El juez imputa a cinco cargos más de la Conselleria de Mónica Oltra por la gestión de los abusos de su exmarido

El magistrado considera probado que la Generalitat Valenciana abrió una «investigación paralela» a la judicial y eleva a trece los investigados

La Generalitat conocía que un juez investigaba los abusos del ex de Mónica Oltra cuando abrió la «instrucción paralela»

El titular del Juzgado de Instrucción número 15 de Valencia ha decidido imputar a otros cinco altos cargos de la Conselleria de Igualdad y Políticas Inclusivas en la causa que investiga si se encubrieron los abusos a una menor tutelada por parte del entonces marido de la máxima responsable de este departamento, la vicepresidenta de la Generalitat Mónica Oltra.

Estas nuevas imputaciones surgen a raíz de las comparecencias de los ocho investigados hasta la fecha -la dirigente de Compromís no está entre ellos- a lo largo de la última semana. En un auto al que ha tenido acceso ABC, el juez acuerda incluir en ese grupo a la directora general de Infancia y Adolescencia, Rosa Molero; a la subdirectora, Gemma Plaza; al secretario territorial, Jesús Esquiu; a la jefe de servicio de Infancia, Maria Amparo Nogués; y a la técnico de la sección del menor de este servicio, Ana Victoria García.

De entre estos nombres destaca el de Rosa Molero, pues dos de sus surbodinadas la señalaron como la persona que dio la orden de abrir un expediente confidencial sobre lo ocurrido el 8 de agosto de 2017. El resto también se vieron implicado en ese procedimiento. Una investigación que la sentencia de la Audiencia de Valencia que condenó al educador Luis Ramírez Icardi a cinco años de prisión definió como «’instrucción’ paralela» a la judicial, que podría estar animada «por un interés de exculpar o aminorar una eventual responsabilidad de la Generalitat» en la gestión del suceso. Todo ello bajo la «consigna» de que se trataba de «una niña problemática, mentirosa e incluso violenta», según el fallo que fue respaldado por el Tribunal Superior de Justicia.

Para el juez resulta «un hecho difícilmente controvertible» que cuando Molero pidió a la directora territorial en Valencia, Isabel Serra, que abriera «un Expediente Informativo o Información Reservada sobre los hechos -tal y como esta última contó en sede judicial-, los mismos se habían judicializado semanas antes y ello había sido debidamente comunicado» a la dirección territorial, pues así consta en el registro de entrada. De hecho, el objetivo era «determinar la certeza de las declaraciones» de la víctima.

«Se quiera admitir o no», continúa el escrito, «se emprendió una investigación paralela a la que se estaba siguiendo, ya en ese momento, por el Juzgado de Instrucción nº 12 de Valencia y debe ser esclarecido el motivo de tales actuaciones».

La Conselleria asegura que envió el informe exculpatorio a Fiscalía pero, sin embargo, la fiscal aseguró durante el juicio que no tuvieron conocimiento del mismo hasta finales de 2019, cuando la vista oral ya se había celebrado, por lo que tuvo que repetirse parcialmente en marzo de 2020, a petición de la defensa del acusado, con idéntico resultado.

El baile de fechas

Ahora se tiene constancia, a raíz de los documentos aportados por una de las investigadas, de que el auto de medidas cautelares en el que se dictaba una orden de alejamiento del agresor sobre la menor, llegó a la Conselleria el 28 de julio de 2017, mismo día que salió del juzgado. Hasta ahora el departamento autonómico se había escudado en que nunca se recibió y se tuvo constancia de lo ocurrido por la circunstancia personal de Oltra, que recibió la misma notificación en su domicilio el 4 de agosto.

De la resolución firmada por el instructor Vicente Ros se extrae que la Fiscalía contactó hasta en tres ocasiones por escrito con la dirección territorial tras recibir la denuncia de la menor a través de dos agentes de la Policía Nacional, que se personaron por otro asunto en el centro concertado Niño Jesús de Valencia. La chica, de 15 años en ese momento, recurrió a ellos en junio de 2017, puesto que las responsables de la residencia no creyeron el relato que venía reiterando desde febrero.

El Ministerio Público solicitó por primera vez el 6 de julio toda la documentación de la entrevista mantenida con la víctima, y pidió que se le informara del motivo por el que no existía constancia de estos hechos en el expediente de Protección del Menor.

La segunda comunicación está fechada el 10 de julio. Un día después, un jefe de la Sección del Menor «respondió de manera parcial», pues remitió documentación pero no contestó al resto de puntos. El 14 de julio, la fiscal insiste, aunque no obtiene respuesta hasta un mes después, el 14 de agosto, cuando Amparo Nogués -jefa de servicio de Infancia- responde haciendo ya referencia a las diligencias de investigación penal abiertas.

Dos días después, la víctima fue trasladada de centro. La versión de la Generalitat siempre ha sido que, con los protocolos en vigor en ese momento, Icardi no podía ser apartado sin una sentencia condenatoria, aunque se le asignaron funciones administrativas fuera de su labor como educador. En cualquier caso, ante el calendario al que alude Igualdad, no se reubicó a la joven hasta dos semanas después de conocer su situación.

Oltra elude dar más explicaciones

Preguntada este viernes sobre si es lo habitual en estos casos, Mónica Oltra ha precisado que «ese tipo de órdenes son inmediatas dentro de la posibilidad». Tampoco ha sido mucho más explícita cuestionada por varios peridistas sobre las compareciencias judiciales de sus subordinados en los últimos días, en las que ha quedado constancia de que la gran mayoría conocía el parentesco del agresor con la dirigente de Compromís.

«El 21 de abril hice una extensa comparecencia en las Cortes Valencianas de más de dos horas, donde di todas las explicaciones, todo lo que yo sabía. Todas las afirmaciones que hice en esa comparecencia tienen una constancia documental detrás. No las voy a repetir porque están en el Diario de Sesiones», se ha limitado a repetir en la rueda de prensa posterior a la reunión semanal del Gobierno valenciano. Oltra, además, ha emplazado a uno de los periodistas a «no hacer especulaciones» sobre el caso.

La causa tiene su origen en sendas demandas que interpusieron tanto el abogado de la víctima, el líder de España 2000, José Luis Roberto, como la asociación Gobierna-Te, impulsada por la cofundadora de Vox, Cristina Seguí, tras las dudas que arrojó el fallo judicial sobre la actuación de la Generalitat. Además, la formación de Santiago Abascal ejerce la acusación popular.

El PP vuelve a pedir la dimisión de Oltra

Al respecto, la síndica del PP en las Cortes Valencianas, María José Catalá, ha calificado de «insostenible» la situación de Oltra. «Ximo Puig no puede seguir poniéndose de perfil. Es insostenible la situación de su número dos, que hace mucho tiempo debería haber dimitido. Tanto por las nuevas imputaciones como por las contracciones de los testimonios, como por el rosario de las deficiencias que ha detectado el Síndic de Greuges es necesario una comisión de investigación. Si la izquierda fuera coherente con todo lo que ha predicado y exigido durante tanto tiempo, no debería impedir esta comisión de investigación. Oltra debe asumir responsabilidades políticas y dimitir. Y si no, Puig debe tomar cartas en el asunto», ha aseverado.

Fuente: Toni Jiménez – ABC

Comparte esta página:
4 1 voto
Calificación del post
Suscribirse
Notificar de
guest
1 Comentario
el más antiguo
El más reciente Más votado
Comentarios en línea
Ver todos lo comentarios
trackback

[…] El juez imputa a cinco cargos más de la Conselleria de Mónica Oltra por la gestión de los abusos … […]