España despilfarra 60.000 millones mientras el Gobierno amenaza con más impuestos

Estamos por debajo de la media de la UE y la OCDE en eficiencia del gasto público, según el IEE. Nuestro país ha mostrado un deterioro en el índice eficiencia del gasto de unos diez puntos entre 2019 y 2021.

España está “tirando a la basura” 60.000 millones de euros cada año en gastos públicos poco o nada eficientes. Al mismo tiempo, el Gobierno prepara un nuevo “hachazo” fiscal, que únicamente se ha retrasado por culpa de la invasión rusa de Ucrania, pero que llegará inexorablemente en forma de subida de impuestos. En este sentido, el Instituto de Estudios Económicos (IEE) calcula que España podría reducir su gasto público en un 14% -los citados 60.000 millones- sin rebajar la calidad de los servicios que presta gracias solamente a la mejora de la eficiencia.

El IEE ha elaborado un índice de eficiencia del gasto público que sitúa a España en el puesto 29 de la OCDE (74,4 puntos en 2021), muy por debajo de la media europea (98,6 puntos) y peor que en 2019 (84,6 puntos), lo que implica que España tiene “mucho que mejorar” en este ámbito, ha apuntado el presidente de la institución, Íñigo Fernández de Mesa, en la presentación del estudio. Además, España ha mostrado un deterioro en el Índice IEE de eficiencia del gasto de unos diez puntos, al pasar de un valor de 84,6 en 2019, a 74,4 en 2021, lo que denota una pérdida relativa de eficiencia en comparación con otros países de la OCDE.

“Equiparar la calidad de la gestión pública con el volumen de gasto empleado es una visión tan reduccionista como errónea”, señalan desde el IEE. Apuntan que “un mayor gasto público no necesariamente conlleva un mejor desempeño. Así, en el caso de la Administración, la Educación, la Sanidad y las Infraestructuras, no se halla una correlación clara entre ambas variables”. Las finanzas públicas españolas atraviesan una situación delicada, con una deuda sobre PIB cercana al 120% y un déficit que podría cerrar el año en niveles cercanos al 7% del producto. Todo ello, además, en un contexto en el que se empieza a debatir sobre la necesidad del abandono de la flexibilidad de las reglas fiscales.

Además, “en la actualidad estamos asistiendo al planteamiento de una reforma tributaria que podría incrementar, en mayor medida si cabe, la carga fiscal sobre los contribuyentes a través de diferentes vías. Mejorar la eficiencia del gasto público es la vía fundamental para abordar la necesaria consolidación fiscal a medio plazo, ya que, a diferencia de las subidas impositivas, no resulta dañina para la actividad económica. Las subidas de impuestos tienen efectos muy negativos sobre el crecimiento y la inversión, y estos se extienden durante un período prolongado de tiempo, a través del deterioro de las expectativas y de la confianza de los agentes”. Para el IEE las alzas impositivas no son una adecuada herramienta de consolidación fiscal, ya que, en muchos casos, terminan suponiendo un efecto contrario al deseado, con un incremento del déficit y de la deuda, y no al revés, tanto por el excesivo optimismo de las estimaciones adicionales de ingresos como por el menor dinamismo de la actividad al que inducen”.

Así, han advertido de que el nivel de imposición y la elevación de este también inciden negativamente sobre los niveles de eficiencia del gasto, es decir, que los incrementos de impuestos tienden a reducir los niveles de eficiencia del sector público. Se estima que un aumento de un 1% del PIB en ingresos fiscales lleva a una reducción del 1% en la eficiencia del gasto. “Las subidas de impuestos suelen consolidar mayores niveles de gasto, lo que supone un mayor espacio para que se produzcan fugas de recursos y pérdidas de eficiencia”, han alertado. Por todo ello, previo a cualquier tentativa de reforma tributaria que suponga un aumento impositivo, el IEE cree que debería abordarse una mejora decidida de la eficiencia del gasto público.

Entre las principales medidas por las que aboga el IEE para la reforma del gasto público destacan la implementación de mecanismos de transparencia y de rendición de cuentas, la gestión profesionalizada e independiente, la evaluación constante de las políticas públicas, el fomento de la colaboración público-privada y favorecer la corresponsabilidad fiscal, entre otras.

Fuente:  Erik Montalbán – La Razón

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