La Abogacía del Estado intenta expulsar a las acusaciones del “caso Ghali”

Reclama al juez que investiga la entrada del líder polisario en España que les imponga 150.000 euros de fianza si siguen en la causa.

La Abogacía del Estado quiere apartar del procedimiento a las acusaciones del «caso Ghali» y ha pedido al juez que investiga si el líder del Frente Polisario entró el pasado 18 de abril en España con documentación falsa que expulse de la causa al denunciante de los hechos, el abogado Antonio Urdiales, y a la acusación que ejercen otros dos ciudadanos, Mohamed Rachad y Juan Vicente Pérez, o en su defecto les exija una fianza de 150.000 euros.

En un escrito remitido al titular del Juzgado de Instrucción número 7 de Zaragoza, Rafael Lasala –al que ha tenido acceso LA RAZÓN–, la abogada del Estado María del Mar González achaca al letrado que impulsó la denuncia la «gran difusión de distintos informes o documentos que figuran aportados al sumario», por lo que considera que «estaría incumpliendo el deber de reserva».

De hecho, insta al instructor a llevar a cabo las «actuaciones de comprobación que se estimen precisas» para determinar si debe ser sancionado con una multa de 500 a 10.000 euros, invocando el artículo 301 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal.

En defensa del ex “número dos” de Laya

Para la Abogacía, la denuncia interpuesta no es suficiente para abrir diligencias al no reconocer al letrado le la condición de perjudicado, por lo que en su opinión se habría producido un fraude procesal, pues entiende que solo podría estar personado en el procedimiento como acusación popular (para lo que se precisa la interposición de querella y la prestación de fianza). Un argumento que extiende a los otros denunciantes. Sin embargo, lo cierto es que pese a que en un principio el instructor aceptó su personación como perjudicado, finalmente lo hizo como acusación popular en una resolución posterior.

«Debe ser apartado de inmediato de este procedimiento, al que nunca debió acceder en su condición de denunciante», sostiene la Abogacía del Estado, que apremia al juez a no permitir su intervención en las próximas diligencias, entre ellas la declaración prevista para el próximo lunes del diplomático Camilo Villarino –a quien precisamente defiende la Abogacía del Estado–, ex jefe de gabinete de la que fuera ministra de Exteriores Arancha González Laya, imputado en la causa por ordenar al número dos del Estado Mayor del Ejército del Aire que se eximiera a Ghali del control de pasaporte y de aduana a su llegada a la base militar de Zaragoza el pasado 18 de abril.

Aval policial a sus documentos: no advierte fraude o engaño

A la espera de la decisión judicial, la investigación sigue adelante. El juez Lasala ya tiene en su poder un informe de la Comisaría General de Información sobre los distintos expedientes del líder del Frente Polisario para conseguir el DNI y la nacionalidad española.

Para tramitarlos aportó un DNI saharaui y un pasaporte argelino donde constan datos incorrectos respecto al año y lugar de nacimiento (consta que nació en 1949 en Argel, cuando en realidad lo hizo en Smara, en el Sahara, el 16 de agosto de 1948). Pese a esos datos contradictorios, el informe policial concluye que «su condición de extranjero residente y de nacional español fue obtenida legalmente, sin que se aprecien indicios de fraude o engaño».

De hecho, el análisis policial de los diferentes expedientes señala que «según sentencia difieren los nombres porque en España es preceptivo incorporar el apellido de la madre en la filiación».

El informe subraya que Ghali obtuvo la nacionalidad española en el año 2004 en el Registro Civil de Valencia, obteniendo el DNI, ambas cosas «a tenor de su condición de nacido en el Sahara durante su pertenencia a España».

El pasaporte argelino del «profesor» Ghali

En el pasaporte argelino (que Argelia expedía al éxodo saharaui de 1975 y que no servía para acreditar esa nacionalidad) de 29 de julio de 2003 que Ghali utilizó para tramitar su documentación en España , consta que Gali Sidi Mustafa Sidi Mohamed nació en Argel (y no en Smara, en el Sahara) el 16 de agosto de 1949 (en realidad lo hizo un año antes). Aunque en esas fechas era representante del Frente Polisario en España (lo fue hasta 2008), figura como su profesión «profesor».

Para ese trámite aportó un DNI saharaui expedido el 14 de noviembre de 1970 (documento acreditativo de nacionalidad española al que todo saharaui tenía derecho antes de 1975, cuando Sahara era una provincia española). Pero lo hizo, admite el informe policial, presentando «varias identidades certificadas por la Delegación del Sahara para España», un hecho que sin embargo «no tiene mayor trascendencia administrativa», apunta la Policía.

Antes, Ghali había obtenido el NIE el 7 de julio de 1999 a nombre de Brahim Ghali Moustafa. En esas fechas –cuando fue nombrado representante del Frente Polisario en España– no tenía DNI español ordinario, pero sí «DNI bilingüe y pasaporte argelino».

Fuente: Ricardo Coarasa – La Razón

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