El PSOE quiere asaltar en el Congreso la independencia del Banco de España

Plantean que el Parlamento tenga capacidad para orientar y restringir los objetivos y decisiones de los principales organismos independientes.

El PSOE y sus socios piden que “los fines y objetivos” del Banco de España y de los principales organismos independientes puedan ser “fijados periódicamente por el Parlamento en función de las necesidades de cada momento”, en concreto, cada seis meses o un año. Así lo plantean en un polémico informe que se está votando en el Congreso y en el que ya se ha incorporado esta parte. “Esto permitiría orientar las decisiones de las autoridades independientes en particular en aquellas situaciones en las que los criterios técnicos requieran estar acompañados por unas directrices de oportunidad, que requieran siempre de una legitimidad democrática mayor“, prosigue el epígrafe 37 del informe, que hoy se sigue votando en sus apartados 3 y 4.

La Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), la Comisión Nacional de los Mercados y de la Competencia (CNMC), la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF), la Agencia Española de Protección de Datos (AEPD), el Fondo de Reestructuración Bancaria (FROB), el Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) y el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno (CTBG), los llamados ‘organismos independientes‘, se han colocado bajo el escrutinio del Congreso en este informe, que plantea limitar su independencia y que propone que el Gobierno pueda incluso suprimirlos. Un informe que firman los Grupos Socialista y Más País y al que se han planteado enmiendas. Precisamente una del Grupo Socialista advierte de que lo que contiene el informe puede aplicarse al Banco de España.

En otra enmienda, los Socialistas advierten de que el Banco de España es “otra entidad de Derecho Público” según establece el Derecho comunitario pero más adelante piden limitar claramente las materias en que opera principalmente en los campos determinados por la normativa de la UE.

Este informe avanza en su tramitación en las Cortes en un momento en el que el Gobierno está alimentando las dudas sobre la fiabilidad de la estadística oficial y tiene en el foco al INE porque sus previsiones económicas muestran una recuperación más moderada que la que el Ejecutivo publicita. Así, ha cuestionado abiertamente los datos del PIB y ha empezado a producir nuevos indicadores, como un PIB diario, las ventas diarias de la Agencia Tributaria o los datos de afiliación adelantada de Inclusión. Esta ofensiva ya alcanza al IPC, otro de los indicadores que peor está respondiendo, en informes de servicios de estudios próximos al Gobierno. Pues bien, entre los organismos en el punto de mira del PSOE y sus socios se encuentran el Banco de España y la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF), que velan por la sostenibilidad de las finanzas públicas y la consolidación fiscal, y que vigilan las políticas sobre impuestos o pensiones.

El Banco de España, por su parte, además de su labor de supervisión bancaria, tiene el servicio de estudios económicos más reputado del país, que emite informes independientes sobre todos estos temas. Uno de los más criticados por el Gobierno de Pedro Sánchez calculó que la subida del SMI en 2019 restó al menos 100.000 empleos.

El ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, José Luis Escrivá, ha destacado que en su opinión las valoraciones “más interesantes” del gobernador del Banco de España deberían ser las que atañen a sus competencias, como qué opina de la política monetaria, qué hará el Banco Central Europeo, cuál es la política macroprudencial del organismo, qué va a ocurrir con los bancos en esta crisis. Pero no otras, como plantea el informe que promueve el Grupo Socialista en el Congreso.

La vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, acusó la semana pasada a quienes dicen que el SMI afecta al empleo de “mentir”, además de moverse en la esfera de “la teología y de la fe”. Díaz ha encargado un informe sobre las bondades de elevar el SMI pero no lo ha hecho público.

El informe sobre los organismos independientes nace en el seno de la Comisión para la auditoría de la calidad democrática, la lucha contra la corrupción y las reformas institucionales y legales. Y en concreto, de la Subcomisión relativa al análisis de las medidas necesarias para reforzar la imparcialidad e independencia de autoridades independientes y organismos de regulación, y la protección de la figura del denunciante de los casos de corrupción.

El texto contiene consideraciones de índole técnica sobre las administraciones independientes pero en sus primeros puntos ya presenta un epígrafe sobre ‘La legitimidad democrática de las administraciones independientes’, en el que plantea dudas sobre ésta, pide limitarlas y aboga por que el Gobierno pueda suprimirlas: “Además de estar motivada, la creación de administraciones independientes debe estar materialmente limitada aquellos ámbitos en los efectivamente sea posible adoptar decisiones con base en criterios exclusivamente técnicos. De lo contrario, se estaría creando un espacio en el que una autoridad toma medidas con discrecionalidad política sin contar con la legitimidad de origen o de ejercicio con que cuenta el Gobierno. El ejercicio de su independencia no puede afectar a que se trata de órganos administrativos, cuya decisión sobre su continuidad no puede ser ajena al poder ejecutivo que debería disponer de las potestades suficientes para promover o acordar su disolución mediante un régimen homogéneo”.

Los impulsores

PSOE y Más País son los impulsores de una iniciativa en la que las posiciones del resto de socios del Gobierno están siendo más matizadas pero en la que de momento se están incorporando los cambios que alienta el Grupo Parlamentario que sustenta al Ejecutivo.

El PNV parece apoyar en sus enmiendas la legitimidad democrática de estas autoridades. Sin embargo, ha deslizado lo siguiente: “La cuestión no es tanto la falta de legitimidad democrática de las autoridades administrativas independientes, de la que ya nadie extrae la conclusión de su ilegitimidad, como el de su potencial falta de control, al no estar facultado el Gobierno para dirigirlas ni controlarlas, y en este sentido suponen una sustracción al principio de reserva reconocido en el artículo 97 de la Constitución y de las facultades del Congreso de los Diputados según dispone el artículo 109 y siguientes”.

También ERC, que introduce varias enmiendas que plantean mejoras técnicas en el texto. En una de ellas añade un texto que siembra dudas: “Es fácil considerar a las administraciones independientes como organizaciones que han ido sustrayendo la capacidad de decisión política de la ciudadanía por una especie de gobierno de tecnócratas, con elevados grados de autonomía, respecto al poder político, que carecen de representatividad alguna y cuya transparencia es muy limitada”.

Ese documento pasará a la Comisión, que deberá votarlo de nuevo y podrá incorporar nuevas enmiendas. Entonces se analizará si se lleva a Pleno. Será entonces cuando se dirima si finalmente se convierte en una iniciativa legislativa.

Fuente: Mercedes Serraller – VozPópuli

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