‘Carpeta CNI’, el rastro de Villarejo que la Justicia no quiere abrir

El comisario investigado se queja de que el Tribunal que le juzga descarta las pruebas que validarían su condición de agente secreto y los testimonios de los cargos policiales que podrían ratificar que, como tal, se le permitió usar sus empresas privadas.

El comisario investigado en la Audiencia Nacional José Manuel Villarejo batalla para que la Justicia reconozca que colaboró como agente encubierto tanto del Centro Nacional de Inteligencia (CNI) como del Ministerio del Interior con gobiernos populares y socialistas desde los años 80. Para ello ha intentado, de momento sin éxito, que el Tribunal que le juzga por liderar presuntamente una red policial corrupta para enriquecerse personalmente incorpore y valide la documentación «clasificada que podría afectar a la seguridad nacional» que la Policía requisó en su domicilio cuando fue detenido en 2017 y sólo han visto el juez instructor y los fiscales. Entre ésta se encuentra una carpeta que tenía en su domicilio denominada ‘CNI’ y otra denominada ‘Taja’.

Villarejo trata de demostrar que las altas instancias políticas y policiales le permitieron tener empresas privadas -que sufragó por su cuenta- y que en ocasiones sirvieron para llevar a cabo operaciones delicadas de Estado. Considera que la prueba de ello debería eximirle de ser juzgado y condenado por los delitos de cohecho que está acusado de cometer desde su conglomerado empresarial. La Fiscalía Anticorrupción sostiene que realizó caros informes de inteligencia para algunas de las empresas más importantes del país mientras continuaba en activo en la Policía y que éstas le contrataron porque, a diferencia de un detective corriente, tenía acceso a información privilegiada.

El pasado 1 de diciembre, el fiscal Miguel Serrano sorprendió con un giro inesperado y reconoció la condición de espía del comisario nada más comenzar el juicio contra él: «No negamos que Villarejo sea espía o ex espía o colaborara aleatoria o estructuralmente con los servicios secretos españoles. Lo que interesa es que si lo hace, aprovecha esa función autorizada y conocida por sus mandos, incluida la colaboración con el CNI, para lucrarse», afirmó. Esto, después de que la defensa del comisario presentara ante el Tribunal unos correos electrónicos intercambiados con los servicios secretos desde el correo de su empresa Cenyt. El representante del Ministerio Público dio veracidad a dichas comunicaciones, reconociendo por primera vez la relación de Villarejo con el CNI, aunque afirmando que eso no elimina la posibilidad de que se aprovechara de su condición policial para enriquecerse.

Correo entre Villarejo y el usuario del CNI al que ha tenido acceso ‘El Independiente’

Entre dichos correos, que adelantó el diario El Mundo y a los que ha tenido acceso El Independiente, un usuario llamado ‘Aquiles’ indicaba al comisario cómo cobrar uno de sus trabajos como agente encubierto realizados en Guinea Ecuatorial.

Precisamente el comisario fue detenido en 2017 por cobrar en negro un informe de inteligencia privado a uno de los hijos del presidente de Guinea, Teodoro Obiang, con información sobre su hermano, contra el que se disputaba la sucesión al cargo. El denominado informe King motivó la detención de Villarejo. Durante ésta, se le requisaron multitud de audios y documentación que ha desencriptado precisamente el CNI y que ha dado pie a una treintena de piezas de investigación contra él basadas en los informes de la Unidad de Asuntos Internos (UAI) de la Policía y de la Fiscalía Anticorrupción contra él. El comisario denuncia que la investigación es prospectiva y que los registros fueron ilegales, puesto que no se respetó la cadena de custodia, entre otros motivos. El Tribunal que de momento juzga las piezas Iron, Land y Pintor del caso Tándem decidirá sobre los motivos de nulidad alegados en sentencia.

Testificales de Pino, Olivera y Menéndez

Villarejo se queja de que los magistrados Ángela Murillo, Carmen Paloma González y Fermín Javier Echarri que le juzgan -y a los que trató de recusar por vulnerar su derecho de defensa también sin éxito- no aceptan ninguna prueba que evidencie su vinculación con el CNI.

Ni han permitido visualizar las carpetas ‘CNI’ y ‘Taja’ aludidas y expulsadas en la fase de instrucción del procedimiento ni tampoco han aceptado la petición para que declaren como testigos algunos altos mandos policiales que podrían clarificar su papel. Entre ellos estaría el ex Director Adjunto Operativo (DAO) de la Policía Eugenio Pino, quien afirmó ante el juez Manuel García-Castellón que Villarejo desarrollaba su labor en la Policía colaborando a la vez con el Centro Nacional de Inteligencia (CNI) y obedeciendo a órdenes que ni él, que era su máximo responsable, conocía. Un panorama que el propio juez calificó de «panorama devastador».

El comisario solicitó igualmente la testifical del exjefe del Centro de Inteligencia contra el Terrorismo y el Crimen Organizado (CITCO), José Luis Olivera, que también ha rechazado el Tribunal. El policía, durante el juicio del exdirector del CNI Félix Sanz Roldán por injurias contra Villarejo (del que salió absuelto) reconoció que participaron juntos como agentes encubiertos en una infiltración para la detección y neutralización de amenazas terroristas yihadistas. En la sentencia absolutoria, el juez dio credibilidad al carácter «oficial» de dicha operación y al papel de ambos en ella.

El Tribunal tampoco ha querido tomar declaración como testigos al empresario que reconoció ante los fiscales Anticorrupción, como publicó este diario, que entregó información sobre las cuentas en el extranjero de Villarejo que permitieron detenerle porque un miembro del CNI le dijo que podría ayudarle con sus problemas fiscales.

Liberación del Alakrana o redes de financiación de ETA

Villarejo sostiene que sus trabajos como agente encubierto se remontan a los años 70, cuando «conseguí infiltrar en ETA a un colaborador llamado Iturbide Alcain, ya fallecido que por razones que nunca se me dieron, el SECED convirtió en un asesino del Batallón Vasco Español hasta su captura», afirmó el comisario en un escrito-comunicado remitido al juez García-Castellón en noviembre de 2020.

Villarejo sostiene que se le permitió crear empresas porque los delincuentes internacionales conocen las sociedades utilizadas por los servicios secretos como tapadera

En éste, el comisario se presentó como «tratante de caballos en Afganistán, en Somalia traficante de armas, en otros sitios cuando detuvimos a Oubiña [el narcotraficante Laureano Oubiña] fui un comerciante que tenía barcos…», relató para explicar lo importante que era para él proteger su identidad y no ser descubierto en tales operaciones. En este sentido, Villarejo sostiene que se le permitió crear empresas porque los delincuentes internacionales rastrean muy bien las sociedades y en ocasiones se conocen las utilizadas por los servicios secretos como tapadera para realizar trabajos.

El comisario ha explicado que participó en la liberación del barco Alakrana secuestrado por piratas a dos millas de la costa de Somalia o en otras operaciones internacionales de alto riesgo: «Desde infiltración en redes de tráfico de drogas, armas, comercio con sustancias de especial peligrosidad como uranio y explosivos a la detección de espías en centrales nucleares, industrias estratégicas como las aeronáuticas (CASA) pasando por infiltración en redes de financiación de ETA, especialmente en el extranjero», repasó también en su escrito de noviembre de 2020.

«Mi designación como agente encubierto, agente de campo, agente secreto, agente cometa o como quiera denominarme, si así lo desea Su señoría, suponía el continuar con mis actividades profesionales en el ámbito privado y sólo tener la consideración de un estatus de policía en activo porque era una condición legal exigida a los agentes encubiertos. Cuando me necesitaron para algún servicio en concreto, recibiría el encargo a través de mis interlocutores, profesionales y en muchos casos cargos políticos, utilizando mi propia infraestructura empresarial que yo debería sufragar por mi cuenta. Y prueba evidente de ello es que, a partir de 1993, jamás dispuse de medios, ni despacho, ni personal a mi cargo y las reuniones, la mayoría de las veces se celebraron fuera de instalaciones oficiales, en hoteles, restaurantes y similares, puesto que no tenía asignado ninguna sede policial donde debería acudir a prestar servicio», definió su papel el comisario, que volverá a declarar en el juicio en el que se le piden más de 100 años de prisión el próximo 10 de enero.

Fuente: Carmen Lucas-Torres – El Independiente

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