado tener menos dependencia de estas compañías. No obstante, la adscripción nacionalista de Madí y su implicación en el procés nunca ha sido un freno para hacer negocios con empresarios de otra ideología o instituciones de diferente color político.

«Lobbysta»

Durante su reciente declaración como investigado ante el juez Aguirre, Madí justificó las gestiones realizadas por otros empresarios en diversas consejerías alegando que era «lobbysta» y que, por este motivo, estaba autorizado a realizar dichas visitas. El magistrado Joaquín Aguirre, sin embargo, especifica que «no aportó ninguna documentación acreditativa de dicho registro» y en su auto pide a la Guardia Civil que compruebe si realizó estas visitas como representante de Aigües de Catalunya S.A., la única compañía presidida por Madí.

En caso contrario, añade el juez, «le inhabilitaría para ejercer de grupo de interés en otro negocio diferente al de las aguas». «Existen varias visitas registradas cuyo objeto es ‘presentación de empresas’. Este objeto no le ampararía para efectuar negocios como el que fue detectado con el Presidenre de Global Omnium Sr Enrique Calabuig, empresa que es la matriz a la que pertenece Aigües de Catalunya que preside David Madí pero de la que no es accionista».

Choque entre Anticorrupción y la Fiscalía Europea

Pese a que la patronal catalana negó que la reunión, en la que participaron más de una docena de empresarios, sirviera para repartir los fondos y la situó en sus encuentros institucionales habituales, el juez Aguirre envió el caso a la Fiscalía Europea, encargada de investigar cualquier asunto relacionado con un eventual desvío de fondos europeos Next Generation. Inicialmente la Fiscalía Anticorrupción se opuso a investigar Madí por la charla sobre los fondos europeos al entender que sería una causa «prospectiva» que conculcaría sus «más elementales derechos».

El Ministerio Público se adhirió al recurso de Madí al entender que de la conversación intervenida «no puede inferirse la existencia de ningún tipo delictivo», al entender qeue en la conversación Madí hacía referencia «únicamente» a «las expectativas de un nuevo tipo de negocio consistente en ofrecer a sus clientes, como han hecho otras consultoras, la posibilidad de articular proyectos para optar a las ayudas europeas por todos conocidas». Sin embargo, la Audiencia de Barcelona consideró más acertada la tesis del juez Aguirre y autorizó el envío de la causa a la Fiscalía Europea.

Fuente: Laura Fábregas/Alberto Sierra – The Objective

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