El juez acorrala a Laya: ordena investigar cómo salió de España el líder del Polisario

El magistrado de Zaragoza que indaga irregularidades en la llegada de Brahim Ghali requiere a la Policía para identificar los mandos que gestionaron su salida desde Pamplona.

El Juzgado de Instrucción número 7 de Zaragoza ha acordado una nueva batería de medidas para esclarecer los pormenores de la salida de Brahim Ghali de España el pasado 2 de junio. El magistrado Rafael Lasala, que investiga si se produjo alguna irregularidad con la llegada del líder del Frente Polisario, ha ordenado a la Policía que identifique al mando o autoridad que está detrás del operativo que gestionó su partida a Argelia tras declarar en la Audiencia Nacional.  

Lasala, que acaba de imputar en el procedimiento al exdirector de gabinete de la exministra de Exteriores Arancha González-Laya, ha accedido a la petición de las acusaciones populares y ha requerido a la Brigada Provincial de Extranjería para que informe al juzgado de la identidad de las personas que accedieron a la Sala de Autoridades del Aeropuerto de Pamplona, desde donde partió el líder saharaui hacia Argel.

Así lo plasma en una providencia a la que ha tenido acceso Vozpópuli y en la que solicita además que identifique la autoridad o mando que dio luz verde a la salida de Ghali y sus acompañantes, así como lo relativo al control de pasaportes y equipajes realizado antes del embarque. El avión partió del aeropuerto a las 1.40 horas del 2 de junio después de que el líder del Polisario declarase por videoconferencia ante el magistrado de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz.

De este modo, el magistrado amplía las pesquisas que arrancaron el pasado mes de junio por un posible delito de falsedad documental con la entrada el 18 de abril del líder saharaui. El titular del juzgado, Rafael Lasala, ha incorporado hasta la fecha los testimonios del jefe de la base aérea de Zaragoza, el general José Luis Ortiz- Cañavate; del segundo jefe del Estado Mayor del Ejército del Aire, Francisco Javier Fernández Sánchez; y del que fuera mano derecha de Laya en Exteriores, Camilo Villarino.

La Policía se ratifica

El juzgado se dirigió a todos ellos para esclarecer, en primer lugar, si Ghali entró en España empleando su propio pasaporte -como defendió el Ejecutivo en reiteradas ocasiones- o, por el contrario, lo hizo con otra identidad. La Audiencia Nacional, que acaba de archivar una de las dos causas abiertas contra él por delito de genocidio- indaga si cometió delitos de tortura y lesa humanidad pero ya dejó claro que no investigaría lo relativo a una presunta falsedad documental por no ser competencia de este órgano.

Lo que sí consta acreditado a tenor de los informes policiales incorporados en las causas que sigue Pedraz es que Ghali ingresó en el hospital de Logroño bajo la identidad falsa de Mohamed Benbatouche. Así lo recoge un oficio de la Comisaría General de Información de la Policía incorporado a la Audiencia Nacional a principios de mayo. En el documento, que se acaba de adherir a la causa que se sigue en Zaragoza, la Policía reitera que el también presidente de la República Árabe Saharaui Democrática (RASD) ingresó en el Hospital de La Rioja con otro nombre diferente y un número de pasaporte no contrastado.

El líder Polisario llegó acompañado de un doctor argelino que portaba documentos médicos de Ghali (de nuevo con otra identidad falsa) y una persona que, aunque se presentó como familiar del paciente, se trataba del ‘número dos’ del movimiento, Salem Lebsir. El reconocimiento por parte de los médicos que le atendieron de que se trataba del líder del Polisario y su posterior acreditación policial derivó en la reapertura de unas diligencias penales que se remontan a 2008 y el estallido de una dura crisis con Marruecos que todavía no se ha cerrado.

Rabat acusó a España de gestionar la llegada de Ghali a sus espaldas y respondió permitiendo la entrada masiva de inmigrantes en Ceuta. El Gobierno, por su parte, negó estas acusaciones sosteniendo que se le facilitó su ingreso en España por razones estrictamente humanitarias tras haber enfermado por covid. Sin embargo, las declaraciones recabadas por el juzgado de Zaragoza ponen de manifiesto que no se identificó ni al Polisario ni a sus acompañantes por órdenes no escritas de Exteriores.

Nueva declaración en septiembre

El primero en responder fue Cañavate. El general jefe de la Base Aérea de Zaragoza expuso que recibieron órdenes por vía telefónica desde el Estado Mayor del Ejército del Aire de que la aeronave que provenía de Argelia “no pasara el control de pasaportes ni aduana“, por lo que se desconocía la identidad de sus ocupantes. Por su parte, el segundo jefe del Estado Mayor del Ejército del Aire confirmó que hubo instrucciones de no identificarle. Las mismas las dio el jefe de gabinete de Laya vía Whatsapp.

El instructor solicitó esas comunicaciones para incorporarlas a la causa y citó como investigado a Villarino para el próximo 1 de septiembre. Igualmente llamó como testigo a Francisco Javier Fernández Sánchez, si bien ha acordado retrasar su testifical al próximo 13 de septiembre a petición expresa del propio teniente general que toma posesión como representante militar de la OTAN en España en Bruselas el día que se había señalado su comparecencia.

Mientras tanto la Audiencia Nacional ya ha remitido las conclusiones policiales incorporadas en mayo, tal y como solicitó el abogado denunciante de estos hechos, Antonio Urdiales. En su respuesta, el órgano acredita que sí identificaron al activista político antes de tomarle declaración el 1 de junio desde el hospital de Logroño. La letrada de la Administración de Justicia del Juzgado Central de Instrucción número 5 recalca que constataron correctamente su identidad, de acuerdo con la documental que acaba de incorporarse a esta causa y a la que ha tenido acceso este diario.

Sin embargo, las acusaciones denuncian que esta diligencia solo consistió en preguntarle si era Ghali y que se le tendría que haber requerido el pasaporte. La defensa del Polisario, que ejerce el penalista experto en Derecho Internacional Manuel Ollé, ya pidió el archivo de los procedimientos al considerar que no había prueba alguna que le pudiera implicar en las torturas denunciadas hace años, que la querella era “ficticia” y que el trasfondo de estas causas era claramente político. Tras su interrogatorio del 1 de junio, el magistrado Pedraz le dejó en libertad sin medidas cautelares.

Fuente: Gema Huesca – VozPópuli

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