Redada policial contra la prostitución de menores en Mallorca con 17 detenidos

Entre las 13 víctimas hay chicas de centros de tutela. Hay 14 arrestados de entre 21 y 65 años.

Operación policial en Mallorca contra la prostitución de menores, algunas de ellas captadas en centros de tutela y pisos de acogida que dependen de la administración.

La Policía Nacional ha arrestado a 17 personas implicadas en un entramado dedicado a la explotación y el abuso sexual de niñas tras una larga y compleja investigación que lleva meses desarrollándose y que persigue hechos acaecidos entre los años 2018 y 2019.

Entre los arrestados hay 14 adultos. Son 10 hombres y cuatro mujeres de entre 21 y 65 años de edad y están implicadas además tres chicas menores de edad por haber realizado presuntamente labores de captación de otras menores con las que trababan amistad y a las que persuadían para acceder a prácticas sexuales. Estas tres menores fueron arrestadas en agosto por corromper a otras chicas y declararon ante la Policía.

Ayer fueron detenidos los adultos acusados de haber corrompido y abusado de las niñas para mantener relaciones sexuales a cambio de dinero o retribuciones materiales. Contactando en algunos casos con ellas a través de páginas web de adultos donde se insertaban reclamos.

De momento hay 13 víctimas identificadas, según fuentes policiales, aunque la investigación sigue abierta y no se descarta que haya más detenidos y se detecten más casos. Según la Policía, los hechos se remontan a hace dos o más años.

Este golpe policial se produce en una comunidad azotada por el escándalo de la prostitución de menores tuteladas. Un asunto que saltó a la palestra a principios del año 2020 tras denunciarse una violación grupal a una menor que estaba en un piso de acogida.

Aquel incidente destapó que aquel no era un hecho aislado sino un fenómeno recurrente entre centros de menores y el gobierno insular de Mallorca acabó aceptando que había investigado al menos 16 casos en los últimos años.

 

Ante la presión social, la Fiscalía abrió una investigación para determinar si existían redes organizadas de prostitución de menores tuteladas y la archivó al considerar que los casos eran de extrema gravedad pero aislados e inconexos, sin poderse acreditar que existiera una red criminal organizada. Cada caso se fue investigando por separado y, de hecho, en 2021 se produjo la primera condena a un hombre de 39 años, sentenciado a 8 años y medio de prisión.

Sin embargo, la Unidad de Familia de la Policía Nacional en Palma ha seguido trabajando durante meses, siguiendo numerosas pistas y, sobre todo, intentando recabar testimonios directos de jóvenes tanto dentro como fuera del sistema. Una labor muy complicada por el hermetismo que rodea a estos casos y la propia condición de menores de las víctimas. Muchas de ellas con complicados antecedentes a sus espaldas. EL MUNDO ya informó de que estas investigaciones seguían abiertas, referentes a hechos acontecidos a finales de la década pasada.

Las pesquisas han avanzado con el mayor secreto y ahora se produce esta batería de detenciones.

LA GUERRA POLÍTICA

Mientras, no ha cesado el enfrentamiento político. La oposición en Baleares (PP, C’s y Vox) han reclamado de forma reiterada la creación de una comisión de investigación parlamentaria, llevando el asunto hasta el Congreso de los Diputados en 2020. Hace apenas dos semanas el PP volvió a reclamarlo al seguir el goteo de denuncias de posibles casos de prostitución de menores bajo tutela en los medios.

Los partidos que gobiernan en las Islas (PSOE, Unidas Podemos y Més, que gobiernan en alianza en las Islas desde 2015) se han negado a la creación de esa comisión, alegando que las fuerzas policiales y la Fiscalía hacían su labor y proponiendo como alternativa una comisión política en el Consell de Mallorca, la institución de la que dependen los servicios de tutela. Nadie ha dimitido por el escándalo.

Se encargó además un informe a un comité de expertos que, entre otras conclusiones, acreditó que en algunos casos habían transcurrido hasta 17 meses desde las sospechas de abusos sexuales a menores tuteladas y la denuncia ante la Policía.

Fuente: Eduardo Colom – El Mundo

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