Henry Parot y el ‘Pollo’ Carvajal prueban la corrupción de la Ley en España

El Gobierno de Sánchez cuenta ya con jueces tan echados a perder en lo político que no hace falta corromperlos en lo económico.

Han bastado dos nombres en una semana, los del asesino en serie Henry Parot y el torturador y genocida El Pollo Carvajal para demostrar que, en la España de Sánchez, que es la que tenemos, no existe la Ley, y, si del Gobierno depende, no existirá, porque cuenta ya con jueces tan echados a perder en lo político que no hace falta corromperlos en lo económico. Por si acaso, todo ascenso profesional supone recompensa material. ¿Y cómo se asciende? Por el favor político. ¿Y cómo se logra? Con un favor judicial.

La Audiencia Nacional o la justicia post-mortem

El favor que la Audiencia Nacional, tribunal especial para la lucha contra el terrorismo, o por eso cobran los que allí trabajan, ha hecho al Gobierno es no impedir el homenaje a Henry Parot que se preparaba en Mondragón tras ser puesto en libertad por Marlaska y Sánchez. Parot es el más sanguinario de los asesinos en serie de la ETA, que, en su versión política, Bildu, es aliado importante del Gobierno del PSOE y Podemos y socio clave en la comunidad de Navarra. Cualquier ciudadano ligeramente informado conoce una de sus masacres más atroces, la de la casa-cuartel de la Guardia Civil en Zaragoza, donde la banda etarra, hoy bildutarra, asesinó de noche a 11 hombres, mujeres y niños.

La familia Alcaraz, víctimas entre las víctimas, ha impedido, desde la época más noble de la AVT hasta hoy, que aquella masacre cayera en el olvido, como quiere la Izquierda, y todos conservamos las imágenes de las niñas destrozadas y sus ataúdes blancos. Si se quiere mirar, claro está. Pero se ve que la última moda en la Audiencia, sobre comentar amores pasados y presentes del juez Pedraz, es calarse la venda simbólica hasta el gaznate.

Sólo eso explica que un juez llamado Calama haya argüido para no prohibir el enésimo ongi etorri de homenaje a los etarras excarcelados que el Gobierno viene permitiendo, que no puede prohibir algo que no sabe si sucederá. Pero sí sabe lo que ha sucedido en la vida de Parot, que son sus crímenes, y también lo que ha sucedido en todos los homenajes de vuelta a casa de los asesinos etarras, y conoce la indignación, hija de la humillación, de las víctimas de Parot. ¿Y a pesar de saber todo eso, no ha prohibido el acto? No. Para disimular ha dicho que lo haga la Delegación del Gobierno, que, con los mismos elementos de juicio, también ha rehusado. Y lo mismo el Gobierno Vasco, que no nació para molestar a sus hermanos de la ETA.

El resultado es que toda la legislación antiterrorista se ha anulado para favorecer la política del Gobierno, que es la de ayudar a la ETA en lo que necesite, desde favores carcelarios a expansiones de sádica alegría. ¿Qué son treinta y nueve muertos al lado de los intereses de un Gobierno de progreso, que reconoce en forma de ascenso el mérito de los jueces que muestran esa misma sensibilidad, diga lo que diga una Ley de otra época?

Es trágico que toda la arquitectura legal creada trabajosamente a lo largo de cuatro décadas para luchar eficazmente contra el terrorismo sea ignorada y ridiculizada por un juez común ante el asesino menos común de los infinitos asesinos terroristas. Ya pueden sus señorías y el Gobierno -su señor- cerrar la Audiencia Nacional, cobrar el finiquito y marcharse a casa. La jornada de ayer certificó que el verdadero abogado de la ETA se llama Sánchez. Y que todos los juzgados y gobiernos sirven a su abyecta política.

Ni contra el terrorismo ni contra el narcotráfico

La Audiencia Nacional se creó como sucesora del TOP franquista, ya en democracia, para asegurar que los jueces pudieran condenar terroristas fuera de su entorno geográfico, donde eran fácil objeto de chantaje. No hay “juez natural” cuando el juez no puede actuar “naturalmente” o en libertad. Ligada técnicamente a esa dificultad era y es la lucha contra el narcotráfico, cuya capacidad de amedrentamiento y corrupción es letal para la correcta aplicación de la Ley. Terrorismo y narcotráfico están cada vez más unidos, sea en las organizaciones comunistas sea en las técnicas terroristas usadas por ambos, por separado o, como en Colombia y Perú, simultáneamente.

Así, resultó que una jurisdicción especial, expresamente prohibida por la Constitución pensando en los viejos tribunales militares, se impuso en la AN por necesidades civiles. Y en los años más duros del terrorismo, en la década de los 90 del siglo pasado, la tarea de la Audiencia, tanto de jueces como de fiscales, fue heroica, con víctimas como la fiscal Carmen Tagle, asesinada por la ETA, o en defensa del Estado de Derecho, como cuando los “fiscales indomables” que capitaneaba Eduardo Fungairiño y eran María Dolores Márquez de Prado, Ignacio Gordillo y Pedro Rubira se enfrentaron al Gobierno del PSOE por los crímenes del GAL y otros casos. Fue la época en que la Audiencia Nacional logró mayor prestigio ante la opinión pública y se convirtió en lugar deseado para la carrera profesional.

Sin embargo, la ampliación de las funciones de la AN a los delitos económicos, ligados en principio al narcotráfico por el lavado de dinero, pero cada vez más centrado en las actividades bancarias, fue distorsionando la función primitiva de la Audiencia y convirtiéndola en un tribunal político o sensible a las presiones políticas, y, por ese camino, más susceptible de corrupción. La figura emblemática fue Baltasar Garzón su juez estrella, que pasó de enemigo de González por el GAL a venderse como número dos del propio González y, al no ver cumplida su promesa de hacerlo ministro, de nuevo enemigo de González, al que casi llevó a la cárcel. Después se hizo figura judicial al servicio de los comunistas de todo el mundo, en el caso contra Pinochet y luego nada menos que contra Franco. Sus servicios al PSOE de Zapatero fueron tan sórdidos como parte de las cloacas del Estado que acabó expulsado de la carrera por prevaricación en el caso Gurtel y ha dejado las célebres grabaciones junto a Villarejo y Dolores Delgado que prueban el fango en que se había sumido esa jurisdicción. Particularmente sórdida es la carta de extorsión a Emilio Botín firmada por Garzón como juez. De ahí pasó a gestionar los problemas del blanqueo del narcotráfico del Cartel de los Soles, es decir, del régimen de Hugo Chávez y Maduro. Su bufete ha declarado 7.5 millones de euros de beneficio neto en España. Se supone que en paraísos fiscales puede cobrar y guardar muchísimo más.

El triángulo Garzón-Delgado-Caracas

El lector conoce la relación de Garzón con Dolores Delgado y De Prada, juez de la AN que ha participado en actos de respaldo a la ETA, mostrando la más abyecta degradación de la jurisdicción antiterrorista, y cómo la “morcilla” contra Rajoy en una sentencia que la propia Justicia ha declarado ilegal pero que catapultó a Sánchez a la Moncloa, fue premiada con el Ministerio de Justicia y la Fiscalía General del Estado para la pareja de Garzón, Dolores Delgado la del “información vaginal, éxito asegurado” y “Marlaska es maricón”, que abochornarían a una carrera menos corrupta u obediente y que ha protagonizado un escándalo tras otro. El mayor, sin embargo, es ostentar esos cargos siendo la novia del Abogado del Narco.

El triángulo Garzón-Delgado-Caracas está por explicar del todo, ya que hay piezas villarejas aún en la nevera de los casos por juzgar, pero el caso del Pollo Carvajal ha mostrado los extremos de degradación, léase corrupción, a que ha llegado la Administración de Justicia con Sánchez. El artículo de Miguel Ángel Pérez en Libertad Digital sobre este asunto es una descripción tan brillante como aterradora del caos absoluto que reina en lo que un país decente consideraría asuntos de alta seguridad del Estado, pero que aquí se han convertido en una cloaca dentro de otra y de otra y de otra. Léase, junto al de MAP, el artículo de Agapito Maestre sobre quiénes son los protectores políticos del Pollo Carvajal, que es uno de los delincuentes internacionales más peligrosos. La conclusión es inapelable: el primero, el Presidente: luego, los ministerios de Interior y Justicia; luego, los jueces que negaron su extradición, con el garzonita De Prada y Guevara al frente; luego, la vicepresidencia comunista de Sánchez -antes Pablo Iglesias, ahora Yolanda Díaz-; y por encima y por debajo de todos y de todo, el CNI, que a medias con los jueces de la Audiencia, los ministros bolivarianos del PSOE y de Podemos, amén de la red de corrupción que mejor que nadie conocen. El resultado es que no se extraditó a Carvajal, pero tampoco se le concedió asilo político, o sí y no, y el CNI lleva dos años largos de casero del Pollo. Al final, la DEA tuvo que dar la dirección en que se ocultaba, aunque hay versiones de que el CNI sabía perfectamente dónde estaba… y ahí lo dejó, a la espera de órdenes políticas. Éstas se escudaron en la falta de decisiones legales, también fallidas, y se produjo un peloteo similar al del caso Parot.

¿Tiene España política exterior propia?

Pero si en el caso del sanguinario terrorista etarra podemos hablar de una responsabilidad política y moral directa de la Audiencia y el Gobierno, en el caso del Pollo se trata de una red de complicidades al más alto nivel. El resultado es que el jefe de contrainteligencia del régimen comunista de Caracas, responsable de la represión, tráfico de drogas y armas, y lavado de dinero, lleva años sin ser extraditado por las evidentes complicidades que el narco-comunismo tiene con los poderes políticos de la Izquierda española.

Desde nuestra Embajada en Caracas, donde los Morodo lavaban las coimas de Pedevesa, a las cuarenta maletas de Delcy Rodríguez y Ábalos, pasando por la financiación de Podemos y la relación con las FARC del PCE de Enrique Santiago, abogado de los terroristas en La Habana, cabe decir sin exagerar que la política exterior española, como acaba de probar el Parlamento Europeo, actúa como narcocancillería del Foro de Sao Paulo.

La defensa de la dictadura cubana en Estrasburgo por un elemento del comunismo en España ha coincidido con la de López Obrador en el II Centenario de México, convertido en cántico a la tiranía castrista. Borrell podría llamarse Obrador, o Cobrador, como en El conejo en la luna. Pedro Sánchez podría apellidarse Kirchner, o simplemente K. Y Monedero, claro, Luminoso, como pionero en ir a sablear al gobierno senderista de Lima. La política exterior española no existe como realidad autónoma. Somos un apéndice, valioso por europeo, de la diplomacia bolivariana. Es lógico que a los españoles, sobre todo a las víctimas del terrorismo, nos traten los rojos de aquí como a los cubanos, venezolanos o peruanos de allá: a patadas. Con todas las de la Ley, eso sí, despachada en juzgadillos de alcance y alcancía.

Fuente: Federico Jiménez Losantos – Libertad Digital

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