Varapalo europeo al Ministerio del Interior por el «amiguismo» en los ascensos policiales

El Consejo de Europa suspende en anticorrupción a Guardia Civil y Policía, e insta a esta última a ser más transparente en los procesos de selección.

Las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado (FFCCSS) suspenden en anticorrupción. El Grupo de Estados contra la Corrupción del Consejo de Europa (GRECO) ha denunciado en su informe que Policía Nacional y Guardia Civil no han puesto en práctica ninguna de las nueve recomendaciones sobre prevención de la corrupción que les dirigió este organismo europeo en 2019.

Ante esta realidad, el GRECO sostiene que la situación de las autoridades encargadas de hacer cumplir la ley «no es la adecuada» y pone el foco en el Cuerpo Nacional de Policía, al que pide «un enfoque totalmente transparente» en la selección de sus cargos policiales así como en los destinos de sus efectivos para eliminar prácticas como la «selección cooptativa, el amiguismo o el favoritismo».

Lejos de llevar a cabo las medidas propuestas, el Consejo de Europa critica que las autoridades españolas, en su mayor parte, «han reiterado las reglas que ya están vigentes en 2019, cuando se adoptó el informe de evaluación sobre España». Es decir, en los últimos dos años apenas ha habido avances en materia anticorrupción dentro de sendos cuerpos policiales.

«Una oportunidad perdida»

Esta institución europea, no obstante, sí ve ciertos avances en el departamento dirigido por María Gámez. La Guardia Civil, dice el GRECO, ha avanzado en su «infraestructura ética», en «el desarrollo de una regulación más detallada sobre los procesos relacionados con la carrera, en particular, los sistemas de evaluación, los procedimientos de nombramiento y los incentivos de desempeño». No obstante, critica que pese a su voluntad, estas medidas «no se han materializado de manera efectiva».

El Consejo de Europa también valora positivamente la promoción de la igualdad de género en las fuerzas de seguridad. Sin embargo, subraya, dejando a un lado este último progreso, «la ausencia de cualquier otra mejora concreta y fáctica realizada por la Policía». «Esta es una oportunidad perdida para establecer una infraestructura de ética integral, productiva y efectiva dentro de esta fuerza del orden», denuncia el GRECO, quien pide a los cuerpos policiales que cumplan con las recomendaciones como «un tema prioritario y sin demora».

Cargos a dedo

Respecto a la transparencia en la concesión de cargos en la Policía Nacional se pronunció precisamente el Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) hace una semana. Tras estimar parcialmente un recurso de Sindicato Profesional de Policía (SPP), la Séptima de la Sala de lo Contencioso-Administrativo falló que la Dirección General de la Policía deberá informar a los agentes de las vacantes que están en comisión de servicio, es decir, de aquellas que se dan a dedo al personal más afín en jefaturas y comisarías.

Este dictamen judicial se enmarca dentro de un conflicto de casi tres años años entre la Policía Nacional y SPP, organización que aglutina a los mandos policiales. Todo comenzó cuando, en 2019, el sindicato pidió al órgano de dirección que le facilitara cada seis meses la ocupación de los puestos recogidos en el Catálogo de Puestos de Trabajo y si los mismos estaban cubiertos con carácter definitivo, en comisión de servicios, o por contra, eran vacantes. Todo ello con el objetivo de «representar a sus afiliados y defender sus derechos» de cara a poder acceder a dichas vacantes por méritos propios y no por otros cauces.

El Ministerio del Interior, sin embargo, no respondió a esa solicitud desestimándola por silencio administrativo. Fue cuando el Sindicato Profesional de la Policía decidió llevar su petición a los tribunales, exigiendo a la Dirección General el traslado de esa información. A juicio de este organización policial, «el silencio de la Administración solo buscaba mantener de manera ilegal y arbitraria numerosas comisiones de servicios por tiempo indeterminado», superando con esto el límite por ley «que un funcionario puede estar en comisión de servicios»; y al mismo tiempo, «realizando la ocupación de puestos de trabajo en un auténtico fraude de ley».

Ahora, el TSJM ha dado la razón a este sindicato, aunque ha establecido algunos límites a los datos que a partir de ahora deberá trasladar la Dirección General a los agentes de la Policía Nacional. La información que se facilite se «referirá a las distintas Unidades y plantillas de la Policía Nacional, que estén incluidas en el Catálogo de Puestos de Trabajo salvo los de la Comisaría General de Información y de cualquier otra unidad dedicada a la lucha antiterrorista o contra el crimen organizado»; «no incluirá dato alguno identificativo» y se limitará «a expresar el número de vacantes así como el número de puestos ocupados por adscripción provisional o por comisión de servicio, indicando la fecha de nombramiento y de sus prórrogas en cada caso».

Fuente: Enrique Recio – The Objective

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