Cocineros, actores, abogados y empresarios… la otra casta independentista que vive del Estado

Joan Laporta, Jordi Cruz, la familia Sumarroca, los Carulla, Grífols o Joan Font reciben cuantiosos fondos del Estado para sus empresas propias.

Los independentistas radicales que llenan sus bolsillos con dinero del ‘opresor’ Estado español son muchos y muy diversos. Entre ellos hay caras muy conocidas, pero también empresarios multimillonarios que han estado sufragando bajo mano el ‘procés’. Alguno de ellos llegó a proponer a Artur Mas irse a trabajar a sus compañías para alejarlo de los focos mediáticos tras ser apartado de la presidencia de la Generalitat y ser arrinconado en su propio partido. También hay personajes cuyos incendiarios mensajes contra España rozan la hispanofobia, mientras que otros siempre han guardado un elegante silencio. También reciben fondos de Madrid empresas promocionadas por la Asamblea Nacional Catalana (ANC) utilizadas para boicotear a las operadoras españolas de banca, telefonía, luz, gas o seguros. Es la gran paradoja del ‘oasis catalán’: fondos públicos españoles para luchar contra las empresas españolas.

Uno de los que más beneficio saca es también uno de los extremistas más activos en la denostación de todo lo español. Se trata de Albert Codinas, presidente de la Fundación Nova Història. El Institut Nova Història (INH) es el ente que acoge a los ‘historiadores ful’ (criticados con dureza incluso por los historiadores independentistas más prestigiosos), que quieren reescribir la historia y que incluso afirman que Castilla falsificó la historia de España reclamando que figuras como Cristóbal Colón, Erasmo de Rotterdam, Leonardo da Vinci, Santa Teresa de Jesús, Miguel de Cervantes, Francisco Pizarro o Miguel Servet eran catalanes. Codinas tiene un pool de empresas que no le hace ascos al dinero que viene de los ‘falsificadores’ de la historia. Su firma Tasca Serveis d’Animació recibió el año pasado 3 créditos ICO de 80.000, 52.000 y 60.000 euros; su empresa Jan BCS recibió otros dos créditos de 15.600 y de 256.000 euros; L’Art Saber Comunicar recibió en 2020 otro crédito a fondo perdido de 10.000 euros del Ministerio de Cultura; y dos pequeñas empresas percibieron ayudas de la Generalitat los últimos años por diversos conceptos, siempre a fondo perdido, al margen de los millones de euros que se llevaron en forma de contratos con las administraciones públicas.

Hasta el actual presidente del FC Barcelona, Joan Laporta, concurrió a las ayudas de Madrid: el 8 de abril de 2020, le fue concedido un crédito del ICO de 8.000 euros para su inmobiliaria Via Llibertatis, de indudables connotaciones ‘indepes’. La multinacional Grífols, una de las farmacéuticas más potentes del mundo (que por razones fiscales trasladó su centro mundial de biociencia, su principal negocio, a Irlanda en 2015), se sumó a la moda de recibir dinero del Estado español, a pesar de los posicionamientos y las soflamas secesionistas de su propietario, Víctor Grífols: en 2018 se llevó un crédito del ICO de 60.000 euros y otro de 19.440 euros de AGAUR. El 29 de diciembre pasado, dos días antes de cerrar las cuentas anuales, percibió 200.000 euros de la empresa pública ACCIÓ, de la Generalitat de Cataluña, a fondo perdido, es decir, sin la obligación de devolverlo.

Otro habitual a los créditos fáciles de Madrid es el Restaurant Abac, cuya principal cabeza visible es el cocinero Jordi Cruz. Esta sociedad ha recibido cuantiosas ayudas: en 2020, se embolsó 560.000 euros de un crédito del ICO. Y en 2021, se vio beneficiado con dos créditos de 400.000 euros cada uno (en abril y en mayo) también del ICO. Además, el año pasado recibió 30.000 euros a fondo perdido del Consorcio de Comercio, Artesanía y Moda de Cataluña en el mes de marzo, pero la sociedad fue premiada con 200.000 euros a fondo perdido de la Consejería de Empresa. En 2017, Cruz se sumó a la ‘huelga general’ independentista del 3 de octubre (bajaron persiana sus 4 restaurantes barceloneses, a diferencia de los locales de otros reconocidos chefs) para reivindicar el resultado del referéndum del 1 de octubre. En aquel momento, cobraba un generoso salario por el programa de ‘Masterchef’, en el que no hizo huelga.

La hostelera Ada Parellada, organizadora de los ‘Sopars Grocs’ Cenas Amarillas) en apoyo a los condenados por el 1-O, aprovechó la coyuntura para hacerse con tres créditos del ICO en el 2021 por un monto total de 1,2 millones de euros (concedidos el 16 de abril, el 29 de abril y el 5 de mayo). Pero también recibió 200.000 euros a fondo perdido de la Consejería de Empresa en julio y dos ayudas más de 20.000 y 30.000 euros, que no tendrá que devolver, provenientes de la Agencia Catalana de turismo y del Consorcio de Comercio, Artesanía y Moda de Cataluña. Las ayudas fueron para la empresa Fondese, una sociedad de la familia, pero que no es la que regenta su restaurante Semproniana.

La chef Carme Ruscalleda, a través de su empresa Carme Ruscalleda Sant Pau, está en una situación parecida, aunque menos aprovechada. El nombre de esta chef fue incorporado por el Diplocat a una lista de 39 integrantes de un consejo consultivo cuya principal misión era actuar como ’embajadores’ de Cataluña por el mundo. En el momento de la constitución de ese consejo, en 2016, el Diplocat era la punta de lanza de la internacionalización del conflicto catalán. Ruscalleda no percibió ayudas del Gobierno central, pero sí de la Generalitat: la consejería de Empresa le dio el pasado mes de diciembre una subvención, también a fondo perdido, de 92.600 euros.

200.000 euros para uno de los más ricos

La empresa de telefonía Parlem, que los independentistas promocionan como firma independentista para hacer frente y boicotear a las restantes operadores de telefonía, hizo también su agosto los dos últimos años: en 2020 se llevó 320.000 euros del ICO, mientras que en 2021 se hizo con dos créditos del Ministerio de Asuntos Económicos: uno en junio por 1,6 millones de euros y otro en noviembre por 320.000 euros. Parlem es una de las empresas participadas por Joan Font, el dueño de los Supermercados Bon Preu, otra de las firmas ‘blancas’ que aparece en los listados de los ‘buenos independentistas’ y que vendía las camisetas del ‘procés’ en sus locales. Bon Preu recibió de la Generalitat 200.000 euros a fondo perdido en diciembre de 2019, aunque su presidente (que fue el único empresario miembro del Consejo Asesor para la Transición Nacional, el órgano que debía pilotar la secesión) está considerado uno de los hombres más ricos de Cataluña.

Holaluz, la empresa que preside Carlota Pi y que promociona la ANC para boicotear a las eléctricas españolas, no se queda atrás: en 2019, obtuvo un crédito del Ministerio de Industria por 160.000 euros, pero en 2020 se llevó dos en el mes de mayo, por un monto de 400.000 y de 240.000 euros respectivamente. Som Energia, otra de las alternativas propuestas por el independentismo, se hizo en 2020 con un crédito ICO del Ministerio de Asuntos Económicos de 800.000 euros y con una subvención (a fondo perdido) de 633.873 euros de la Consejería de Empresa de la Generalitat en diciembre de 2021.

La familia Carulla, propietaria de Agrolimen y Gallina Blanca, no es ajena a las ayudas estatales, aunque no a través de esas conocidas firmas: en 2018, su firma Affinity Petcare recibió del Ministerio para la Transición Ecológica una subvención a fondo perdido de 532.541 euros, a través del Instituto para la diversificación y Ahorro de la Energía (IDEA).

Su posicionamiento furibundo contra el Estado español se alimenta en estéreo: desde Barcelona y desde Madrid

La familia Sumarroca, tradicional receptora de contratos públicos de la Generalitat (Carles Sumarroca Claverol fue detenido en 2015 por su implicación en el denominado ‘caso 3%’), es otra de las grandes beneficiadas. El patriarca del clan fue uno de los fundadores de Convergència y su alineamiento con el ‘procés’ siguió la senda de Convergència durante la segunda década de este siglo. Su empresa señera, Comsa SA, recibió en 2018 un crédito del CDTI por 716.528 euros pero también obtuvo tres grandes préstamos del Ministerio de Ciencia de 199.451, 151.510 y 174.927 euros. En 2019, logró un crédito de Acció (la empresa pública de la Generalitat) de 202.861 euros y, en julio del año pasado, el Ministerio de Hacienda le concedió una ayuda de 1.950.000 euros. Otra de sus empresas, Comsa Service Facility Management, se llevó un préstamo del Ministerio de Ciencia en diciembre de 2019 por un monto de 619.639 euros.

La firma Comsa Corporación de Infraestructuras obtuvo, a finales de 2019, 170.715 euros de una subvención sin devolución del Ministerio de Asuntos Económicos, a través de la Secretaría de Estado de Digitalización e Inteligencia Artificial. Y Comsa Instalaciones y Sistemas Industriales, otra empresa del grupo, se hizo con una subvención a fondo perdido de 18.800 euros de AGAUR en 2020 y otra subvención a fondo perdido también del Ministerio de Asuntos Económicos en diciembre de 2021 que se elevaba a 74.442 euros.

Millones para furibundos ‘indepes’

Otra familia, la Valvi, propietaria de Valvi Supermercats, Valvi Alimentació i Serveis o Hermes Comunicació (editora de ‘El Punt Avui’), promociona la ruptura desde sus medios, pero a la hora de la verdad acude a Madrid a recoger los créditos dinerarios. Solo en 2020, su compañía Valvi Alimentació i Serveis se llevó dos créditos del ICO en abril por 1,8 y 1,05 millones de euros. En junio, se hizo con otro crédito de 600.000 euros; en julio, le cayó otro de 720.000 euros; y en noviembre se llevó otros 1,2 millones de euros. Su apuesta por la ruptura con España, no obstante, es la consigna más repetida desde sus portales y diarios. En los dos últimos años, Hermes Comunicacions no recibió créditos del Gobierno central, pero sí recibió cinco subvenciones a fondo perdido de la Generalitat por casi un millón de euros, sin contar campañas de publicidad o suscripciones. Su posicionamiento furibundo contra el Estado español se alimenta, así, en estéreo: desde Barcelona y desde Madrid.

En la lista de las empresas alineadas con la independencia también aparece Catgas, la empresa que los secesionistas quieren instaurar como alternativa a las convencionales y a favor de la que hacen campaña activa entidades como la ANC. Esta compañía, controlada por Pere Gran, se llevó de las arcas estatales 160.000 euros en 2020 y 520.000 euros en octubre de 2021.

Esa operación es calificada de poco transparente por buena parte de los sectores políticos y empresariales catalanes

Los laboratorios Hipra, de la localidad natal de Carles Puigdemont y a quienes se ha alineado históricamente con el secesionismo, tuvieron ayudas millonarias desde el 2019: en marzo de ese año, su empresa Hipra Scientific se llevó del CDTI casi 2 millones de euros en préstamos; en 2020, el mismo organismo le concedió dos ayudas: una de 739.680 euros y otra, de 458.469 euros. Y en 2021, las ayudas se dispararon: casi 3 millones en febrero y casi 15 millones en octubre pasado. Al frente de esta empresa está el empresario Arnau Nogareda, al que se considera el ‘padre de la vacuna catalana’, un empresario que tiene buenas relaciones con el presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, pero que al mismo tiempo es vicepresidente de la plataforma independentista Federación de Empresarios de Cataluña (Femcat).

Defatex Europa, otra empresa integrada en la candidatura Anem per Feina (la lista empresarial de la ANC, que conquistó la Cámara de Comercio) y otras instituciones, se llevó 40.000 euros del Ministerio de Industria en 2020 e Instaltop, otra de las compañías que integran esta plataforma secesionista, obtuvo dos ayudas del ICO de 119.200 y 60.000 euros en el 2021. Uno de los propietarios de Instaltop, Xavier Tornos, es uno de los impulsores del banco Onze, que quiere convertirse en el referente de banco catalán por antonomasia y que pretende instalar su sede “lejos del control del Estado español pero que opere bajo el paraguas de la UE“. Esa operación es calificada de poco transparente por buena parte de los sectores políticos y empresariales catalanes.

Fuente: A. Fernández – El Confidencial

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