Cuando Euskadi vivió en un ‘paraíso fiscal’

El País Vasco aplicó a comienzos de los años 90 las llamadas ‘vacaciones fiscales’, incentivos para atraer a empresas y que, tras un largo proceso de 17 años, Europa declaró ilegales. Cerca de 300 empresas tuvieron que devolver las ayudas.

Siempre se ha enarbolado como uno de los pilares del autogobierno vasco, como una de las mejores herramientas de la singularidad histórica. Lo que unos califican de privilegio, para la mayoría de formaciones políticas de Euskadi no es más que la expresión de un derecho adquirido hace 142 años. El Concierto Económico parecía hasta ahora un escudo casi blindado, la espada con la que combatir sin esperar instrucciones del Estado. La foralidad vasca que dota no sólo de haciendas propias sino también de capacidad para regular algunos de los principales impuestos, renta y sociedades entre ellos.

Sin embargo, al Concierto le ha salido competencia y lo ha hecho en Madrid. La política fiscal de la Comunidad que gobierno Isabel Díaz Ayuso, con reducciones y supresión de tributos, empieza a ser mirada con envidia por el empresariado vasco que no ha dudado en proclamarlo, en reprocharlo al Gobierno de Urkullu. Lo ha hecho recordando que está dotado de un arma potente como es el Concierto y que no está sabiendo blandir para evitar que otras regiones terminen siendo fiscalmente más atractivas.

El mensaje ha dejado dolido al Ejecutivo. Urkullu no ocultó el pasado lunes su malestar con Ayuso. Lo hizo asegurando que la Comunidad de Madrid se empieza a asemejar a una suerte de paraíso fiscal y de actuar con políticas de ‘dumping fiscal’. El lehendakari aprovechó una pregunta en un desayuno de trabajo para desquitarse, para devolver lo que siempre ha considerado que son críticas injustas al marco fiscal propio del que goza el País Vasco y que periódicamente recibe reproches acusaciones de “privilegio”.

Hace sólo unos días el portavoz del Gobierno de Urkullu recordaba que lejos de encontrarse en una situación de privilegio, las arcas de las haciendas vascas pagaban más de lo que realmente les correspondería. Bingen Zupiria aseguró que el País Vasco abona en concepto de Cupo el equivalente al 6,24% del coste de las competencias del Estado no transferidas, pese a que su población equivale al 4,5% y su peso en la generación de riqueza en el Estado ronda el 5% del total.

‘Vacaciones fiscales’

En esta suerte de batalla autonómica por ofrecer un mejor marco tributario, Euskadi protagonizó la que ha sido sin duda la guerra fiscal más larga de las vividas en democracia. Sucedió en los años 90, en tiempos del lehendakari José Antonio Ardanza. Por aquel entonces, Euskadi decidió darlo todo para atraer a más empresas para que se asentaran en suelo vasco. En plena crisis económica y con el terrorismo ahuyentado inversiones, la autonomías fiscal de la que gozaba le permitió diseñar un escenario ad hoc para tentar a compañías ubicadas en otras regiones y en particular en zonas vecinas.

El plan pasaba por aprobar una serie de ayudas en forma de exenciones del impuesto de Sociedades durante diez años o de créditos fiscales del 45% para inversiones. Aquellas ayudas no tardaron en llamarse ‘vacaciones fiscales’. El propósito de atraer empresas a Euskadi inicialmente funcionó, cerca de 30 se beneficiaron de estas ayudas desde su implantación en 1992 hasta su desaparición en 2000. Años después Europa las declararía ilegales por considerarlas de facto una suerte de ‘ayudas de estado’.

Aquella operación provocó la reacción airada de sus vecinos. Cantabria y La Rioja decidieron llevar a los tribunales aquellas ‘vacaciones fiscales’. El Gobierno riojano fue el que durante más tiempo dio la batalla ante la justicia hasta llevarla a Europa. En ambos casos denunciaron que se estaba favoreciendo la deslocalización de sus empresas para atraerlas a territorio vasco. El largo proceso concluyó en un primer apeadero judicial en 2000, cuando la Unión Europea declaró ilegales las ayudas que las tres haciendas vascas comenzaron a aplicar en 1993. El argumento, eran incompatibles con el mercado común.

Multa millonaria

Una vez anuladas, restaba la siguiente fase: recuperar las ayudas. Más de una década después, el entonces comisario de la competencia, el español Joaquín Almunia, aún reclamaba a las autoridades vascas que procedieran a devolver los importes y reclamárselos a las empresas beneficiarias. La demora en la operación derivó en una multa millonaria. En total, Euskadi debía recuperar 750 millones de euros (587 millones por deducciones a la inversión y la exención del pago por beneficios) y otros 163 millones por la exención de pago por beneficios durante cuatro años otorgado a numerosas empresas.

A la recuperación, que las haciendas demoraron y para las que también tuvieron que enfrentarse a la resistencia de las beneficiarias, se sumaba el pago de la multa de 30 millones que Europa impuso al Reino de España y que Euskadi debió compensar años después vía Cupo. No fue hasta 2014 cuando el entonces ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, confirmó que el País Vasco había devuelto lo adeudado y ponía fin a un proceso que se extendió durante más de tres lustros.     

Ahora las presiones para suprimir o reducir algunos impuestos atenaza al Gobierno. El caso de Madrid ha vuelto a poner sobre la mesa la necesidad de mantener tributos como el de patrimonio. El Gobierno vasco ya ha asegurado que no seguirá los pasos de Ayuso y que en su caso la recaudación de impuestos no puede verse mermada. Los consejeros del Ejecutivo han insistido esta semana en recordar que mantener el nivel de servicios públicos y bienestar del que goza Euskadi requiere de fondos públicos y que su referente no es el modelo “neoliberal” del PP sino la política impositiva de los países más avanzados del norte de Europa.

Y una vez más, la defensa del Concierto Económico como derecho y no como privilegio ha vuelto a ponerse sobre la mesa. Desde el lehendakari hasta los responsables forales han vuelto a recordar que se trata de un sistema de riesgo y responsabilidad unilateral según la cual la disponibilidad de recursos dependerá de la capacidad de recaudación propia, sin posibilidad de recurrir al apoyo del Estado, como sí tienen los gobiernos del régimen común.

Fuente: Mikel Segovia – El Independiente

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