La Justicia pone en el foco 647 millones en contratos covid del Gobierno… y 12 del PP

Dos años después del inicio de la pandemia se han llevado ante la Justicia más de una veintena de contratos suscritos por el Gobierno central, la Comunidad y Alcaldía de Madrid que están bajo sospecha por supuestas irregularidades.

Los contratos covid suscritos para suministrar material sanitario en plena pandemia empiezan a ser objeto de investigaciones judiciales dos años después de sus firmas. Más de una veintena de contratos por un importe que supera los 659 millones de euros se estudian ya en diferentes causas abiertas en los juzgados de Madrid o en la Fiscalía Anticorrupción. El objetivo es esclarecer si, estas licitaciones que se tramitaron por vía de emergencia, ocultan irregulares derivadas del proveedor elegido, la mala calidad del material suministrado o de posibles comisiones.

De los 659 millones, 647 salieron de partidas del Gobierno central y los otros 12 restantes de la Comunidad de Madrid y la alcaldía de la capital. No todos los contratos se investigan en causas judicializadas. Hasta la fecha, las licitaciones bajo sospecha que han llegado a los juzgados son las que salieron del Ministerio de Sanidad por importe de 321 millones de euros la que firmó el Ayuntamiento de Madrid con los empresarios Luis Medina (en su condición de intermediario) y Alberto Luceño por 10,9 millones de euros.

Por su parte, Anticorrupción tiene sobre la mesa dos denuncias más: una relativa al contrato que el Gobierno de Isabel Díaz Ayuso firmó con Priviet Sportive para el suministro de mascarillas por 1,5 millones de euros y otra sobre los contratos suscritos por el Gobierno de Pedro Sánchez también en pleno repunte de covid. Estos últimos los presentó en Fiscalía la Administración de Ayuso y juntos suman un total de 326 millones de euros. Cabe recordar que de estas dos denuncias, hasta la fecha solo una se está investigando en Anticorrupción y es la relativa al contrato de la Comunidad de Madrid. De la otra, que afecta a la Administración central, todavía no se ha tomado una decisión.

Los contratos de Illa

En mayo de 2020, Vox interpuso una querella por prevaricación, malversación de caudales públicos y fraude contra los responsables del Gobierno de las compras sanitarias. Trece meses después, la causa que se sigue en el Juzgado de Instrucción número 26 de Madrid ha comenzado a andar. Su titular, Concepción Jerez, citaba este mismo jueves a tres altos cargos del Gobierno de Sánchez: dos de Sanidad y uno de Hacienda.

Se trata del director del Instituto Nacional de Gestión Sanitaria Ingesa (Alfonso María Jiménez Palacios); la Directora General de Cartera Común del Servicio del Sistema Nacional de Salud y Farmacia, (DGSNSF) Patricia Lacruz, y la alto cargo de hacienda, Paloma Rosado. Los tres acudieron a declarar en calidad de imputados para responder por 12 contratos firmados entre marzo y abril de 2020, en plena crisis sanitaria por el covid.

La querella ponía el foco en una docena de licitaciones que salieron de este órgano y que fueron a parar a manos de empresas radicadas en el extranjero, de las cuáles apenas existía información en Internet y su mayoría sin experiencia previa en suministros sanitarios. De entre todas destaca la adjudicación del Ministerio que entonces dirigía Salvador Illa a HongKong Travis Asia. Esta firma, creada en 2019, se convirtió en uno de los proveedores estrella ya que recibió 196 millones de euros (casi el 20% del fondo de contingencia de mil millones destinado para la pandemia) por la compra de 56,2 millones de mascarillas del modelo FFP2.

Vozpópuli desveló entre abril y noviembre de 2020 información de esta empresa que, según datos del registro mercantil de Hong Kong, carecía tenía experiencia en el sector. No se conocía quien estaba detrás ya que la gestión administrativa derivaba una y otra vez en sociedades de reciente creación. La mercantil tampoco registraba ninguna actividad en Internet.

En su declaración ante la juez, los tres altos cargos de Hacienda y Sanidad no solo negaron irregularidad alguna sino que se escudaron en sus superiores. El director de Ingesa, en concreto, dejó claro en sede judicial que el exministro Illa estaba al tanto de todo. Según dijo, en los peores momentos de la pandemia, le mantuvo “puntualmente informado” de toda la contratación relativa a la compra de mascarillas, pruebas PCR y respiradores.

Las mascarillas sucias de la izquierda

El pelotazo de los comisionistas

Otra de las querellas que ha cogido vuelo en los juzgados de Madrid es la conocida esta misma semana por un contrato para el suministro de material sanitario al Ayuntamiento de Madrid. En este caso, las acciones, impulsadas por la Fiscalía Anticorrupción, se dirigen contra los empresarios Alberto Luceño y Luis Medina. El titular del Juzgado e Instrucción número 47, Adolfo Carretero, admitía a trámite la demanda este jueves y, un día después, ya acordaba la citación de ambos en calidad de imputados para el próximo 25 de abril.

 

En este caso la Justicia investiga el reparto de unas comisiones presuntamente irregulares de 6 millones de dólares por un contrato firmado con el Ayuntamiento de Madrid en plena pandemia. El consistorio, que se ha personado en la causa como perjudicado, abonó 11 millones de dólares por un millón de mascarillas; 2,5 millones de guantes y 250.000 test rápidos. Anticorrupción pidió que se abriera causa contra Medina y Luceño al constatar que abultaron las partidas de este material (en algunos casos hasta más del 400% por encima de su precio real) para incluir las comisiones. Algunos de estos productos, además, eran inservibles debido a su “ínfima calidad”.

La Fiscalía incluyó en su querella el destino final de estos fondos públicos que fueron a parar, en el caso de Medina, a un yate valorado en 325.515 euros que compró con una sociedad de Gibraltar y, en el de Luceño, a bienes de lujo tales como doce coches de alta gama, tres Rolex por valor superior a los 42.500 euros y una vivienda en Pozuelo de Alarcón. El magistrado ya ha acordado el embargo preventivo de todos estos artículos para asegurarlos en caso de una futura y eventual condena.

El proveedor de Ábalos

El 10 de marzo, poco después de que se presentara la denuncia contra el contrato a Priviet, Ayuso tomó la iniciativa. El Grupo Popular en la Asamblea de Madrid presentó ante la Fiscalía Anticorrupción once contratos de compra de material contra la covid-19 adjudicados por el Gobierno central a siete empresas distintas. Las compras superan los 326 millones. Los populares consideran que estas adjudicaciones podrían constituir delitos de prevaricación, tráfico de influencias, negociaciones prohibidas a los funcionarios y malversación de caudales públicos.

La demanda se basa en las informaciones periodísticas publicadas por varios medios de comunicación; entre ellos, Vozpópuli. Según los populares madrileños, se trata de una serie de contratos que “podrían ser casos y ejemplos de actuaciones (…) en los que el contratista podría tener una relación de cercanía o familiar con algún alto cargo, o no se han cumplido los debidos requisitos para la contratación pública“.

La demanda pone el foco en los encargos adjudicados a Soluciones de Gestión y Apoyo a Empresas S.L, un escándalo desvelado por este diario y que afectó al Ministerio de Transportes que entonces dirigía José Luis Ábalos. Esta misteriosa empresa zaragozana pasó de basar su negocio en la gestión de proyectos en África y no tener ingresos en 2019 a facturar 53 millones de euros en 2020 gracias a los contratos de la pandemia.

La denuncia del Gobierno madrileño -que todavía no se investiga en Anticorrupción- se centra en tres contratos por valor de 40,1 millones para la compra de mascarillas y material de protección. El propio Fernando Grande-Marlaska reconoció que contrató a la firma zaragozana por consejo de su entonces compañero Ábalos.

El texto también incluye cuatro contratos que Sanidad encargó a la compañía barcelonesa FCS Select Products S.L para que fabricase una cantidad ingente cantidad de material sanitario -mascarillas, guantes de nitrilo y gafas- por 263 millones de euros. Los populares también ponen bajo lupa un contrato a Weihai Textile Grupo por 10,2 millones de euros a cambio de 500.000 batas desechables compradas a “un coste mucho mayor” que el ofrecido por otros proveedores. Otros dos contratos bajo sospecha son los encargados a la empresa Member of the Tribe por 9,4 millones de euros para la fabricación de guantes de nitrilo.

Por último, los populares señalan una operación firmada con Hyperin Grupo Empresarial, especializada en fabricar yesos para la construcción. Esta empresa recibió 3,3 millones de euros por fabricar 144 respiradores y terminó renunciando al contrato.

El contrato que salpica al hermano de Ayuso

Tampoco está judicializado el contrato que investiga Anticorrupción del Gobierno de la Comunidad de Madrid a la empresa Priviet Sportive. A finales de febrero, el órgano que dirige Alejandro Luzón incoó diligencias en este caso para esclarecer si se podría haber producido algún tráfico de influencias con esta adjudicación de 1,5 millones de euros ya que fue a parar a una empresa vinculada al hermano de Ayuso. El empresario, de hecho, cobró 280.000 euros por una mediación que, según los denunciantes, podría tratarse de una comisión encubierta.

La investigación en Anticorrupción se ha convertido, hasta ahora, en la más polémica de todas cuantas se han abierto por los contratos covid. El asunto no solo generó un cisma sin igual dentro del Partido Popular que terminó por propiciar el fin de la presidencia de Pablo Casado, sino que también generó revuelo entre los investigadores. La Fiscalía Europea reclamó la totalidad de las diligencias tras conocerse que investigaba la parte relativa a una presunta malversación de fondos públicos.

El asunto provocó que Anticorrupción plantease una cuestión de competencia ante la fiscal general del Estado, Dolores Ayuso, que tuvo que convocar a la Junta de Fiscales de Sala para zanjar la crisis. Finalmente, decantó la balanza a favor del Ministerio Público español, de manera que Europa indaga si se produjo delito con la compra con fondos comunitarios de 250.000 mascarillas, mientras que Anticorrupción sigue adelante con la investigación por delitos de tráfico de influencias, malversación, prevaricación y negociaciones prohibidas a los funcionarios.

Fuente: Gema Huesca/Miguel Fiter – VozPópuli

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