Page apremia a Sánchez a atajar el fenómeno okupa asediado por Vox

El presidente castellanomanchego lanza un ultimátum al Gobierno central para que articule una ley que proteja a los pequeños propietarios. El PSOE censura en el Congreso una propuesta similar del partido de Abascal.

El fenómeno okupa ha alcanzado niveles preocupantes en algunas zonas de Castilla-La Mancha como la Sagra en Toledo o el corredor del Henares en Guadalajara. Y ante una realidad que dispara todas las sirenas sociales, el presidente de la región, Emiliano García-Page, vuelve a pisar el acelerador. El fenómeno golpea zonas donde se deciden escaños clave, y Vox, en crecimiento, también es consciente de ello. Por eso, el barón socialista ha trasladado un ultimátum al Gobierno de Pedro Sánchez para que antes de las navidades asuma la ‘ley antiokupa que aprobó el Parlamento de la comunidad el pasado mes de diciembre. Page gobierna con mayoría absoluta y aunque el partido de ultraderecha no cuenta con representación en la Cámara regional, la formación consiguió un escaño por Guadalajara en las últimas generales y fue la fuerza más votada en la Sagra, dos de los puntos más golpeados.

Si hasta ahora Page no había recibido respuesta alguna a una demanda que incomoda en Ferraz, este martes el PSOE en el Congreso cerró la puerta a sus pretensiones. La Cámara debatió una proposición de Vox para modificar la Ley de Enjuiciamiento Criminal, una iniciativa similar en espíritu a lo planteado por el dirigente castellanomanchego, pero que su propio partido no dudó en tachar de “alarmista”.

Indefensos

“La ley la tenemos en contra, no nos asiste. Las víctimas son verdugos y los verdugos, víctimas. El mundo totalmente al revés”, lamenta la popular Almudena González, alcaldesa de Almonacid de Toledo (810 habitantes). La localidad, próxima a la capital regional, vivió hace unas semanas un episodio okupa. Varias familias de etnia gitana, procedentes de Castellón, se instalaron en cuatro viviendas vacías y durante siete días protagonizaron altercados importantes en el pueblo, enfrentándose al resto de vecinos. “Se enganchan a la luz de manera ilegal, dejan los grifos abiertos, destrozan lo que encuentran a su paso. Pelean, discuten con los vecinos e incluso insultan y escupen desde las ventanas”, dice esta regidora.

La Guardia Civil se ve impotente, en tanto que no existen mecanismos legales que cubran una actuación determinante en estos casos. Si el okupa que entra enseña algún tipo de contrato, normalmente falso, que le pueda valer como justificante de residencia ante la autoridad, el caso se enmaraña y los plazos de actuación se dilatan. Entran en la vivienda sin violencia y, si pasan 24 horas, ya puede ser considerada su morada.

Horche, de 2.622 habitantes, en la provincia de Guadalajara, es otro municipio que vive desesperadamente las consecuencias del movimiento okupa. Unas 200 personas viven en 60 viviendas vacías. Vistas la magnitud de los acontecimientos y las revueltas registradas en la localidad, se ha creado una plataforma en defensa del pueblo. Fernando García, presidente de la asociación vecinal, asegura que “la situación se vuelve insostenible, porque roban por las calles, si te dejas el coche en marcha para comprar pan se lo llevan o te quitan cualquier cosa. Incluso a los niños les roban los móviles”.

“Ha habido casos verdaderamente sangrantes, de propietarios que han tenido que cerrar sus casas e irse a vivir a otros lugares, porque era imposible la convivencia con ellos. Incluso hay pisos que han pasado ya por varias manos. Por no decir aquellos que vienen con inquilinos y el propietario no puede hacer nada y le toca pagar todos los suministros y, por supuesto, los desperfectos”.

Hace unas semanas, se manifestaron ante el Congreso de los Diputados para pedir soluciones a un problema “que va a acabar mal”, dice Fernando García, “porque la paciencia se agota”. Son muchos vecinos los que tienen segundas residencias y han padecido y sufrido el problema okupa. Los que vivían de manera habitual y han aguantado lo han hecho porque no tenían más remedio. Eso sí, algunos se han visto obligados a tomar medidas drásticas, como el levantamiento de barreras en sus inmuebles para evitar que los okupas se acerquen a sus viviendas.

Guadalajara y Toledo, zonas okupas calientes

Guadalajara y Toledo son las dos provincias de Castilla-La Mancha que más sufren el fenómeno okupa, sobre todo las zonas de los corredores más próximos a Madrid, la Sagra y el Henares. Municipios como Yuncos o Illescas saben de sobra lo que supone este tipo de fenómenos. Y los vecinos se cansan. Ven cómo sus representantes no hacen nada para cambiar la ley y dar armas a los propietarios para defenderse.

Ambas zonas resultan clave en cualquier cita electoral, porque son las más densamente pobladas de la región. Y, curiosamente, ya en las últimas generales, Vox fue la fuerza más votada en la Sagra, mientras que en la provincia de Guadalajara también se alzó con un escaño en el Congreso de los Diputados. La defensa del propietario y el hartazgo de quienes vienen años sufriendo en silencio el fenómeno okupa son caldo de cultivo para el crecimiento de la formación verde.

Page es plenamente consciente de ello. Conoce a la perfección su comunidad y sabe por dónde respira la herida. Por eso, hace un año encargó a su consejero de Fomento, Nacho Hernando, una ley ejemplar. Y el lugarteniente del presidente consiguió una norma que trataba de dotar a los ayuntamientos de armas legales que dificultaran la presencia okupa. Pero el mango de la sartén lo tienen las Cortes Generales y el Gobierno central por la falta de competencias de las autonomías.

“No me importa que incomode la cuestión al Gobierno de coalición”, se le ha escuchado decir en más de una ocasión a Page, acostumbrado al enfrentamiento político con Sánchez. No es la primera vez que el presidente castellanomanchego lleva la contraria al Gobierno central, ya lo ha hecho en materias como el agua o los indultos. Su posición contra la decisión del Consejo de Ministros en relación a los presos del ‘procés‘ fue la más clara y nítida de todo el PSOE. Y ahora, ante el nuevo frente abierto, no parece achantarse.

Es cierto, dicen los próximos a Page, que su relación con Sánchez se ha recompuesto y que el presidente lo llama con cierta asiduidad para conocer su opinión sobre determinados asuntos. Sin embargo, el dirigente de Castilla-La Mancha sabe que el discurso de Sánchez vende poco entre el electorado que tradicionalmente ha dado la victoria al PSOE en la región. Unos votantes próximos a determinados postulados conservadores, como demuestran los perfiles políticos que encarnaron en su día Bono y Barreda.

Así las cosas, García-Page plantea la cuestión con toda la crudeza que requiere un asunto tan delicado, con el que el día a día de las personas se ve amenazado por problemas de convivencia. Por eso, dijo que llevaría el asunto a la próxima Conferencia de Presidentes y que esperaría a las navidades, si no obtiene una respuesta favorable por parte del Gobierno central, para impulsar nuevos movimientos legislativos o judiciales en defensa de sus posiciones.

En el PP de la comunidad autónoma, que estuvo a punto de apoyar la ‘ley antiokupa’ de Page de hace un año, pero que finalmente se abstuvo, creen que es más cuestión de pose que otra cosa. No terminan de creerse que el dirigente regional vaya a enfrentarse a Sánchez de otra manera que no sea con declaraciones más o menos contundentes, pero que no comprometan o lleven a algo más, como la desestabilización del Gobierno de coalición y los frágiles apoyos de los que goza de formaciones políticas todavía más a la izquierda.

“Tratamos de defender al pequeño propietario que lleva ahorrando toda la vida”

De hecho, Podemos y otros partidos como Esquerra o Bildu, claves para la supervivencia de Sánchez, simpatizan abiertamente con el movimiento okupa. Sin embargo, la seguridad jurídica y la propiedad privada, fundamentales en el desarrollo de una democracia liberal, se ven seriamente comprometidas con estas posiciones, que el propio PSOE de Castilla-La Mancha asume como propias.

“No es una política de derechas —dijo hace unos días Blanca Fernández, portavoz del Gobierno de Page—. Al revés, tratamos de defender al pequeño propietario que lleva ahorrando toda la vida y ve cómo el fruto de su trabajo se tira por los suelos”. Conocedores de la realidad social de la comunidad autónoma, los socialistas no quieren que ni el PP ni Vox se queden con esa bandera. Ciudadanos, por cierto, ya apoyó en su día la ‘ley antiokupa’ que impulsó el Gobierno regional.

Una medida con un fondo similar a la propuesta que Vox planteó sin éxito este martes en el Congreso, una reforma de la ley que permitiese la celebración de juicios rápidos para dirimir estos casos y que habilitase a los policías para el desalojo de domicilios okupados sin necesidad de contar con autorización judicial previa. El objetivo de lo planteado por el partido de Abascal, como apuntó Cristina Esteban, la encargada de defender la iniciativa, se podía resumir en la máxima: “Desalojo inmediato y enjuiciamiento inmediato”.

“Los que alarman son ustedes y los que generan inquietud son ustedes. Saben que disponemos de amplios instrumentos para combatir estos delitos”, remarcó el socialista Vicent Sarriá en referencia a lo planteado por Vox. “Han adoptado la agenda trumpista”, criticó y censuró que las intenciones del partido de ultraderecha solo busquen “sembrar miedo” y “generar catastrofismo”. Pero, con la propuesta de Page en la mano (desalojos exprés en 48 horas, eso sí, con autorización judicial previa, penas más duras, plazos de prescripción mayores, entre otras), el diputado podría haber utilizado casi las mismas palabras para reprobar la ‘ley antiokupa’ del dirigente de Castilla-La Mancha. Y si Page lamentaba hace unos días que desde el pasado diciembre no había obtenido ninguna respuesta por parte del Gobierno central, este martes, se podría decir, la obtuvo.

Tradicionalmente, se decía que Castilla-La Mancha votaba a la izquierda en las autonómicas y a la derecha en las generales. Conocedor de la situación y la sociología demoscópica de su región, Page intenta que asuntos clave y que se suelen asociar a los conservadores no se le vayan a trasmano. Y por eso ha colocado el tema okupa en el centro de la agenda política. Con ultimátum incluido. Hasta Navidad. Porque se juega la victoria dentro de dos años y hay que pisar campo contrario para ganar elecciones.

Fuente: Javier Ruiz/I.P. Chávarri – El Confidencial

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