Puigdemont, libre hasta el 4 de octubre, se mofa de la Justicia española

El embrollo judicial que rodea el caso del ‘expresident’ obliga a la Corte a estudiar la ejecución de la euroorden

El prófugo abandona la prisión con un discurso triunfalista: «España no pierde la oportunidad de hacer el ridículo»

En libertad. Al menos hasta el 4 de octubre, cuando el juez italiano decidirá sobre la ejecución de la orden de entrega cursada por el magistrado del Tribunal Supremo Pablo Llarena hace dos años. En esta situación quedó ayer el expresidente de la Generalitat Carles Puigdemont después de que, tras una breve comparecencia por videoconferencia desde la prisión en la que pasó la noche –tras su detención en el aeropuerto de Alghero (Cerdeña)–, el juez de la Corte de Apelaciones de Sassari decidiera posponer su decisión sobre la entrega, a la espera de estudiar toda la documentación que rodea este caso. «España no pierde la oportunidad de hacer el ridículo», dijo el prófugo al salir de la cárcel, donde le esperaba su séquito y decenas de simpatizantes.

Aunque en los primeros momentos de su arresto, su entrega a España parecía estar más cerca que nunca tras el fiasco de Alemania y Bélgica –el hecho de que la Policía italiana llevara a cabo esa detención por iniciativa propia apuntaba en esa dirección–, a medida que fueron pasando las horas y se iba destapado el laberinto judicial en el que Puigdemont está inmerso, ese clima de optimismo se iba desvaneciendo. De hecho, probablemente quedan muchos titulares todavía hasta que España logre sentar en el banquillo de los acusados al expresidente Puigdemont.

Los principales obstáculos que cuestionan esta entrega vienen de dos tribunales de justicia europeos: el Tribunal General de la Unión y el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, ambos con sede en Luxemburgo. El primero de ellos suspendió la inmunidad del prófugo el pasado 30 de julio, al considerar que no había riesgo de detención porque el procedimiento penal estaba suspendido a la espera de que lo que resuelva el segundo de los tribunales respecto a una consulta planteada por el propio juez Llarena.

En el auto en el que el Tribunal General de la Unión rechazó mantener esa inmunidad señalaba que Puigdemont y los consejeros Comin y Ponsatí podían volver a pedir esta medida cautelar (la reactivación de la protección parlamentaria) si su libertad resultaba amenazada, algo que ayer mismo procedió a hacer su defensa. En paralelo, y en ese mismo auto, el Tribunal General sostenía que las euroórdenes, como el procedimiento penal, estaban suspendidas a la espera de que se resolviera esa cuestión prejudicial planteada por Llarena. No cabría, por tanto, ejecutarlas. En esa consulta, el magistrado pedía al TJUE que se pronunciara sobre el alcance de la emisión de una orden de detención así como por las razones para su denegación, una vez que las autoridades de ejecución de Bélgica dieron un portazo a la entrega del exconsejero Lluis Puig. «Mal se confía en el sistema penal y procesal de otro Estado si lo primero que se pretende por el Estado de ejecución es poner en duda su competencia para emitir un instrumento de cooperación basado, precisamente en la confianza y cooperación recíproca», sostenía el instructor poniendo en evidencia las reticencias de Bélgica.

El Supremo, convencido

Aunque el equipo jurídico de Puigdemont se aferra al argumento de que la euroorden no se puede ejecutar porque está suspendida, desde el Tribunal Supremo no es esa la interpretación que hacen, pues circunscriben la suspensión solo a la euroorden cursada en Bélgica (país al que se refiere la controversia consultada) y no a las de los demás Estados de la Unión. Tanto es así que tras haberle comunicado su detención, el juez Llarena se reiteró en la entrega y envió ayer un oficio al representante de España en Eurojust para que remitiera al tribunal italiano la orden librada contra él por sedición y malversación así como la cuestión prejudicial planteada ante el TJUE en relación a la actuación de Bélgica.

Horas antes de que Puigdemont pasara a disposición judicial, la Corte de Apelación de Sassari había amanecido como un viernes cualquiera. Un par de guardias en la puerta y tres funcionarias peleándose con la máquina de café para sacudir el sueño. Conocían por los medios la posibilidad de que un tal Carlos –el apellido, para ellos, impronunciable–, un señor importante, «el presidente de Cataluña, ¿no?», podría recalar en este juzgado a lo largo del día. Poco más sabían, más allá que había sido detenido a su llegada a Alghero la tarde anterior y que había pasado la noche en el penal de máxima seguridad de Bancali.

Horas de tension

A esa hora, ningún magistrado había hecho acto de presencia. Tampoco ningún periodista o admirador del antaño ‘president’. Quizás por ello, y porque no adivinaba el tumulto que en cuestión de un par de horas se avecinaba a las puertas de la tranquila corte, algún periodista pudo deambular por el hall a sus anchas, sacando galletas y cafés de las máquinas.

El resto ya es público: miembros de la llamada Sardigna Nazion ondeando grandes banderas al viento, salpicadas con un par de esteladas, el séquito, periodistas y simpatizantes del prófugo se fueron dando cita en una jornada que en cuestión de horas pasó de los nervios a la histeria colectiva cuando el ‘president’ quedó libre.

Fuente: Isabel Gutierrez Nico/Nati Villanueva – ABC

Comparte esta página:
4 1 voto
Calificación del post
Suscribirse
Notificar de
guest
0 Comentarios
Comentarios en línea
Ver todos lo comentarios