Los crímenes del chavismo, a un paso de la Corte Penal Internacional

El régimen de Maduro cometió crímenes contra la Humanidad desde 2017, según la CPI.

La Corte Penal Internacional está más cerca de abrir una investigación formal contra las autoridades chavistas gracias a este informe que detalla los delitos cometidos por las Fuerzas de Seguridad venezolanas.

En Venezuela las autoridades judiciales no investigan ni sancionan a responsables de crímenes de lesa humanidad. La afirmación está contenida en un informe de la Fiscalía de la Corte Penal Internacional (CPI) de fecha 15 de junio de 2021, un día antes de que la gambiana Fatou Bensouda dejara el cargo en manos del nuevo fiscal Karim Khan, y que ahora se ha hecho público. En ese documento, la ex fiscal da por concluido su examen preliminar sobre posibles crímenes de lesa humanidad cometidos al menos desde 2017 por el régimen de Nicolás Maduro, conducentes a una acusación formal.

La exfiscal Bensouda ya había asomado el posible desenlace de dicho examen preliminar. En su informe de actuaciones de 2020, la Fiscalía de la CPI concluyó que “existe una base razonable para creer que se han cometido crímenes de lesa humanidad, particularmente en el contexto de la detención, en Venezuela desde al menos abril de 2017”.

La difusión del documento este jueves dio por concluido un recurso dilatorio introducido por el fiscal general del chavismo, Tarek William Saab. La Corte Penal Internacional reclasificó como público el papel firmado por Bensouda donde dice haber observado “inacción” por parte del Estado venezolano ante crímenes de lesa humanidad desde 2017 y reivindica su competencia para investigarlos en una fase aún por definirse. Es decir, da por cumplido el requisito de complementariedad y abre la puerta a la admisibilidad del caso venezolano ante la CPI.

El informe incluye la posición de la Fiscalía de la CPI incluso después de revisar la información presentada por las autoridades nacionales. “Esto se debe al número limitado de procedimientos internos pertinentes relacionados con los posibles casos identificados por la Fiscalía; su alcance muy limitado en relación con sus hallazgos; y la falta de pasos concretos y progresivos en esos casos para determinar la responsabilidad penal de los sospechosos”, señala el documento.

Además, señala a las autoridades venezolanas como responsables incluso de encubrir a los posibles perpetradores, pues “no están realmente dispuestas a investigar y/o enjuiciar esos casos”, y especifica que “esto se debe a que, según la información disponible, se han iniciado procedimientos internos o se han adoptado decisiones nacionales con el fin de proteger a las personas de la responsabilidad penal”, se lee en el texto, a lo que agregan que las investigaciones no se han llevado de manera independiente o imparcialmente, “lo que significa que se han llevado a cabo de una manera que es incompatible con una intención de llevar al interesado ante la justicia”.

A estas conclusiones se refería Fatou Bensouda antes de dejar su cargo en junio de 2021, cuando dijo que había alcanzado “una determinación final sobre el examen preliminar, y estuve preparándome para anunciar nuestras conclusiones en respuesta al grupo de Estados que lo solicitaron”, pero no pudo debido a las acciones interpuestas por el Ministerio Público venezolano.

Hay que recordar que la FIscalía de la CPI ha hallado evidencias de encarcelamiento y severa privación de la libertad física en violación de las leyes y normas internacionales fundamentales, tortura, violación y otras formas de violencia sexual, y persecución de un grupo identificable por motivos políticos.

Las averiguaciones del organismo pone en la mira a funcionarios de la policía nacional, la policía política, la policía científica, los servicios de inteligencia y otros cuerpos de la Fuerza Armada Naiconal. Además, personas afines al gobierno que “también participaron en la represión de opositores reales o presuntos al Gobierno de Venezuela, principalmente actuando junto con miembros de las fuerzas de seguridad o con su aquiescencia”.

Ahora corresponde al nuevo fiscal, el británico Karim Khan, decidir sobre este examen preliminar. Para ello, tiene hasta diciembre cuando la Fiscalía de la CPI debe emitir su nuevo informe de actuaciones. Se espera que el británico tome en cuenta el informe de su antecesora para emitir su decisión.

Khan podrá decidir abrir una investigación para identificar a responsables particulares de los crímenes, que puede incluir la cadena de mando de los cuerpos de seguridad; que el caso permanezca bajo examen preliminar; cerrar el procedimiento o adoptar el principio de complementariedad positiva para que sea la justicia venezolana la que actúe.

En todo caso, los demandantes en este caso y las víctimas han solicitado en reiteradas oportunidades a la CPI que se procesem a todos los responsables, incluyendo a la cadena de mando cuyo eslabón más alto es el propio Nicolás Maduro.

Respuesta por escrito

El fiscal del régimen, Tarek William Saab, tuvo una declaración a la prensa este jueves pero no se refirió al tema. Antes, publicó en twitter un comunicado en el cual rechaza el informe de la Fiscalía de la CPI pues, afirma, las actuaciones de la exfiscal Fatou Bensouda se llevaron a cabo “de manera unilateral y sin tener en cuenta ni la colaboración ofrecida por las autoridades ni la documentación presentada de la actividad investigadora del Ministerio Público y del Poder Judicial”. Por ello afirmó que “las conclusiones emitidas por la exfiscal carecen de valor alguno”.

Las autoridades venezolanas dijeron al nuevo fiscal de la CPI, Karim Khan, que están dispuestos “a demostrar con hechos la actuación y acción del Estado en esta materia, expulsando los prejuicios y prevenciones que la exfiscal ha demostrado con sus actuaciones parciales en este caso”.

A juicio del Ministerio Público, con una visita de Karim Khan al país se podrá demostrar in situ los supuestos esfuerzos de las autoridades para determinar responsabilidades. El objetivo del régimen de Maduro es claro: insistir en que la CPI recurra el caso a la jurisdicción nacional. Por ello insisten en que quieren “trabajar codo a codo con la Fiscalía de la CPI para asegurar la complementariedad plena”.

Fuente: Víctor Amaya – La Razón

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