Los implicados en el espionaje a Ayuso intentaron taparlo en enero tras ser descubiertos

Los altos cargos del PP involucrados en el espionaje contra la presidenta de la Comunidad de Madrid efectuaron en enero inspecciones en organismos públicos del Ayuntamiento para tratar de cubrirse las espaldas.

Altos cargos del entorno de Génova maniobraron el pasado enero para tratar de tapar sus investigaciones contra Isabel Díaz Ayuso tras ser descubiertos. Las alarmas saltaron cuando los dirigentes del PP involucrados en la operación comprobaron que sus gestiones habían llegado a oídos de la propia presidenta de la Comunidad de Madrid.

Los implicados decidieron entonces atribuir toda la responsabilidad de la iniciativa a cargos de una empresa pública del Ayuntamiento de la capital y efectuaron una inspección de su contabilidad interna para intentar recabar pruebas con las que cubrirse las espaldas, según han confirmado a El Confidencial fuentes conocedoras de los hechos.

Las investigaciones contra Ayuso comenzaron solo unos días después de que esta cosechara una sólida victoria en las elecciones autonómicas del 4-M que reforzó su aspiración de convertirse en presidenta del PP madrileño, en contra del deseo de Génova. Sin embargo, las averiguaciones sobre su entorno y, especialmente, contra su hermano, Tomás Díaz Ayuso, por el supuesto cobro de una comisión en un contrato adjudicado por la administración regional a un teórico empresario amigo, empezaron a concretarse en el mes de noviembre.

En un primer momento, los cargos del PP próximos a la dirección nacional implicados en esta operación intentaron obtener información sobre el hermano de Ayuso por sus propios medios. Su objetivo era conseguir facturas o movimientos bancarios que demostraran que el adjudicatario de un contrato de 1,5 millones de euros de la Comunidad de Madrid para la compra de mascarillas FFP2 y FFP3, Daniel Alcázar Barranco, había retribuido de algún modo al hermano de la presidenta madrileña por intermediar supuestamente en esa licitación.

El presidente del PP, Pablo Casado y el asesor de los populares en el Ayuntamiento de Madrid, Ángel Carromero. (EFE/Mariscal)
El presidente del PP, Pablo Casado y el asesor de los populares en el Ayuntamiento de Madrid, Ángel Carromero. (EFE/Mariscal)

Ante la falta de avances, los fontaneros de Génova dieron un salto en su estrategia y contactaron con varias agencias de detectives para sondear la posibilidad de encargarles la localización de los documentos fiscales y bancarios sobre el hermano de Ayuso que estaban buscando. Pero las dudas en torno al método de pago de la investigación y la posible filtración de la identidad de sus promotores provocaron que finalmente también se desechara esta otra posibilidad.

En Génova se desató el pánico cuando Ayuso les contactó para reprocharles que hubieran permitido una guerra sucia contra ella

Pese a la ausencia de resultados tangibles, la existencia de la operación acabó filtrándose a otros ámbitos del partido y acabó llegando al círculo de confianza de Ayuso. En la dirección nacional se desató el pánico cuando la presidenta madrileña contactó con Génova para reprochar a sus máximos responsables que hubieran permitido e incluso fomentado una guerra sucia contra ella de carácter fratricida para liquidar su carrera política.

Los involucrados, entre los que destaca Ángel Carromero, dirigente próximo a Pablo Casado y Teodoro García-Egea y que en la actualidad ocupa el cargo de director general de Coordinación del alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, reaccionaron poniendo en marcha un plan para tratar de desactivar el posible escándalo. Por un lado, según las fuentes consultadas, acordaron atribuir la investigación fallida contra Ayuso a dirigentes de un organismo secundario del consistorio madrileño, la Empresa Municipal de la Vivienda y Suelo (EMVS), que se limita exclusivamente a la gestión de viviendas y terrenos municipales, con el objetivo de limitar las implicaciones políticas del espionaje ordenado por la cúpula del partido.

El director general de Solaris Bus Ibérica, Kepa Mendikute; el delegado de Medio Ambiente y Movilidad del Ayuntamiento de Madrid, Borja Carabante (centro), y el director gerente de la EMT, Alfonso Sánchez. (EFE/Fernando Alvarado)
El director general de Solaris Bus Ibérica, Kepa Mendikute; el delegado de Medio Ambiente y Movilidad del Ayuntamiento de Madrid, Borja Carabante (centro), y el director gerente de la EMT, Alfonso Sánchez. (EFE/Fernando Alvarado)

Por otro lado, un concejal del Ayuntamiento de Madrid de la máxima confianza de Carromero y Génova, Borja Carabante, encargado de Movilidad y Medio Ambiente, se desplazó a la EMVS en los primeros días de enero para efectuar una inspección restringida de la contabilidad interna del ente público, en busca de supuestos pagos a detectives. Carabante reclamó todos los contratos menores para tratar de localizar transferencias sospechosas. No encontró ninguna salida de fondos porque la EMVS nunca participó en la operación, pero la auditoría tenía como único propósito desplazar toda responsabilidad a ese organismo público y generar evidencias de que el Ayuntamiento de Madrid había actuado de forma diligente ante una sospecha tan grave.

Las maniobras de distracción continuaron posteriormente trasladando la inspección interna a otra empresa del Ayuntamiento, la Empresa Municipal de Tansportes (EMT), dependiente de la concejalía del propio Carabante. Tampoco en ese caso se encontró ningún dato reseñable sobre la investigación contra Ayuso. El espionaje parecía haber quedado en el olvido hasta este miércoles, cuando El Confidencial destapó su existencia.

Almeida niega la reunión

El PP de Madrid confiere la máxima credibilidad a la información publicada por este diario. Por su parte, el PP nacional emitió para negar que haya habido “una supuesta investigación sobre los contratos sanitarios adjudicados por la Comunidad de Madrid” y ha anunciado que “tomará las medidas judiciales oportunas ante estas falsedades”.

En una rueda de prensa esta misma mañana, el portavoz nacional del PP y alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, ha negado que se haya producido una reunión entre un trabajador de la EMVS y un detective para investigar a la presidenta y sus familiares.

“Una vez hechas las averiguaciones, concluimos que el detective niega la reunión, que el trabajador niega la reunión, que no hay ningún contrato y no se ha podido producir ningún encargo ni ningún pago con dinero público del Ayuntamiento para obtener información de esa naturaleza”, ha expresado en una comparecencia en el Palacio de Cristal de Cibeles, en la que no ha respondido preguntas como portavoz nacional del PP, sino como alcalde de la capital.

Fuente: José María Olmo – El Confidencial

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