La presidenta socialista de La Rioja fue pieza clave en el caso Ghali, según su jefe de gabinete

Concha Andreu dispuso personalmente la hospitalización del líder del Polisario, que ingresó con identidad falsa.

La presidenta del Gobierno de La Rioja, la socialista Concha Andreu, tuvo una participación directa y decisiva en el caso Gali, según ha desvelado ante el juez su jefe de gabinete, Eliseo Sastre. Fue personalmente Andreu quien dio instrucciones para reservar plaza en el hospital de Logroño al líder del Frente Polisario, Brahim Gali, gravemente enfermo de Covid. En ese momento tenía causas penales abiertas en la Audiencia Nacional, por presuntos delitos de terrorismo, asesinato, torturas y genocidio, entre otros delitos.

La presidenta riojana dio esas instrucciones en la mañana del pasado 16 de abril, cuando el Gobierno de Pedro Sánchez estaba ultimando la operación clandestina que se ejecutó un par de días después. Pidió que se guardara plaza, sin especificar para quién, solo que se trataba de una atención por razones humantarias. Y el 18 de abril por la tarde, Gali fue introducido furtivamente en España a través de la Base Aérea de Zaragoza y trasladado a Logroño, en cuyo hospital público fue ingresado con identidad falsa.

Los datos desvelados por Sastre indican que Concha Andreu tuvo una intervención política y logística fundamental en esa operación clandestina. Fue ella la que personalmente dispuso, con antelación, que el hospital de Logroño tuviera prevista la cama que acabó ocupando Gali. Así lo han indicado a ABC, al término de la declaración de Sastre, fuentes de este proceso penal. Han explicado que el director de gabinete de Concha Andreu ha explicado que recibió la orden de la presidenta y que él se la trasaldó al gerente del hospital público de Logroño, Alberto Lafuente Jiménez, que a su vez cursó la instrucción al jefe de cuidados intensivos, Fernando Martínez Soba. El gerente también concertó la ambulancia que trasladó a Gali de Zaragoza a Logroño, costeada igualmente con cargo a la Sanidad riojana.

«Motivos humanitarios»

Eliseo Sastre, Alberto Lafuente y Martínez Soba declararon ayer como testigos ante el juez zaragozano Rafael Lasala, que investiga esa entrada furtiva de Gali en España por haber apreciado en ella indicios de delito de prevaricación, falsedad y encubrimiento. Los tres indicaron que no sabían que el paciente que ingresó era el líder del Frente Polisario, que de eso se enteraron días después, por los medios de comunicación. Y Sastre asegura que a él se le indicó en todo momento que esa acogida se iba a realizar por «motivos humanitarios», el mismo argumento en el que lleva meses insistiendo el Gobierno de Sánchez y los imputados para intentar eludir responsabilidades por lo ocurrido.

Hasta ahora están imputados por el caso Gali la exministra Arancha González Laya y el que fue su jefe de gabinete, el diplomático Camilo Villarino.

Operación diseñada por el Gobierno

El Gobierno de Sánchez eligió con cuidado los escenarios y los partícipes del dispositivo, eslabones de confianza para que no trascendiera la entrada y hospitalización encubierta de Gali. De ahí que se optara por un aeropuerto militar, un domingo por la tarde y sin pasar los controles de pasaportes. Una vez en suelo español, el Gobierno de Sánchez prefirió que la hospitalización del líder del Polisario se hiciera en La Rioja, gobernada por la sanchista Concha Adnreu, en vez de en Zaragoza, en un hospital controlado por el Ejecutivo aragonés del menos afín Javier Lambán.

Aunque la participación del Gobierno riojano era conocida desde que trascendió la presencia de Gali, días después de su hospitalización, esta es la primera vez que en sede judicial se indica abiertamente que fue la presidenta regional quien activó personalmente el dispositivo, siguiendo indicaciones recibidas desde Madrid.

Tras estas revelaciones de Eliseo Sastre, está por ver ahora qué decide el juez y que pasos dan las acusaciones populares. Hay que tener en cuenta que Concha Andreu es aforada, por lo que Lasala solo podría llamarla a declarar en calidad de testigo. Si fuera imputada, la competencia pasaría al Tribunal Superior de Justicia de La Rioja. En cualquier caso, el acusador popular Antonio Urdiales ha avanzado que no ve indicios delictivos en la actuación de Concha Andreu, aunque no descarta que pueda ser solicitada su declaración como testigo para desvelar quién o quiénes la llamaron desde el Gobierno de Sánchez.

La incógnita del registro hospitalario

Por otra parte, ahora queda por aclarar quién inscribió a Gali en el hospital de Logroño con pasaporte falso, a nombre de un tal Mohamed Benbatouche, «embajador retirado». Ayer fue llamada a declarar una trabajadora del hospital logroñés, pero quedó constatado que ella no era la persona encargada del servicio administrativo de admisiones. Por tanto, ahora toca identificar quién inscribió a Gali, para que aclare quién facilitó ese pasaporte falso, entre otros detalles.

Fuente: Roberto Pérez – ABC

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