Los falsos avances en derechos humanos en Egipto que vende Moncloa tras el viaje de Sánchez

Organizaciones de derechos humanos denuncian la inexistencia de progresos en esta materia y acusan de seguidismo al Gobierno de coalición.

“Es un copia y pega de la narrativa egipcia”, advierten.

En su fugaz viaje a El Cairo, Pedro Sánchez alabó «los avances en derechos humanos» protagonizados por el régimen de Abdelfatah al Sisi, el mariscal de campo que ejecutó el golpe de Estado de 2013 y ha enviado a la cárcel a decenas de miles de disidentes desde entonces. Unos progresos, en realidad, inexistentes que fuentes de La Moncloa, consultadas por El Independiente, no han concretado más allá de cuatro puntos vagos y muy amplios. Con la asistencia de organizaciones de derechos humanos y en base a hechos contrastados, este diario desmonta el argumentario del Ejecutivo.

«Lo más preocupante es que este listado es un copia y pega de la narrativa egipcia», trasladan a este diario desde EuroMed Rights, una red que engloba a 68 organizaciones de derechos humanos en una treintena de países. Una sorpresa que también comparten desde Amnistía Internacional. «La declaración de que se han producido avances se contradice con la realidad, que es la del agravamiento de la crisis de derechos humanos en Egipto», comentan desde la organización, perplejos por el seguidismo del Gobierno de coalición español, integrado por dos partidos que, entre sus postulados, aseguran defender los derechos humanos y las libertades públicas, completamente suspendidas y vulneradas en Egipto.

«El régimen egipcio ha cambiado su estrategia de relaciones públicas para lanzar el mensaje de que Egipto está tomando medidas para abordar los derechos humanos en el país mientras continua cometiendo las mismas violaciones e incorporando prácticas abusivas a la ley», detallan desde Amnistía. Fuentes de La Moncloa aseguran que Sánchez, que no ofreció rueda de prensa en El Cairo, le trasladó a Al Sisi que, pese a esos avances, «aún queda mucho por hacer».

Jóvenes protestan en las calles de El Cairo
Un joven ilumina a seguidores de los Hermanos Musulmanes en una protesta en El Cairo, en abril de 2015. BELAL DARDER

Fin del estado de excepción

Lo que dice La Moncloa: Se ha levantado el estado de excepción, que ha permitido durante años efectuar arrestos y redadas sin mandato judicial o congelar derechos constitucionales como las libertades de expresión o reunión.

Los hechos: A finales de octubre el presidente egipcio Abdelfatah al Sisi anunció el fin de un Estado de Emergencia en vigor desde los atentados contra dos iglesias coptas en abril de 2017, reivindicados por el autodenominado Estado Islámico. «Egipto es un oasis de seguridad y estabilidad regional», justificó el caudillo. Sin embargo, esta cancelación no tiene un efecto real porque, desde el golpe de Estado de 2013, se han aprobado una batería de leyes restrictivas que sustituyen «de facto» al estado de excepción, eliminado cuando toda esa normativa estaba ya a pleno rendimiento y no era necesario.

Las normas que garantizan que la excepcionalidad continuará: ley antiterrorista; ley de entidades antiterroristas; ley de cibercrimen; ley de protestas; ley de las ONGs y ley de reunión

«Una serie de leyes draconianas continúan vigentes y conceden amplios poderes libres de escrutinio a las autoridades», denuncian a este diario fuentes de Amnistía Internacional. Aquí el listado de normas que socavan cualquier libertad en el país árabe: ley antiterrorista; ley de entidades antiterroristas; ley de cibercrimen; ley de protestas; ley de las ONGs y ley de reunión, un texto de época colonial (1914) que no ha sido abolido. «Las fuerzas de seguridad siguen encarcelando a opositores y críticos, sometidos a desapariciones forzadas y torturas con absoluta impunidad. Todas estas medidas implican que Egipto está en un permanente estado de excepción», agregan. «Es el ejemplo de cómo se pueden transformar medidas que podrían ser una mejora en decisiones cosméticas. Unos días después de este anuncio, las autoridades egipcias aprobaron una serie de reformas legales del código penal y la ley antiterrorista para penalizar cualquier acto de recopilación de datos o investigación al ejército o sus operaciones».

Aprobación de la estrategia nacional de derechos humanos

Lo que dice La Moncloa: Se ha dado luz verde a la estrategia nacional de derechos humanos

Los hechos: «La estrategia ha sido redactada por el ministerio de Asuntos Exteriores egipcio, lo que proporciona una idea del carácter propagandístico de la misma», señalan a este diario investigadores de EuroMed Rights. Recuerdan que Egipto, donde sigue en vigor la pena capital, triplicó el año pasado su cifra de ejecuciones respecto a 2017. En 2020 fueron 152 personas las que perdieron la vida en el cadalso, fruto de sentencias dictadas en procesos sin garantías judiciales. Una fiebre que convirtió a la tierra de los faraones en el tercer país del planeta en número de ejecutados. «No hay que olvidar que los derechos humanos están en crisis en Egipto por la decisión política de las autoridades egipcias de dar vía libre a las fuerzas de seguridad para cometer estos abusos», subrayan desde Amnistía.

La estrategia es un lavado de imagen del régimen que celebra como positivas leyes draconianas

La organización internacional advierte, además, de que pese a las declaraciones gubernamentales «el proceso de redacción de la citada estrategia no fue consultivo y no se articuló ningún medio para que la opinión pública pudiera involucrarse». Se desarrolló «de un modo opaco y secreto» por un organismo, el Comité Supremo para los Derechos Humanos, establecido en 2018 con el objetivo de «contar con un mecanismo para responder a las alegaciones sobre derechos humanos vertidas contra Egipto».

«La estrategia es un lavado de imagen del régimen que celebra como positivas las leyes draconianas o los inexistentes esfuerzos para promover los derechos humanos e ignora los abusos. Lo más grave es que no toma medidas para que los responsables de esas violaciones rindan cuentas», aducen desde Amnistía. Entre los ataques no juzgados y que carecen de escrutinio, figura el asesinato de más de 900 manifestantes en el sangriento desalojo de las acampadas de Rabaa y Nahda en 2013. En una vuelta de tuerca dramática, la estrategia culpa en varios apartados a los ciudadanos egipcios de «su incapacidad para comprender sus derechos».

La citada estrategia que el Gobierno español considera un avance no cita, en ningún caso, la discriminación y persecución que padecen los refugiados y migrantes que se hallan en Egipto y la comunidad LGTBI, sometida a una caza policial a través de las aplicaciones de citas; persecución judicial por libertinaje; y realización de exámenes anales.

La Catedral cristiana copta de El Cairo (Egipto), en el barrio de Al Abasiya.
La Catedral cristiana copta de El Cairo (Egipto), en el barrio de Al Abasiya.

Libertad de credo

Lo que dice La Moncloa: Se han producido progresos en los derechos de la minoría cristiana, que representa a entre el 8 y el 10 por ciento de la población egipcia (unos 100 millones de habitantes)

Los hechos: No. La minoría cristiana sigue sufriendo una discriminación amplia y ubicua, desde el techo de cristal para acceder a los principales puestos de la administración -aún más evidente en el estamento militar o policial- hasta la falta de protección de sus fieles en los recurrentes ataques sectarios. «Durante la presidencia de Al Sisi, los cristianos han continuado enfrentándose a discriminación en la ley y en la práctica», alertan desde Amnistía. «Su derecho a practicar el culto permanece restringido por la discriminatoria ley de 2016, que para construir y reparar iglesias exige la aprobación de las agencias de seguridad y otras entidades estatales a través de unos procesos extensos, complicados y opacos. Decenas de iglesias permanecen cerradas por su supuesta situación de ilegalidad y el pretexto de evitar tensiones sectarias», añaden. «

Las autoridades han seguido persiguiendo a cristianos y otras minorías por el cargo de difamación de la religión

El régimen de Al Sisi se ha mostrado incapaz de proteger a las comunidades cristianas en el norte de la península del Sinaí, donde la violencia hacia los coptos por organizaciones terroristas ha provocado la huida de la población. En abril de 2021 la rama local de Estado Islámico divulgó un vídeo en el que mostraba la ejecución de Nabil Habashy, un vecino cristiano de la zona, en represalia por su implicación en la creación de un templo. Las familias cristianas que por varios cientos huyeron del Sinaí hacia otras zonas del país tras una serie de violentos ataques en 2017 no han regresado. Egipto no ha proporcionado un retorno seguro ni ha ofrecido compensaciones por las propiedades y las formas de sustento perdidas. «Y aún hay más: las autoridades han seguido persiguiendo a cristianos y otras minorías por el cargo de difamación de la religión», comentan desde Amnistía. Entre ellos, se encuentran Gerges Samih, en prisión preventiva por un comentario en Facebook sobre el profeta Mahoma; Ahmed Abdo Maher, condenado a cinco horas de cárcel por un tribunal de emergencia; o Ramy Kamel, detenido desde hace dos años por vulnerar la legislación egipcia bajo la acusación de financiar el terrorismo por su activismo copto.

Unas niñas en un centro educativo en un barrio de El Cairo. FRANCISCO CARRIÓN

Mejoras en materia de igualdad de género

Lo que dice La Moncloa: Se han registrado avances en el campo de la igualdad y los derechos de las mujeres, sin elaborar tales supuestos progresos

Los hechos: No. No se ha producido ningún avance en igualdad de género. «Las autoridades egipcias continuan discriminando a las mujeres legalmente», arguyen desde Amnistía. A principios de este año el Gobierno envió al Parlamento una ley de estatus personal que, tras su pormenorizado análisis, la citada organización tilda de «discriminatoria» y «patriarcal». Un esfuerzo legislativo que se completa con la persecución judicial de mujeres «influencers» por cómo actúan, se visten o ganan dinero en aplicaciones como TikTok. El pasado junio Hanin Hossam y Mawada el Adham fueron condenadas a 10 y 6 años de cárcel respectivamente por «incitación a la indecencia» y «tráfico de seres humanos». Al menos ocho mujeres «influencers» de redes sociales permanecen entre rejas por moralidad y cargos fabricados.

Hay una persecución judicial de mujeres «influencers» por cómo actúan, se visten o ganan dinero en aplicaciones como TikTok

«Las autoridades también han fallado a la hora de prevenir ataques e investigar la violencia contra mujeres y niñas», advierte Amnistía. El pasado mayo las autoridades pusieron en libertad a todos los presuntos implicados en una violación grupal en un hotel de El Cairo en 2014 por falta de pruebas. El incidente involucraba a jóvenes de la élite egipcia. Al menos dos de los testigos, que acabaron encarcelados, reconocieron que recibieron presiones para cambiar su testimonio antes de su excarcelación. «Las autoridades han continuado arrestando y persiguiendo a individuos en base a la percepción de su orientación sexual o identidad de género», indica Amnistía. En agosto, un tribunal condenó a entre seis y nueve años de prisión a cuatro varones por mantener relaciones homosexuales.

Las autoridades siguen practicando las pruebas de virginidad

Una cruzada judicial que también han sufrido conocidas defensoras de los derechos de la mujer como Azza Soliman, Aida Seif, Suzane Fayad y Mozn Hasan, sometidas a la prohibición de salir del país y a hostigamiento continuo por parte del Estado además de ser víctimas de una campaña de difamación mediática. Las mujeres siguen estando infrarrepresentadas o excluidas de la mayoría de las entidades judiciales y de la fiscalía. EuroMed Rights recuerda que las autoridades siguen practicando pruebas de virginidad a pesar de la condena internacional y su consideración de violencia de género.

Fuente: Francisco Carrión : El Independiente

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