Pedro Sánchez aplazó la deuda de Plus Ultra con la Seguridad Social para que pudiera cobrar los 53 millones

El Gobierno de Sánchez premió con 53 millones a Plus Ultra aunque debía 457.000 euros desde 2017 a la Seguridad Social. La firma pagó 437.000 euros al chavista Rojas mientras practicaba empleos fraudulentos y mileuristas. La ley española exige estar al corriente para optar a un rescate.

El Gobierno de Sánchez premió con 53 millones a Plus Ultra aunque debía 457.000 euros desde 2017 a la Seguridad Social. La ley exige estar al corriente para lograr un rescate. Lo logró formalmente porque el Gobierno, forzando la ley, le concedió un aplazamiento tras pedir la ayuda. El Ejecutivo también bendijo las abundantes irregularidades laborales de Plus Ultra: “es práctica habitual utilizar los contratos temporales como periodo de prueba encubiertos”. Esto sería sancionable si la inspección lo detectara, pero lo orilló el consejo de ministros, incluido el titular de la Seguridad Social. La compañía no tenía un plan de igualdad, algo que no sólo viola la política de PSOE y Podemos, sino la legislación vigente. El Ejecutivo miró también a otro lado.

Para conseguir un rescate una empresa debe estar al corriente de pagos con la Seguridad Social. Plus Ultra proclamó en agosto de 2020 que cumplía tal requisito. Pero era falso. Meses después de tal afirmación, “presentó una resolución de la Seguridad Social de fecha de 5 de octubre de 2020 por la que se le concedía un aplazamiento en el pago de la deuda contraída por la compañía durante el periodo entre el mes de julio de 2017 y mayo de 2020”. Es decir, el Gobierno no sólo sabía que la firma pilotada por chavistas investigados por corrupción por la exiliada fiscal general venezolana debía a la Seguridad cuando pidió la ayuda, sino que le facilitó resolverlo a posteriori para cubrir el requisito legal. Un mes antes de obtener la ayuda, rubricada el 9 de marzo de 2021, sólo había presentado el justificante de los pagos de los meses de noviembre y diciembre de 2020 y enero de 2021. El resto de la deuda previa seguía aplazada. Pero Plus Ultra, con permiso y apoyo del Gobierno, oficialmente estaba al corriente de pagos.

Por otro lado, en materia de Seguridad Social presentaba masivas irregularidades en sus contrataciones laborales a tenor de la información oficial al alcance del Ejecutivo. A 31 de diciembre de 2019, de los 404 empleados de Plus Ultra, 311 tenían un contrato indefinido y 93 eran trabajadores temporales. Un año más tarde, tenía 316 trabajadores fijos y sólo 25 temporales. Mientras Plus Ultra solicitaba la subvención de 53 millones, en paralelo daba de baja a 120 trabajadores entre enero de 2020 y enero de 2021.

Pedro Sánchez. 

El diagnóstico oficial sobre su situación laboral es demoledor: “De acuerdo con la anterior información general, la tasa de contratación temporal de la compañía, aunque común en el sector en el que opera, es significativa, y ello considerando que ha disminuido en 2020 la situación pandémica. En este sentido, la compañía nos ha comunicado de manera verbal, que es práctica habitual utilizar los contratos temporales como periodos de prueba encubiertos”.

El papel del Gobierno español

El Ejecutivo es consciente de la gravedad legal de estos hechos: “Dicha práctica puede generar diversas consecuencias para la compañía en caso de inspección o reclamación judicial por parte de algunas de estas personas:

-Considerar dichos contratos temporales como fraudulentos y la conversión de estos en contratos indefinidos a tiempo completo.

-Considerar la práctica de la compañía como una infracción laboral grave, pudiendo ser sancionada con una multa administrativa de entre 626 y 6.250 euros.

-En caso de extinción de estos contratos, los trabajadores podrían reclamar por despido improcedente y la compañía tendría que abonar la indemnización prevista en estos casos (33 días de salario por año de servicio, con el tope de 24 mensualidades)”.

Esta compañía tan generosamente regada, so pretexto de salvar empleos, no sólo presentó dos expedientes de suspensión de empleo en 2020. El primero afectó a la totalidad de la plantilla. Duró un mes, de 15 de marzo a 15 de abril de 2020. El 16 de abril presentó otro. Actualmente 125 trabajadores siguen en ERTE, y 28 trabajan a tiempo parcial. Pero no sólo recortaba plantilla a la espera del maná. También redujo salarios.

Se reducía más cuanto más ganaba el empleado. Aquel que cobrase 60.000 euros perdería el 45%. Sólo los que cobrasen menos de 13.000 euros estaban exentos de la rebaja. La reducción entraría en vigor el 17 de julio de 2020 y duraría hasta el 31 de enero de 2022, es decir, después de haber recibido los 53 millones del Ejecutivo. La gran mayoría de los empleados, unos 275, ganaban menos de 15.000 euros brutos. Plus Ultra pide una ayuda multimillonaria para sufragar una plantilla mileurista. Con tales medidas, ERTE’s y reducción de salarios, la empresa ahorró siete millones de euros. El recorte salarial suponía el 20% en conceptos fijos y el 20% en variables. No hay convenio colectivo. Cada trabajador negocia su contrato.

Rodolfo Reyes Rojas. 

Pero el Gobierno no sólo disponía de sospechas de masivas irregularidades laborales antes de aprobar la ayuda a Plus Ultra. Tenía certezas.

“Diligencia de Inspección de Trabajo y Seguridad (dirección provincial de Madrid) en la que se deja constancia de la actuación inspectora llevada a cabo sobre la compañía los días 29 de octubre de 2020, 3 de noviembre de 2020 y 10 de noviembre de 2020. La visita la realiza Inspección de Trabajo.

– El motivo de la inspección era comprobar la jornada realizada por uno de los trabajadores de la compañía (xxx), el cual estaba afectado por un ERTE de reducción de jornada al 50%. Dicho empleado, además, mantiene dos procedimientos judiciales contra la compañía.

-Según la actuación inspectora, la “compañía ha vulnerado gravemente la prohibición de dar ocupación a los trabajadores afectados por las medidas de reducción de jornada en horario de reducción comunicado a la autoridad laboral y a la entidad gestora de las prestaciones por el desempleo”, pues se ha comprobado que dicho empleado ha venido prestando servicios a razón del 91% de su jornada ordinaria durante la afectación de su expediente de regulación de empleo en cuya virtud se le redujo al 50% su jornada de trabajo”.

Pero no acababa aquí la información que poseía la Seguridad Social sobre el proceder laboral fraudulento de Plus Ultra. “La Inspección de Trabajo también ha verificado que el trabajador xxx “ha disfrutado fraudulentamente de las prestaciones por desempleo generadas desde el 20 marzo de 2020”. “A pesar de que se trata de una diligencia inspectora, esta práctica de la compañía, tanto en éste como en cualquier otro supuesto en que pueda acreditarse la misma irregularidad, podría ser considerada una infracción muy grave según el artículo 23 la LISOS (Ley sobre Infracciones y Sanciones en el Orden Social), cuya sanción podría ascender entre 6.251 y 187.515 euros”.

No consta sanción a Plus Ultra

Tampoco le inquietó al proclamado gobierno feminista de PSOE y Podemos que esta empresa no tuviera plan de igualdad. Las empresas con más de 50 empleados en plantilla están obligadas a elaborar un plan para conseguir la igualdad entre hombres y mujeres. El actual gobierno ha desarrollado esta exigencia nacida de una ley formulada por Zapatero en 2007. Dicha normativa impuso en 2019 la obligación de aplicarse antes del de 7 de marzo de 2020. En agosto, cuando solicitó 53 millones, Plus Ultra no lo poseía. Ni tampoco una auditoría retributiva. Ni había encargado la elaboración de plan alguno. El Ejecutivo es consciente de la gravedad del hecho: “Desde un punto de vista estrictamente legal, la falta de igualdad implementada en la empresa está tipificado como infracción muy grave en la LISOS, pudiendo ser sancionada esta práctica con una sanción administrativa de entre 6.521 y 187.515 euros”.

Julio Martínez Solas.

Estas multas, de aplicarse en su grado máximo, podrían desequilibrar la ruinosa contabilidad de Plus Ultra.

Pero mientras Plus Ultra racaneaba en las retribuciones de sus trabajadores o en las desigualdades de las empleadas, mimaba a uno de sus directivos más allá de los límites legales a tenor de los datos oficiales: Rodolfo Reyes Rojas, venezolano al que la exiliada fiscal general de dicho país considera destacado miembro de la trama delictiva del chavismo. Cobró como consejero y directivo. “De acuerdo a los datos facilitados, la retribución satisfecha al director general durante el ejercicio de 2019 asciende a 287.000 euros, si bien a efectos mercantiles el importe máximo máxima debería ascender a 150.000 euros”. “El exceso de remuneración no cumple los requisitos mercantiles”. Y esto entraña un posible riesgo fiscal.

Rojas reclamaba una ayuda porque su empresa estaba en la quiebra mientras ganaba el triple que el presidente del gobierno al que mendigaba. Además, en 2019 cobró una indemnización de 150.000 euros en concepto de “compensación por el compromiso de no competencia suscrito entre este directivo/consejero de la compañía”. Total, este directivo venezolano sangró 437.000 euros a su ruinosa empresa un año antes de acudir a la SEPI.

Tanto Rojas como su compañero de equipo directivo Julio Martínez Solas tenían blindado el cobro de una indemnización “superior al legalmente previsto” en caso de despido por un monto que rondaba entre 190.000 y 237.0000 euros. En suma, salarios y blindajes dignos de directivos del IBEX en una empresa al filo de la quiebra con cero aviones en propiedad y con una plantilla fraudulenta y mileurista.

Fuente: Francisco Mercado – El Cierre Digital

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