Las actas de la SEPI prueban que se rescató Plus Ultra antes de estudiar los informes

El consejo gestor ya valoraba el 9 de febrero dar luz verde a la ayuda de 53 millones pese a que no incorporaron los informes hasta el 2 de marzo, de acuerdo con la documental remitida a la causa.

El millonario rescate a Plus Ultra se fraguó en el seno de la SEPI en febrero, aunque no contaron con los informes jurídicos y financieros hasta un mes después. Las actas del consejo gestor reflejan cómo, ya en la primera sesión en la que se abordó la entrega de la ayuda de 53 millones de euros, se apuntó a la “conformidad” de la operación y al carácter “estratégico de la compañía”, pese a que hasta el momento solo contaban con el plan de viabilidad aportado por la aerolínea.

Los documentos, incorporados al Juzgado de Instrucción número 15 de Madrid y a los que ha tenido acceso Vozpópuli, revelan cómo los integrantes del consejo actuaron de conformidad para autorizar esta ayuda de fondos públicos que ahora se investiga por presunto delito de prevaricación. Se trata de un total de tres actas que vienen a recoger cuatro reuniones celebradas entre el 9 de febrero y el 3 de marzo. Aunque no fue hasta los dos últimos días cuando los vocales contaron con toda la documental, ya en el primer encuentro se trazó el camino a favor del rescate, sin oposición de ningún participante.

En esa primera reunión, liderada por el entonces presidente en funciones de la SEPI, Bartolomé Lora, y celebrada por videoconferencia, se declaró válida la constitución del consejo y se habló de la situación de la compañía, detrás de la que se encuentran empresarios cercanos a la esfera de Nicolás Maduro. Del acta, firmada por el entonces secretario Javier Loriente, se desprende que se trabajaba en “diferentes posibilidades de actuación” antes de elevar “propuesta formal” al Consejo de Ministros. Es decir, que el desembolso era una realidad.

“Se abre un animado debate entre los miembros del Consejo, concluyendo en la oportunidad de solicitar informe a la Secretaría de Estado de Turismo para completar el carácter estratégico de la compañía junto con el que haga, por su parte, la Secretaría de Estado de Transporte”, expone el documento. Además, esta primera sesión del consejo sobre Plus Ultra contó con la participación “como invitado” del Secretario de Estado de Turismo, Fernando Valdés.

El Gobierno, en la reunión

“Finalizada la exposición, el Sr. Valdés muestra su conformidad con la operación porque considera que recuperar la conectividad es esencial para recuperar el turismo”, recoge el documento. La segunda reunión (que no contó con la presencia de la exsecretaria de Estado de Economía Ana de la Cueva ni de su homóloga de Hacienda, Sara Aagesen Muñoz), tuvo lugar el 23 de febrero y en la misma se informó a los miembros del consejo “sobre los términos y condiciones del apoyo financiero público temporal“.

Pese a los avances sobre la entrega de fondos, no fue hasta la tercera reunión, celebrada los días 2 y 3 de marzo, cuando el holding público autorizó formalmente el desembolso de 53 millones de euros. De ellos, 19 millones corresponden a un préstamo ordinario, mientras que los 34 restantes se autorizaron en calidad de préstamo participativo. Como ya ocurriera en el anterior encuentro, el director de participadas de la SEPI, José Ángel Partearroyo, se incorporó a la sesión para exponer los pormenores de esta ayuda de fondos destinados a entes afectados por la crisis del covid.

Junto con la propuesta, se dio traslado de hasta un total de nueve anexos relativos todos ellos a la documental sobre la idoneidad de la ayuda. Entre dichos papeles, se encuentra el informe jurídico elaborado por Deloitte o el informe asesor financiero (DC Advisory) que reconocía que el plan de viabilidad de la compañía a medio y largo plazo era demasiado optimista.

Del mismo modo se informó a los vocales ese mismo día del plan de viabilidad actualizado por Plus Ultra y de los documentos remitidos por la Dirección General de Aviación Civil (DGAC) y de la Agencia Estatal de Seguridad Aérea española. Al respecto, fuentes de la SEPI consultadas por este diario explican que estudiar en un primer momento los planes de viabilidad que presentan los solicitantes y, en segundo lugar, el resto de documental, es el proceder habitual en este tipo de procedimientos.

Ausencia de documental

Pese a que la causa arrancó en los juzgados de Madrid en abril, no fue hasta junio cuando el ente hizo entrega al juzgado de toda la documental requerida por la magistrada Esperanza Collazos. Con todo, la SEPI informó que no podía aportar el acta del Consejo de Ministros en el que se daba luz verde al rescate porque no dispone de ella. Tampoco el Ministerio de Transportes, a cuyo frente estaba entonces José Luis Ábalos, entregó el material requerido en relación a las operaciones de esta aerolínea entre los años 2018 y 2021 alegando que “no dispone de dicha información”.

Entre la batería de documental solicitada por la magistrada para investigar los pormenores del rescate, se encontraba información sobre la flota de la compañía (que carece de aviones en propiedad), así como las operaciones de los últimos años. La Agencia Estatal de Seguridad Aérea remitió al juzgado información sobre el primero de los puntos, pero no en relación al segundo requerimiento. La compañía mantiene que se cumplieron escrupulosamente los controles en aras a desembolsar esta ayuda millonaria; en sintonía con lo manifestado por la Abogacía General del Estado.

Los servicios jurídicos del Gobierno (que defienden a Lora y los otros vocales del consejo gestor imputados en la causa) se han opuesto en numerosas ocasiones al avance del procedimiento y también a que se diera traslado del contenido de las actas a todas las partes de la causa. Según defienden, todos los expedientes administrativos incorporados al sumario “acreditan de forma rigurosa” la legalidad del rescate. Además arremeten contra las acusaciones del procedimiento por basarse principalmente, “en datos recogidos en los medios de comunicación”.

Por su parte, la magistrada Collazos mantiene viva la causa (abierta por los delitos prevaricación, malversación, tráfico de influencias, cohecho y fraude en las subvenciones) y trata de esclarecer si la compañía -que registra pérdidas desde su creación en 2011– cumplía realmente los requisitos para recibir 53 millones de euros del Fondo de Apoyo a la Solvencia de Empresas Estratégicas. Tanto es así que el pasado mes de julio suspendió cautelarmente parte de la ayuda comprometida en aras a que la compañía explicara por qué era tan necesario este desembolso económico.

La mercantil suplicó el pago de la ayuda y dijo que, de no recibir los 34 millones relativos al préstamo participativo, se vería con serias dificultades para cumplir con lo acordado en el plan de viabilidad y devolver los 19 millones restantes que ya ha recibido del Estado. El Gobierno salió en su defensa apuntando en la misma línea y la Fiscalía, que en un primer momento consideró necesario un pronunciamiento de la empresa, terminó apoyando a la aerolínea. Finalmente, en agosto, el juzgado desbloqueó el segundo tramo para evitar abocar a la compañía a una situación de falta de liquidez.

Fuente: Gema Huesca – VozPópuli

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