Lo que el Gobierno no quiere que sepamos del precio de la luz

El intervencionismo del Gobierno es responsable de un 56,61% del coste de la factura.

La última ocurrencia del Gobierno, en este caso de la vicepresidenta Ribera, ministra del ramo, no es otra que sugerir que podría crear una empresa pública de energía, además de no desmentir la idea que sobrevuela en algunos ámbitos próximos al Gobierno para nacionalizar alguna parte hidráulica de las compañías eléctricas, por no hablar del empeño de Podemos, sin ningún disimulo, para nacionalizar completamente las compañías energéticas.

En lugar de esa disparatada política, que sólo sirve para generar confusión, incertidumbre e inseguridad jurídica, el Gobierno debería preguntarse por el motivo por el que España es menos competitiva en sus precios energéticos, que incide en la menor productividad total de los factores y, con ello, en la menor competitividad global de nuestra economía, al tiempo que empobrece al conjunto de la sociedad, al perder poder adquisitivo.

Hay varias razones que nos llevan a esa situación dentro de la mala planificación del “mix” energético. Por un lado, se mantienen unas energías renovables que, en muchos casos, siguen sin ser rentables, cuyo soporte público vía subvenciones termina pagando, de una u otra forma, el usuario. Una cosa es que sea deseable que la energía que se emplee sea lo más limpia posible y otra muy distinta es que sea todavía más cara que limpia, empobreciendo al conjunto de nuestra economía.

Otra parte importante del coste lo constituyen los peajes y los impuestos, hasta unos niveles tremendamente elevados en su impacto en la factura energética. Adicionalmente, pagamos todavía la moratoria nuclear que el PSOE llevó a cabo en los años ochenta, en una decisión populista y equivocada, que sólo conduce a unos mayores costes.

De esa manera, nos encontramos con que del total de la factura eléctrica, un 43,06% de la misma se debe a costes regulados y un 13,55% a impuestos aplicados. Es decir, el intervencionismo es responsable de un 56,61% del coste de la factura, de manera que más de la mitad de la misma depende de unos elementos que no los determina el mercado y que pueden provocar, como en estos momentos, distorsiones importantes al alza en el coste de la energía y en la pérdida de poder adquisitivo de los agentes económicos.

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Es más, si analizamos qué esconde el concepto de costes regulados nos encontramos con los incentivos a las energías renovables, que suponen un 39,44% del importe que los costes regulados aportan a la factura de la electricidad; otro 40,33% se debe a los costes de redes de distribución y otro 20,23% a costes entre los que se encuentra el déficit tarifario anual.

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En cuanto al impacto de los impuestos, que hemos visto que pesan un 13,55% en la factura, del total que aportan un 32,62% lo genera el impuesto eléctrico (un 5,11269632% sobre la facturación de la electricidad suministrada) y un 67,38% se debe al IVA reducido del 10%.

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Por tanto, debe hablarse claro:

  • El coste de las renovables es tremendo y encarece de manera muy importante la factura de los ciudadanos.
  • La moratoria nuclear y el no apostar por dicha energía está incrementando el coste de la factura, tanto por escasez de energías limpias y baratas, al renunciar España a la nuclear y apostar por las carísimas e inciertas renovables, como por tener que completar el mix energético con mayor cantidad de la energía de las centrales de ciclo combinado -alimentadas por gas- al fallar las renovables en muchas ocasiones en cuanto a la cantidad de generación de energía que pueden aportar. Dicho gas, marca un precio marginal máximo mayor para toda la energía. El precio de los derechos contaminantes sube -también de manera regulada e intervenida- y eso eleva más todavía la factura eléctrica.
  • El intervencionismo eleva los costes regulados, afectando de manera muy importante a toda la energía.

España no puede seguir así. Debe redimensionar la composición de su conjunto energético para abaratar la energía y hacer que nuestra industria sea competitiva, además de evitar la pérdida de poder adquisitivo de los ciudadanos. Por ello, debe apostar por energías limpias, sí, pero eficientes. No sirve envolver todo de verde si ello es perjudicial. Limpio, sí, pero eficiente. En ese punto, se hace imprescindible retomar la opción de la energía nuclear, donde España puede ser un gran productor, al tiempo que es una energía limpia y, además, segura. Los problemas que ha habido en alguna central nuclear de otros países no se debe a que la energía nuclear no sea segura, sino a que no había un adecuado mantenimiento por ausencia de recursos, como sucedió en Chernóbil, derivado de la podredumbre y miseria originada por el régimen tiránico comunista de la felizmente extinta Unión Soviética. Además, es completamente incoherente que no queramos centrales nucleares, que nos abaratarían mucho nuestra producción y nos garantizarían buena parte de nuestras necesidades energéticas, y que, paralelamente, le compremos energía nuclear a Francia para completar ese “mix” energético.

No se trata de nacionalizar nada ni de expropiar nada, en primer lugar porque la propiedad privada es sagrada; en segundo lugar, porque la iniciativa privada es más eficiente que la pública en la práctica totalidad de ámbitos, con lo que la factura no disminuiría en manos públicas, sino que aumentaría; y en tercer lugar, porque podría camuflarse el precio con gasto público, es decir, con más déficit y más deuda, lo cual es insostenible.

Se necesitan ideas nuevas, empuje, determinación, coraje para afrontar decisiones y vocación de servicio público para aplicar medidas imprescindibles que permitan conjugar energía limpia y eficiente. No parece que el actual Gobierno se encuentre en condiciones de ello, como vemos, ya que sus ideas se acaban en más gasto, más empresas públicas y la nacionalización por el lado comunista del Gobierno, sin ser replicadas esas afirmaciones por los socialistas. De seguir así, no se solucionará el problema energético, sino que se agravará y, con él, España perderá competitividad, los ciudadanos tendrán menor poder de compra y el conjunto de su economía se empobrecerá.

Fuente: José María Rotellar – Libre Mercado

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