El Gobierno de Sánchez encara la mayor avalancha de movilizaciones desde la crisis financiera

Agricultores; policías y guardias civiles, y funcionarios de Prisiones convocan protestas esta semana: les seguirán los camioneros, los pensionistas…

El calendario reivindicativo marcará el inicio de la segunda parte del mandato y pone a prueba al bipartito

Agricultores, ganaderos, policías, guardias civiles, funcionarios de prisiones, camioneros, pensionistas… Pedro Sánchez encara la mayor avalancha de movilizaciones desde que llegó a La Moncloa a mediados de 2018 por el encarecimiento de las materias primas, la pérdida de poder adquisitivo o reformas legislativas impulsadas por el bipartito. A punto de alcanzarse el ecuador del mandato, el malestar se ha instalado en la calle como no se veía desde la crisis financiera, al inicio de la etapa de Mariano Rajoy.

Esta semana tendrán lugar las protestas de tres colectivos diferentes, lo que marca el pistoletazo de salida a un calendario que se prolongará durante los próximos meses y que pondrá a prueba la fortaleza del proyecto de Sánchez para la segunda parte de la legislatura. Y todo ello sin que se haya podido derrotar aún a la pandemia y sin que haya llegado la riada de fondos europeos, palanca para la recuperación económica.

Agricultores y ganaderos

Las organizaciones agrarias Asaja, COAG y UPA han anunciado que lanzarán un «gran proceso de movilizaciones» en diciembre a nivel nacional que podría culminar con una gran manifestación en Madrid coincidiendo con la de los transportistas. Los agricultores y ganaderos denuncian que los costes de producción se han disparado a niveles «nunca vistos».

En concreto, avisan de que los piensos se han encarecido un 30%, las semillas un 20 %, los abonos casi un 50 %, el agua un 33 % y los plásticos de los invernaderos un 46%. A eso se suman las subidas en el precio de la electricidad, el gasoil y el salario mínimo, lamentan las organizaciones agrarias. A la vez, claman que los consumidores están pagando más por el encarecimiento de los productos pero que al mismo tiempo ellos siguen sin cubrir sus costes. Por eso, piden un apoyo firme de las administraciones y reunirse «de urgencia» con el ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, así como medidas fiscales, económicas y políticas que protejan la producción de alimentos en España.

El campo español inició una campaña de movilizaciones justo antes de que se declarara la pandemia. Lejos de solucionarse, los problemas que vienen denunciando desde hace años se han agravado al dispararse el coste de los combustibles y de otras materias primas, lo que agrava la situación en la que se encuentran muchos agricultores y ganaderos por falta de rentabilidad.

A la espera de que se concreten nuevas medidas de presión, Asaja, COAG, UPA y la Asociación de Organizaciones de Productores de Frutas y Hortalizas de Almería (Coexphal) llevarán a cabo una concentración este miércoles a las puertas del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación por la subida de los costes de producción y la falta de rentabilidad.

Policías y guardias civiles

Policías nacionales, autonómicos y locales y guardias civiles están llamados este miércoles a secundar protestas ante las delegaciones y subdelegaciones del Gobierno a partir de las 12 horas para mostrar su rechazo al acuerdo alcanzado por PSOE y Unidas Podemos -los dos partidos que sustentan el Gobierno- para derogar la Ley orgánica de protección de la seguridad ciudadana o Ley mordaza, al entender que la modificación que plantean las enmiendas «destruye el principio de autoridad», «merma la capacidad operativa de la Policía y pone en riesgo a los agentes». Bajo el lema ‘No a la España insegura’, la protesta está respaldada por una plataforma que agrupa a más de 38 organizaciones.

El malestar que genera la futura derogación de esta norma se canalizará también el próximo sábado en una manifestación que, convocada por la asociación Jusapol, congregará en Madrid a miles de policías y guardias civiles procedentes de toda España. Los organizadores pronostican que tendrá un seguimiento masivo, teniendo en cuenta el importante colectivo al que afectaría la entrada en vigor de la nueva ley -unas 240.000 personas- y que fletarán autobuses desde diversos puntos de España. Líderes de partidos de la oposición, como Pablo Casado (PP) y Santiago Abascal (Vox), ya han confirmado su presencia.

Funcionarios de Prisiones

Un día antes, este viernes, Tu Abandono Me Puede Matar (TAMPM) -una asociación constituida por trabajadores de prisiones y sin representación en la mesa sectorial- ha convocado una concentración a las puertas de la sede central de la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias para protestar por la «criminalización» -dicen- que ha sufrido el colectivo por el episodio de la cárcel de Villena (Alicante).

Se trata del centro penitenciario en el que ejercía como subdirectora de Seguridad la funcionaria detenida la pasada semana por la Guardia Civil por denuncia falsa y simulación de delito. La mujer aseguró en septiembre que fue amenazada y atacada por unos encapuchados en vísperas de prestar declaración en el marco de la investigación interna abierta por Interior por la actuación de tres trabajadores en la reducción de un recluso -enfermo mental- el pasado 16 de agosto en el módulo de aislamiento. Dos de los funcionarios fueron suspendidos de empleo y sueldo sin esperar a que terminaran las pesquisas de los investigadores del Instituto Armado.

Camioneros

Los camioneros pararán justo antes de Navidad. Por ahora, el Comité Nacional de Transportes por Carretera (CNTC) ha declarado dos jornadas de cierre patronal entre el 20 y el 22 de diciembre, lamentando el «abandono» del Gobierno. El colectivo insiste en que solo se desconvocará si aprecian «un cambio radical y urgente por parte del Gobierno y de los clientes».

Su intención no pasa por convocar protestas contra el Ejecutivo, pero sí contemplan alargar las jornadas de paros si no se atienden sus reivindicaciones. «El tiempo de parar es infinito», explicó en conversación con El Independiente el secretario general adjunto de la Confederación Española de Transporte de Mercancías (CETM), Dulsé Díaz. De momento, su planteamiento pasa únicamente por cancelar las jornadas de trabajo en unas fechas especialmente sensibles por las celebraciones y los regalos.

El transporte de mercancías por carretera reclama que se tomen medidas para que se haga efectiva la prohibición de que los conductores realicen la carga y descarga de los camiones que, según denuncian, las empresas a las que prestan sus servicios les obligan a realizar. También piden al Gobierno que adopte medidas para mejorar las condiciones de los conductores y para contener el incremento de gastos al que se enfrentan por la subida del precio de los carburantes.

Aunque uno de los puntos de mayor fricción pasa por la imposición de un sistema de pago por uso en las vías de alta capacidad que el Gobierno ha prometido a Bruselas poner en marcha a partir de 2024. «Ya pagamos por el uso de las infraestructuras y no queremos pagar dos veces. Por ahí no vamos a pasar», recalca Díaz.

Automoción

Este lunes, trabajadores del sector del automóvil -«cientos», según CCOO- se han manifestado ante el Ministerio de Industria, Comercio y Turismo exigiendo medidas a corto plazo mientras dure la crisis que atraviesa. En este sentido, exigen un mecanismo que permitan activar expedientes de regulación temporal de empleo (ERTE) y otras acciones a través del diálogo social.

El sector de la automoción se está viendo obligado a parar su producción por la falta de semiconductores y los problemas logísticos, lo que también está dando lugar a caídas en las ventas de coches y a retrasos en las entregas de los vehículos. Actualmente, las matriculaciones de automóviles están un 20 % por debajo de la cifra de hace un año, según datos difundidos por las asociaciones de fabricantes.

El sector recuerda que de él dependen tres millones de trabajadores y que aporta el 10 % del PIB, así como que se han perdido 15.000 empleos en esta industria desde que arrancó el verano, ya que los empleados sin contrato fijo fueron los primeros en sufrir las consecuencias de la tormenta perfecta que se ha generado en el sector al caer la producción.

Funcionarios de Justicia

Miles de funcionarios de Justicia se manifestaron el pasado sábado frente al Ministerio en Madrid «contra el bloqueo de Hacienda a la subida salarial» de su colectivo. Y no descartan convocar una huelga que paralice la administración de justicia, al tiempo que aseguran que acudirán a los tribunales y a instancias europeas para que se cumpla lo acordado en septiembre.

Los manifestantes pidieron el cumplimiento de los acuerdos y la dimisión de la ministra de Justicia, Pilar Llop, si no es capaz de «imponer a la de Hacienda lo pactado». Los sindicatos reclaman que se había alcanzado un acuerdo con Justicia para subir entre 80 y 195 euros el complemento específico del personal dependiente de este departamento de ciertas comunidades autónomas con el del resto de regiones, pero critican que Hacienda y Justicia se niegan a cumplir lo pactado en las mesas de negociación.

En concreto, los agraviados son los trabajadores de los servicios centrales, Castilla y León, Castilla-La Mancha, Baleares, Murcia, Extremadura, Ceuta y Melilla. «Con este incumplimiento, la ministra de Justicia y el Gobierno de España quiebran el principio de buena fe en la negociación establecido en la ley y ponen en peligro el éxito de las reformas pendientes en la Administración de Justicia», han insistido desde el sindicato mayoritario de los funcionarios, el CSIF. También apoyan las reivindicaciones CCOO, UGT y el Sindicato de los Trabajadores de la Administración de Justicia (STAJ).

Pensionistas

El pasado 13 de noviembre, cientos de personas pidieron en diversas capitales españolas blindar las pensiones en la Constitución, así como que se garantice el pago de pensiones públicas a través de los presupuestos generales del Estado y no endeudar más la Seguridad Social.

En Madrid, la Mesa Estatal por el Blindaje de las Pensiones (MEBP) -convocante de la marcha- lamentó que los cambios de pensiones aprobados por el Gobierno «amenazan el sistema público», al tiempo que demandó que retire su «proyecto de ley de reforma, empobrecimiento y privatización» de las pensiones y a los grupos parlamentarios que voten en contra de esta reforma, hecha -dicen- «al dictado de la banca y el poder financiero».

También pidieron equipar las pensiones mínimas al salario mínimo interprofesional (SMI) así como que se deroguen las reformas de las pensiones de 2011 y 2013 y las reformas laborales de 2010 y 2012, más que la edad de jubilación se vuelva a situar en los 65 años.

En Barcelona, protestó medio millar de personas convocadas por la Marea Pensionista, insistiendo asimismo en que se suban las pensiones más bajas y que se incrementen las de las mujeres para reducir la brecha de género. En Vitoria, la movilización, que estaba convocada por el Movimiento de Pensionistas de Euskal Herria, pidió la dimisión de Escrivá, argumentando que su proyecto significa «trabajar más y cobrar menos pensión», y exigió que el proyecto de ley sea retirado.

Fuente: Antonio Salvador/Alba Asenjo Domínguez – El Independiente

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