Dolores Delgado se convierte en una «carga» para Sánchez

La fiscal general del Estado, en la «diana». En el Gobierno aseguran que ya no «es útil» y crece la alarma por una «campaña contra ella»

La fiscal general del Estado, Dolores Delgado, se ha convertido en un problema para el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. La información sale de dentro del Gobierno, y la alarma se enciende por las filtraciones que la colocan en mal lugar a ella, y también a su parejael ex juez Baltasar Garzón. La impresión que tienen en el entorno del presidente y en el PSOE es que la campaña irá «a más», y que detrás está la mano del ex comisario Villarejo.

«Va a sacar más cosas de ellos. La campaña ha empezado hace semanas, pero esto puede ser el punto de inflexión definitivo. Es evidente que hace daño a Pedro y que arruina su compromiso con no tener tachones dentro de su equipo», comentan en el Consejo de Ministros. Pedro Sánchez siempre saca pecho de su compromiso con la regeneración, una de las banderas que utilizó contra Mariano Rajoy y en la que justificó la moción de censura.

Línea roja de su mandato

Este compromiso ético lo exhibe como escudo, una línea roja de su mandato, y en alguna reciente conversación informal con la Prensa ha dado incluso a entender que ese compromiso ético es lo que le llevó a cesar a José Luis Ábalos como ministro de Fomento. Una forma de avalar, de manera implícita, las informaciones sobre las supuestas fiestas que el ex ministro celebró durante el estado de alarma. El tema es «incómodo», pero con poco margen para Sánchez, más que aguantar la tormenta y, si acaso, pedirle que dé voluntariamente un paso atrás.

En el Gobierno consta que todavía queda «mucho por salir», y de ahí las voces que advierten de que cuanto antes la hagan apartarse, mejor. El Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal establece que el fiscal general del Estado cesa con el Gobierno que lo hubiera propuesto, salvo causas tasadas en la ley, y bajo revisión del Consejo de Ministros.

Entre ellas, figura que sea a petición propia, por incurrir en alguna de las incompatibilidades establecidas en el Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal, por enfermedad o incapacidad o por incumplimiento grave y reiterado de sus funciones.

En el ámbito fiscal sostienen que Delgado debió «de ser muy leal» a Sánchez como ministra de Justicia, y que «por eso la consiente tanto». En todo caso, tanto en el Gobierno como el PSOE son conscientes de que «no da buena imagen», ni en Europa, a través del Grupo de Estados, ni tampoco en clave nacional.

Las polémicas acompañan a la fiscal general

►La decisión de Sánchez de colocar a la hasta entonces ministra de Justicia en su Ejecutivo, al frente de la Fiscalía General del Estado, un órgano judicial que ha de ser independiente, desató las criticas. PP, Vox y Cs mostraron su rechazo. También las asociaciones que lo calificaron de «una declaración de intenciones por parte del poder político para meter las zarpas».
► Rebajó la acusación al mayor de los Mossos d’Esquadra, Josep Luis Trapero, inculpándole de sedición en vez de rebelión.
► Salió en auxilio del que fuera su compañero en el Consejo de Ministros, el titular de Interior, Fernando Grande-Marlaska, al situar a la Fiscalía en contra de la admisión de varias de las querellas presentadas por la destitución del coronel jefe de la Comandancia de Madrid, Diego Pérez de los Cobos tras el 8-M.

También es cierto que hasta ahora no han podido con ella ni las críticas de la oposición ni de la carrera fiscal, si bien en medios socialistas aseguran que lo que realmente la está desgastando es «la campaña que la ha colocado en la diana, y que afecta también a su pareja». «Estamos ante una situación incómoda, con poco recorrido porque cesarla sería reconocer ahora el error que cometió Sánchez con su nombramiento». Esto está en boca de quienes están más cerca del presidente del Gobierno.

Para la ministra de Justicia, Pilar Llop, el caso de la fiscal general es una «bomba de relojería» en un escenario en el que las relaciones del Gobierno con la carrera judicial pasan por un momento complicado. Además, su caída, exigida por el principal partido de la oposición desde que se conoció la decisión de Sánchez de designarla, no serviría ya para desbloquear la renovación del Poder Judicial. El PP ha introducido por medio la condición de la reforma legislativa que modifica el sistema de elección de los jueces, y es una exigencia inamovible para el partido que preside Pablo Casado.

Desde la oposición le han reprochado que pida sistemáticamente archivar todos los casos que afectan al Gobierno, mientras que, al contrario, activa las causas contra los populares. También la critican por su gestión de la causa que afecta al Rey emérito Don Juan Carlos.

Sin embargo, todas esas críticas han caído hasta ahora en saco vacío y lo que ha encendido todas las alarmas es «lo que pueda salir del entorno de Villarejo». Su relación con el ex comisario quedó acreditada cuando se conocieron las grabaciones en comidas juntos. También han aparecido anotaciones en agendas sobre supuestas reuniones, citas, de Villarejo con Delgado o con Garzón. En el Gobierno han detectado «cómo los periodistas que hablan habitualmente con Villarejo son los que han puesto en marcha el ventilador» contra la fiscal general, lo que hace temer que vengan días «duros».

La fiscal general del Estado vuelve a verse salpicada en el «caso Villarejo» después de que en 2018 saliese airosa del escándalo por aquella grabación en la que se la pudo escuchar haciendo comentarios soeces con el entonces comisario.

Sánchez resistió en aquel momento la presión para que la cesara como ministra de Justicia. Tres años después la sombra de Villarejo volvió a aparecer al salir a la luz una maniobra para expulsar de Anticorrupción al fiscal que ordenó la detención de Villarejo.

A su favor cuenta con la feroz campaña de las fuerzas de la oposición, lo que la fortalece incluso ante Podemos, a pesar de que los morados no tengan buena relación con ella ni vean bien la imagen que ofrece. PP y Vox impugnaron incluso su nombramiento, pero el Tribunal Supremo lo ratificó por considerar que estos dos partidos no estaban legitimados para recurrir su designación como jefa de la Fiscalía.

Dos magistrados, de los siete que formaron parte del tribunal, votaron en contra de esa decisión e incluso llegaron a emitir un voto particular.

Fuente: Carmen Morodo – La Razón

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