Urbanismo a la carta o la red Azud de corrupción

Grau, Corbín o Rubio están investigados por facilitar los contratos a cambio de dinero y regalos.

Elegir parcelas, cambiar plicas para obtener un contrato público o modificar el plan general para acceder a una mayor edificabilidad son parte del sueño de todo promotor. Y cuando se hace realidad, se llama “pelotazo urbanístico”. Eso mismo denunció a bombo y platillo Rafael Rubio en un lejano 2005 (desde este jueves, con el levantamiento del secreto del caso Azud, aquella época ha vuelto a la actualidad), entonces jefe de la oposición socialista al hegemónico dominio popular del Ayuntamiento de Valencia, con la emblemática Rita Barberá a la cabeza, en un bronco pleno municipal en el que advirtió a la ‘alcaldesa’ de España, como le gustaba llamarla Rajoy, de que estuviera atenta a su entorno más inmediato porque alguien se estaba enriqueciendo a sus espaldas y a costa de la ‘Casa gran’.

Casi 20 años después, la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, bajo la supervisión de la jueza de Instrucción número 13 de València y de la Fiscalía Anticorrupción parecen haber querido darle la razón, muy a su pesar, ya que es uno de los 61 investigados en la macrocausa bautizada como Azud –por el trasvase y riego de dinero–, que acumula ya casi 700 tomos, teras y teras de información y documentación en soportes informáticos y que salpica, que se sepa, tanto al Partido Popular como al PSPV.

Febrer se hizo con el derecho de vuelo de casi 900 VPO y participó en la compra de los terrenos de CLH en el PAI del Grao

El sistema, según afirma la UCO, era sencillo. Un presunto ‘corruptor’, el promotor Jaime María Febrer; un abogado con influencia personal y directa sobre las más altas instancias del Ayuntamiento, José María Corbín, cuñado de la alcaldesa por estar casado con la hermana de Barberá –jefa de gabinete y gerente, por tanto, de su agenda, para más señas–; y el hombre fuerte de Rita y su mano derecha en el consistorio, Alfonso Grau, como vicealcalde y responsable de grandes proyectos.

La obra, por lo que ha trascendido hasta ahora, tiene bastantes más actores. Una cohorte de empresarios, llegados, muchos de ellos, de la mano de Febrer –hay al menos diez mercantiles bajo investigación–; un nutrido grupo de funcionarios bien situados entre las áreas de Urbanismo y Planeamiento –una decena, incluidos varios jefes de servicio; y la trama encargada de la ingeniería financiera para aportar dinero líquido con el que, presuntamente, sobornar a quienes tenían en su mano cambiar contratos y planes generales y parciales.

150.000 EUROS POR NAVIDAD

De momento, poco se conoce del contenido de esos 700 tomos –el martes están convocados los ocho principales imputados para que sus abogados acudan al juzgado dotados de discos duros para hacerse con la preciada copia de la causa–. Pero sí ha trascendido cuál es el meollo de la causa.

El presunto ‘corruptor’ habría repartido regalos dinero en efectivo a lo largo de casi una década –Azud investiga contrataciones municipales entre 2006 y prácticamente 2015– para doblegar voluntades y obtener beneficios y contratos ventajosos, tanto para sí mismo como para otros, previo pago de la parte correspondiente de la mordida.

La trama liderada por el presunto corruptor montó una maraña financiera con una constructora familiar como ‘facturera’

Y, para lograr ese dinero contante y sonante y evitar los ojos de Hacienda –los mismos que provocaron el inicio de esta macrocausa con la denuncia contra Corbín por presuntas irregularidades fiscales–, habría gestado toda una maraña financiera con la sorprendente intervención, en calidad de ‘factureros’, de los integrantes de una pequeña empresa familiar dedicada a la construcción radicada nada menos que en Tomelloso (Ciudad Real).

Hasta ahora, apenas ha trascendido que parte de ese dinero habría ido a parar a manos de Grau –1,2 millones de euros– o a Rubio –300.000 euros– (el listado debe ser bastante más largo) o que Febrer repartía cada Navidad regalos –se gastaba entre 20.000 y 30.000 euros por campaña, hasta los 150.000 que estima la Guardia Civil en solo un lustro– entre políticos y funcionarios con capacidad para adecuar licitaciones y contratos, a quienes ‘recompensaba’ con bolsos, perfumes, champán, jamones y joyas, entre otros.

Así, se habría hecho, por ejemplo, con el derecho de superficie -o vuelo- sobre casi 900 viviendas de protección pública (VPP) en los distritos al alza en aquel momento. A saber, Quatre Carreres, Patraix y Moreras. La crisis de 2008 acabó dando al traste con ese proyecto.

Del mismo modo, se habría agenciado varias parcelas elegidas en distintos puntos de la ciudad, bien situadas, por supuesto, a cambio de pagar una deuda de 35 millones de euros que el Ayuntamiento de València tenía contraída por sentencia del Tribunal Supremo con diez colegios religiosos privados por expropiaciones llevadas a cabo en 1988.

Y, por encima de todos ellos, el aparente pelotazo (este proyecto tampoco cuajó) que supuso hacerse, en 2006 y con socios de primer orden dentro de la empresa Acinelav (València, escrito al revés, con un retoque para poder ser leído) , con más de 100.000 metros cuadrados de suelo del PAI del Grao, en los terrenos, ya descontaminados, que ocupaban los antiguos depósitos de hidrocarburos de CLH. Por 300 millones pactados y justo donde un año después iba a construirse el circuito de Fórmula 1 y solo dos antes de la Copa del América a la que Rita Barberá soñaba con recibir con una nueva fachada marítima.

Fuente:  Teresa Domínguez/Laura Ballester – El Periódico de España

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