Luz verde a la reforma legal para proteger a los mena

El Gobierno aprueba el anteproyecto de ley que prohíbe las pruebas invasivas e insta a facilitar asistencia letrada a los menores.

Fin a las exploraciones genitales médicas para determinar la edad de un menor no acompañado (mena) que llega a España. El Consejo de Ministros dio luz verde ayer al anteproyecto de ley que establece una nueva metodología para determinar la edad de un menor cuando entre en nuestro país. La ministra de Justicia, Pilar Llop, explicó en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros que, gracias a esta normativa «se acaban las pruebas invasivas». No en vano, existen diferencias de desarrollo óseo entre los distintos orígenes étnicos y las condiciones sociales y económicas de las personas que pueden influir a la hora de determinar la edad mediante desnudos integrales o pruebas ginecológicas, entre otras. Además, el Comité del Niño valora que ese tipo de pruebas son «inaptas para determinar la edad de la población no europea».

Otra de las novedades, según señaló la ministra de Justicia es que se blindan los derechos de los menores que llegan a España porque se les otorga una mayor seguridad jurídica al garantizar desde el inicio del procedimiento la asistencia jurídica gratuita, intérprete, representación legal del menor, y el nombramiento de defensor judicial en caso de conflicto.

En líneas generales, el anteproyecto de ley persigue ofrecer todas las garantías a los mena, algo especialmente crucial para que esos niños puedan acceder al sistema de protección, ser escolarizados o tener permiso de residencia. En última instancia, persigue neutralizar las deficiencias del sistema actual a la luz de la jurisprudencia del Tribunal Supremo o de la Convención de la ONU para los derechos del Niño. En este sentido, la ministra LLop subrayó que otra de las grandes novedades es que elimina el «carácter administrativo» que hasta ahora tenía este proceso, para pasar a ser «exclusivamente judicial», o que limita a 25 días el plazo máximo para que se resuelva el procedimiento que, a partir de la aprobación de esta ley, culminará con una sentencia. «Antes era por un decreto de la Fiscalía, ahora será una sentencia que accederá al Registro Civil y que tendrá efectos plenos en el ámbito público y privado», explicó la ministra Pilar Llop.

Reformar cinco leyes

El procedimiento de determinación de edad, según describió la titular de Justicia, podrá ser solicitado por el Ministerio Fiscal, por las entidades públicas encargadas de la protección de los menores o por la propia persona interesada. De hecho, vuelve a poner en primer lugar el interés superior del menor, la presunción de minoría de edad y el carácter urgente del procedimiento. La norma obliga a reformar hasta cinco leyes: la de asistencia jurídica gratuita, enjuiciamiento criminal, la ley del Registro Civil, la ley orgánica de protección jurídica del menor y la de extranjería.

5.000 diligencias en 2020

En palabras de la ministra «Hoy damos un gran salto, un salto hacia adelante», en referencia a la protección de los menores. El asunto no es baladí. Según los datos que maneja Justicia, en el año 2020 se abrieron unas 5.000 diligencias preprocesales sobre determinación de edad. De hecho, este cambio en la normativa puede considerarse como un logro de las organizaciones no gubernamentales que trabajan mano a manos con los menores que llegan solos a nuestro país. Uno de los casos más sonados fue el de la Fundación Raíces que llevó hasta Naciones Unidas el caso de una niña de Camerún a quien la Fiscalía española consideró –de manera errónea– que era mayor edad. El caso se remonta a octubre de 2017 cuando una menor llegó en avión a España sin documentación huyendo de al violencia sexual a la que le sometía su padre. Aseguró a las autoridades que había nacido en mayo de 2001. La comunidad de Madrid solicitó al fiscal que determinara su edad y en base a los informes médicos y las pruebas radiológica determinó que tenía más de 18 años. La expulsaron del centro de menores al que la derivaron tras llegar a España y ella recurrió ante el juzgado y la Audiencia Nacional sin éxito. Apoyada por la Fundación Raíces logró que el Comité de los Derechos del Niño de la ONU en el año 2019 y esta semana el Tribunal Supremo le den la razón.

Desde el ministerio de Justicia se congratularon ayer de que este nuevo anteproyecto se ajusta a las recomendaciones efectuadas por el Comité de Derechos del Niño de Naciones Unidas, el Defensor del Pueblo, el Tribunal Supremo, la Fiscalía General del Estado o el Comité Económico y Social Europeo (CESE), entre otros organismos. Además que se trata de una normativa más garantista que la anterior, al responder a las reclamaciones de diferentes organismos nacionales e internacionales.

Fuente: Susana Campo – La Razón

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