La causa penal contra el diputado Alberto Casero llega al Tribunal Supremo: otro problema en Génova

La jueza que ha investigado al parlamentario que se equivocó al votar la reforma laboral ve indicios en cinco contratos que hizo como alcalde.

La jueza de Trujillo que ha investigado al diputado del PP Alberto Casero ha pedido al Tribunal Supremo que le abra una causa penal por un presunto delito de prevaricación continuada, consistente en haber firmado contratos como alcalde de la localidad cacereña omitiendo los requisitos esenciales de la contratación pública: no siguió procedimiento administrativo alguno, no intervinieron los órganos competentes, no hubo publicidad y la adjudicación fue ‘a dedo’.

Casero, secretario de Organización del PP, miembro de la Junta Directiva Nacional y ‘fontanero’ del secretario general, Teodoro García Egea, fue el diputado que hizo que la reforma laboral del Gobierno socialista fuera convalidada por un solo voto de diferencia -el suyo- al producirse un error en la votación telemática. Él lo achacó a la tecnología, los servicios del Congreso a una equivocación suya. El asunto está en manos del Tribunal Constitucional, donde el Grupo Parlamentario Popular y el propio Casero han presentado demandas de amparo.

Casero, al que fuentes del PP sitúan en estos momentos enfrascado en buscar apoyos territoriales a favor de Pablo Casado tras la crisis detonada el pasado miércoles por la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, afronta a partir de ahora un serio asunto en el Tribunal Supremo. Es previsible que sea citado a declarar voluntariamente como investigado y, en el caso de no comparecer o de que sus explicaciones no disipen los indicios delictivos existentes, puede enfrentarse a un suplicatorio.

Esos indicios han sido expuestos por la magistrada Patricia Gutiérrez, titular del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 2 de Trujillo, en una exposición razonada de 15 folios a la que ha tenido acceso EL ESPAÑOL.

La instructora abrió el pasado julio unas diligencias contra Casero tras una denuncia presentada por la Fiscalía por varios contratos o convenios que concertó en su condición de alcalde entre 2017 y 2018.

Tras la instrucción de la causa, la magistrada ha concluido que “podría existir indiciaria responsabilidad penal” en Casero, aforado ante el Tribunal Supremo por ser diputado en el Congreso desde diciembre de 2019. 

Sin expediente ni aprobación del gasto

El primero de los contratos en los que se detectan indicios de presunta prevaricación fue efectuado por Casero a favor de P.B. en marzo de 2017. P.B. fue contratado como psicólogo para prestar servicios al Ayuntamiento en el área de asistencia a mujeres víctimas de violencia de género. En agosto de ese mismo año Casero suscribió con la misma persona un contrato menor de servicios de psicología, con una duración de un año, por un importe de 18.000 euros anuales.

“El investigado no informó ni aportó al Ayuntamiento el contrato suscrito, ni se instruyó expediente de contratación, ni recabó informe del órgano de contratación sobre la necesidad del servicio, ni se aprobó el gasto”, afirma la exposición razonada elevada al Supremo, adelantada por El plural.

Tampoco consta que P.B. realizara efectivamente los servicios por los que presentó factura desde julio hasta octubre de 2017, y ello teniendo en cuenta que las actividades relacionadas con las víctimas de violencia de género se canalizaban a través de la Comisión de Violencia de Género, a la que no le consta ninguna actuación por parte de P.B.”, añade.

Convenio con Perú

La segunda actuación reflejada en la exposición recibida en la Sala Penal es la firma de un convenio marco de cooperación interinstitucional el 6 de septiembre de 2017 entre Casero, en calidad de alcalde de Trujillo, y el presidente de la Cámara de Comercio de Perú en España.

En la misma fecha se firmó un acuerdo específico por el cual Casero se comprometía a realizar una aportación económica de 25.000 euros para financiar dicho convenio.

“Alberto Casero no informó a los servicios económicos ni jurídicos del Ayuntamiento, ni aportó la copia del convenio a la Intervención. El convenio no fue aprobado previamente ni en el Pleno ni por resolución de Alcaldía, y no se sometió a información pública ni se publicó en el BOE”, explica la instructora.

Añade que si el acuerdo no fuera considerado un auténtico convenio sino un contrato de patrocinio para el soporte financiero e institucional del evento Gastro-Tour Perú 2017-2018, el entonces alcalde no podía adjudicarlo directamente. Al superar los 18.000 euros precisaba licitación, que no se hizo.

La representante de la Cámara de Comercio de Perú reclamó al Ayuntamiento el pago de dos facturas por importe, cada una, de 15.125 euros. El Consistorio no las abonó al tener un reparo del interventor, que hizo constar que no se tenía conocimiento del convenio y no se contaba con consignación presupuestaria ni con crédito adecuado y suficiente.

La Cámara de Comerico peruana ha demandado al Ayuntamiento de Trujillo ante la jurisdicción contencioso-administrativa, aunque aún no ha recaído sentencia.

También en 2017 el alcalde Casero acordó verbalmente con la Asociación Cultural Bon Vivant que la gala anual de entrega de premios denominada Pop Eye se celebrara en

Trujillo, para lo cual el Ayuntamiento aportaba 18.000 euros como patrocinio institucional.

“El investigado no informó a los servicios competentes del Ayuntamiento, no tramitó expediente administrativo de contratación ni, al ser un contrato menor por el importe, tampoco incorporó, como debía, un informe del órgano de contratación que motivara la necesidad del contrato y la aprobación del gasto”, señala la exposición razonada.

El Ayuntamiento no abonó ninguna factura.

Reparos de interventor

El cuarto contrato investigado fue firmado por Alberto Casero el 9 de enero de 2018 con la empresa Ícaro Consultores de Comunicación para la organización de la Feria Internacional del Queso. Se trataba de un contrato menor por importe de 14.303 euros más IVA.

De nuevo Casero “no informó a los servicios competentes ni aportó el contrato ni tuvo informe previo del órgano de contratación”, que se emitió más de tres meses después, el 25 de abril de 2018.

Además, el procedimiento de contratación fue inadecuado, según la nota de reparo del interventor, pues se trataba de un servicio periódico y previsible año tras año que no podía seguir los trámites del contrato menor. El interventor también hizo constar la ausencia de previsión presupuestaria.

De otro lado, la Feria del Queso es un acontecimiento cuya organización corresponde a la Institución Ferial Ferex, administrada por un consorcio del que forma parte el Ayuntamiento, que no tiene la administración exclusiva.

El Ayuntamiento no pagó las facturas y la empresa tuvo que acudir a los tribunales, que condenaron al consistorio a abonar 17.306,63 euros por los servicios recibidos.

Casero suscribió otro contrato relacionado con la Feria del Queso. Lo firmó el 20 de diciembre de 2018 con la empresa Radio Interior para la realización de servicios de comunicación y promoción.

La jueza sostiene que no cabía acudir al procedimiento de un contrato menor ya que la cuantía era superior a los 15.000 euros y, además, se trataba de una prestación periódica (el evento se repetía desde hacía siete años), “debiendo ser licitado en procedimiento abierto”.

Radio Interior reclamó al Ayuntamiento el pago de las facturas generadas, que no fueron abonadas al tener también un reparo del interventor advirtiendo de que “se habían omitido los requisitos esenciales en la contratación”.

Fuente: María Peral – El Español

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