Moncloa premia al PNV y acelera traspasos al País Vasco mientras frena los de Cataluña

El balance de las transferencias en el ecuador de la legislatura es netamente positivo para el Gobierno de Urkullu. En el caso de ERC, los avances han sido más moderados tras años de bilateralidad interrumpida por el ‘procés’.

Los partidos nacionalistas e independentistas coincidieron en firmar acuerdos de investidura con Pedro Sánchez en los que arrancaron compromisos en materia de traspaso de competencias reconocidas en los estatutos de sus respectivas comunidades autónomas. Llegado el ecuador de la legislatura, el balance es netamente positivo para el PNV, socio prioritario del Ejecutivo, mientras que en el caso de ERC los avances han sido más moderados tras años de bilateralidad interrumpida por el ‘procés’. El Gobierno materializó el pasado mes de mayo la transferencia de Prisiones al País Vasco, lo que también fue un guiño a EH Bildu, y cerró el año con las propuestas de traspaso del ingreso mínimo vital e Infraestructuras Ferroviarias, además de culminar la de Tráfico a Navarra, también pactada con el PNV.

En el caso de Cataluña, más allá de la mesa de diálogo, se ha acordado poner en marcha un grupo de trabajo para analizar futuros traspasos. El Govern reclama un total de 56 competencias. Hasta el momento, los avances se han limitado a la gestión de las becas y ayudas al estudio con el objetivo de culminar esta transferencia de cara al próximo curso, sumada a la aprobada a finales de 2020 sobre medios materiales y económicos para el funcionamiento de la Administración de Justicia.

A la lista de transferencias al País Vasco se suman otras aprobadas en materia de transportes por carretera, puertos, asignación del ISSN y del antiguo edificio del Distrito Marítimo del puerto de Ondarroa. En el primer año de legislatura, ya se avanzaron traspasos sobre ejecución de la legislación laboral, productos farmacéuticos y seguro escolar, y de cara al próximo, el Gobierno vasco ha puesto otros cuatro más sobre la mesa de negociación: Meteorología, gestión del litoral, Fondo de Protección a la Cinematografía y servicios privados de seguridad. A todo ello se suma la concertación de los impuestos sobre transacciones financieras y de servicios digitales —tasa Google—, así como del régimen especial del IVA del comercio electrónico.

La relación entre el Gobierno y el PNV ha estado marcada por los altibajos, con los presupuestos como punto de inflexión. El Ejecutivo pactó las cuentas previamente con EH Bildu y ERC, lo que convirtió a los seis diputados ‘jeltzales’ en prescindibles, lo que provocó que estos amenazaran con dificultar la tramitación en el Senado. Finalmente, los nacionalistas vascos arrancaron un acuerdo para que el Estado cediese al Gobierno de Iñigo Urkullu las obras para la construcción de los accesos del TAV a Bilbao y Vitoria y del soterramiento de las estaciones.

El Gobierno se afana en mantener a los nacionalistas vascos como principales aliados en el Congreso y su voluntad sigue siendo “continuar con el trabajo de los equipos técnicos de ambas administraciones para culminar los traspasos de funciones y servicios pendientes”. Los guiños a EH Bildu, el principal competidor electoral del PNV en el País Vasco, se intentan minimizar aunque vayan más allá de acuerdos puntuales y aritméticamente le garanticen una mayor estabilidad por su frente común con ERC. Un ministro del ala socialista del Gobierno zanjaba el encontronazo tras los presupuestos asegurando que el PNV seguiría siendo el partido con el que se sentarían a negociar en primer lugar cualquier asunto. Así ha sucedido con la reforma laboral.

La agenda de las transferencias se seguirá acelerando este año mientras se dejan por el camino otras demandas de máximos, principalmente la concerniente a un nuevo estatus de autogobierno para el País Vasco. El punto cuarto del acuerdo de investidura recogía el compromiso, ahora descartado, de “impulsar, a través del diálogo entre partidos e instituciones, las reformas necesarias para adecuar la estructura del Estado al reconocimiento de las identidades territoriales, acordando, en su caso, las modificaciones legales necesarias, a fin de encontrar una solución tanto al contencioso en Cataluña como en la negociación y acuerdo del nuevo Estatuto de la CAV, atendiendo a los sentimientos nacionales de pertenencia”. En el cajón también se ha quedado la propuesta para que Euskadi cuente con selecciones deportivas para representar este territorio en el ámbito internacional.

Las desconfianzas siguen tensando las relaciones, aunque la pretensión de ambas partes pasa por “reducir la conflictividad institucional”

“Sin avances” es la calificación que obtienen en el informe de rendición de cuentas sobre el segundo año de legislatura del Gobierno reivindicaciones soberanistas de máximos como la acordada en la investidura con el BNG para “impulsar las reformas necesarias para adecuar la estructura del Estado al reconocimiento de las identidades territoriales y asegurar a Galicia el estatus de Euskadi y Cataluña”. Con Nueva Canarias se acordó desarrollar el Estatuto de Autonomía de las islas y negociar las competencias pendientes de transferir, pero todavía no se ha llegado a convocar la comisión bilateral con esta comunidad.

Con Cataluña se recuperó el pasado mes de agosto la comisión bilateral, que llevaba sin reunirse desde 2018, para activar el traspaso de competencias en diversas materias, como formación sanitaria especializada (MIR) o salvamento marítimo. Las desconfianzas mutuas siguen tensando las relaciones, aunque la pretensión de ambas partes pasa por “reducir la conflictividad institucional”, como se acordó en la última reunión entre gobiernos.

El Gobierno y la Generalitat tienen pendiente poner fecha a la Comisión Mixta de Asuntos Económicos y Fiscales, que estaba prevista para el pasado 27 de diciembre y se pospuso, para cerrar las transferencias por el déficit tarifario en Rodalies. Asimismo, está previsto reactivar en los próximos meses la Comisión de Inversiones en Infraestructuras. Cuestiones todas ellas que para Aragonès deben situarse al margen de la mesa de diálogo, para no desviarla de su demanda de autodeterminación. La Generalitat ha demandado que se vuelva a convocar en enero este foro, pero el Gobierno pretende evitar cualquier interferencia de la agenda catalana en la campaña electoral de Castilla y León y ello pasa por no volver a convocar el foro hasta que no se hayan celebrado los comicios adelantados por Alfonso Fernández Mañueco el próximo 13 de febrero.

Fuente: Iván Gil – El Confidencial

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