El alarmante deterioro económico español enfrenta a Sánchez con la UE, Podemos y los nacionalistas

El presidente deberá poner firmes con un ultimátum a sus aliados con la amenaza de un, en principio no deseado, adelanto electoral.

Si la crisis económica y política española sigue como va, de mal en peor, el presidente Pedro Sánchez se verá obligado a dar un puñetazo sobre la mesa del Consejo de Ministros y las mesas otras de negociación con nacionalistas advirtiéndoles seriamente con la posibilidad de disolución de las Cortes y la convocatoria de elecciones generales anticipadas.

Las que en teoría nadie quiere pero con las que Pedro Sánchez amenazará si siguen las desavenencias en el Gobierno de coalición, poniendo en peligro la llegada a España de los fondos de la UE, y si se retrasa la aprobación de los Presupuestos Generales de 2022.

La situación económica española ha empeorado de manera muy importante en las últimas semanas con la caída del PIB de 2021 al 4,6 y la subida de la inflación al 5,4 lo que pone en entredicho los Presupuestos de 2022.

Y todo ello mientras se complica la estabilidad del Gobierno de Sánchez, preso de chantajes nacionalistas, las advertencias de la UE y las amenazas que desde Podemos le están lanzando a propósito de la reforma laboral y de las pensiones. Reformas obligadas para cumplir las exigencias de Bruselas y que España pueda recibir los Fondos de recuperación económica de la UE.

Fondos sobre los que la Comisión Europea y los países ‘frugales’ del norte de la UE, Alemania, Austria, Holanda y Suecia, le exigen a Españas garantías y el pleno cumplimiento de las condiciones y el calendario para la aplicación de los Fondos, lo que en nuestro país va con retraso y disputas territoriales sobre el reparto de las ayudas de la UE.

Es cierto que en el deterioro de la economía española y el alto nivel de la inflación influyen directamente las crisis internacionales de: la energía por la subida de los precios de los carburantes y sobre todo del gas; el comercio por la escasez de los suministros y materias primas para las industrias; y los precios disparatados del atascado transporte marítimo internacional.

Lo que repercute en la inflación galopante y tendrá consecuencias en los precios de las compras de Navidad y en los salarios y las pensiones de 2022, con su especial repercusión en el déficit público que a finales de este se puede acercar al 10%.

Pero si la inflación y la crisis energética no resultan temporales y pasajeras, como espera nuestro Gobierno y la UE, para que la recuperación avance en la primavera próxima, en ese caso nos iríamos en crisis continuada hasta el segundo semestre de 2022, poniendo así en peligro la gran recuperación y el crecimiento que se espera para el año próximo (superior al 6 % en España).

Pero si persiste la inflación entonces entraríamos ante el riesgo de subida de los ‘tipos de interés’ por el BCE, lo que dañaría la financiación empresarial y las hipotecas y repercutiría sensiblemente en la importante deuda de nuestro país. La que ahora a finales del presente año puede rondar los 1.500.000 millones de euros, un 125 % del PIB, una vez que a finales de agosto estaba en los 1.419.416 millones y el 122,46 % del PIB.

Y a no perder de vista en este panorama los nubarrones del repunte de la pandemia en Europa, del que España parece a salvo por el alto nivel de las vacunas en nuestro país, aunque la incidencia de los contagios hispanos se acercan poco a poco a los 100 por cada 100.000 habitantes, lo que no es alarmante mientras que en países como Alemania superan los 40.000.

Y a no perder de vista, por extraño que nos parezca, el riesgo de un ‘gran apagón’ en algunos países de la UE por el exceso de consumo eléctrico en el duro y el frío invierno que se acerca. Y prueba de ese riesgo está en que durante la pasada semanas el ejército de Austria ha realizado maniobras para prevenir incidencias en caso de un gran apagón, que en España niega el Gobierno de Sánchez.

La inestabilidad política

A este preocupante panorama económico y social se le añade la tensión entre los socios del Gobierno de coalición y amenazas de ruptura por parte de la ministra y líder de UP, Ione Belarra a propósito de la pretensión de la UE de ampliar por encima de los 25 años de cotizaciones el cálculo de las pensiones, como lo ha reconocido el ministro Escrivá, y cuestión a la que también se oponen los Sindicatos.

Y todo esto mientras los socios nacionalistas del Gobierno, ERC, Bildu y PNV piden más compensaciones para aprobar los PGE de 2022. Unas presiones de los nacionalistas y de UP que en La Moncloa y en el PSOE descartan como un riesgo de ruptura de la coalición y de los PGE porque ‘nadie quiere y a nadie le conviene ahora un adelanto electoral’. Pero en La Moncloa empiezan estar hartos del ruido de inestabilidad que genera todo esto por lo que Sánchez deberá poner orden con firmeza y sin tardar.

Aunque no conviene tampoco perder de vista las tensiones entre ministros de UP, como  Belarra y la Vicepresidenta Yolanda Díaz, la que este sábado reunió en Valencia a otras cuatro dirigentes políticas de la izquierda radical, Colau, Oltra, García y Hamed, dejando fuera a las dos líderes de Podemos Belarra y Montero. Y ello en pos de una nueva ‘plataforma electoral’ de la izquierda feminista bajo el epígrafe de ‘Otras Políticas’ y de lo que en un principio se llamó ‘frente amplio’ y transversal a la izquierda del PSOE.

Fuente: Rafael Halcón – República

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