Sánchez aterriza en el Prat con más ‘desviación de poder’ y violación del texto constitucional

La larga secuencia de pagos económicos y concesiones de soberanía a Cataluña y País Vasco puede incluir delitos de prevaricación y malversación.

Desde que Pedro Sánchez asumió la Presidencia del Gobierno (junio 2018), con un PSOE en clara minoría parlamentaria, en España hemos asistido a una continuada ‘desviación de poder’ del Presidente en su propio beneficio y para mantenerse en el poder. Gracias a los ‘pagos’ con fondos públicos del Estado y concesiones de la soberanía nacional a los gobiernos de País Vasco y Cataluña, para que sus partidos, ERC y PNV, ofrezcan a Sánchez la garantía de su presencia y permanencia en el poder.

Una escandalosa secuencia de decisiones gubernamentales que podrían ser objeto de una querella contra Pedro Sánchez en el Tribunal Supremo por la ‘desviación de poder’ que incluye y los presuntos delitos de prevaricación y malversación. Además de la inconstitucionalidad de varias decisiones por ‘discriminatorias e insolidarias’ con el resto de CCAA. Las que bien podrían recurrir a los Tribunales (incluido el TC) por su condición de damnificadas.

Lo que explicitado en el inventario de los últimos tres años de gobierno de Sánchez ofrece una ‘secuencia’ abrumadora que no responde al ‘interés general’ de la ciudadanía y del país, sino a una parte, e incluyen flagrantes discriminaciones, en fondos públicos y cesiones de soberanía nacional, en el solo beneficio de la permanencia y la presencia de Sánchez en el poder.

La sola creación de una ‘Comisión Bilateral del Estado y la Generalitat de Cataluña’ es, en su definición y actuación política, un hecho inconstitucional por cuanto Cataluña forma parte del Estado. Y no puede situarse a su nivel, y menos aún negociar con el Estado, representado por el Gobierno español, y obtener concesiones de índole económico, político y de soberanía, como ha ocurrido en los pasados días y amenaza con repetirse, incluyendo en ello la discriminación al resto de Comunidades Autónomas.

Con el solo objetivo, a corto y medio y plazo, de garantizarle a Sánchez su presencia y permanencia en el poder, conculcando con ello leyes, véanse los indultos ‘arbitrarios’ -sin arrepentimientos y con amenaza de reiteración- a los golpistas catalanes, o la marginación imperante en Cataluña del uso del idioma español -la lengua oficial del Estado- y la no aplicación al respecto de las decisiones de los tribunales, y preceptos constitucionales donde se garantiza la ‘solidaridad’ entre las CCAA y se prohíben expresamente los ‘privilegios económicos y sociales’, como escrito escrito de manera clara en el artículo 138 de la Constitución donde se dice:

El Estado garantiza la realización efectiva del principio de solidaridad consagrado en el artículo 2 de la Constitución, velando por el establecimiento de un equilibrio económico, adecuado y justo entre las diversas partes del territorio español, y atendiendo en particular a las circunstancias del hecho insular.

  1. Las diferencias entre los Estatutos de las distintas Comunidades Autónomas no podrán implicar, en ningún caso, privilegios económicos o sociales.

El acuerdo del pasado día 2 de agosto de la mencionada ‘Comisión bilateral con Cataluña -a todas luces inconstitucional- en donde se anunció por el Gobierno una inversión de 1.700 millones de euros en el aeropuerto del Prat, para una ampliación innecesaria (además otras inversiones no declaradas en la llamada ‘conexión ferroviaria con los aeropuertos de Reus y Gerona) constituye un vivo ‘privilegio económico y social’.

El que se ha querido camuflar con el anuncio de otra inversión, aún no aprobada ni presentada formalmente, en el aeropuerto Barajas de Madrid, que es tan innecesaria como la del Prat -en este tiempo de crisis, en los que las prioridades son otras- y que, en todo caso, discriminan al resto de las CCAA, lo que afecta al artículo 138 de la Constitución.

Por qué Reus tendrá un AVE y Zafra seguirá con un tren viejo

Y con el agravante simultáneo de que el Gobierno de Sánchez había acordado, el pasado 28 de julio y previamente, con el Gobierno del País Vaco la concesión de impuestos estatales de transacciones financieras y digitales, solo para que el lehendakari Íñigo Urkullu acudiera a la Cumbre de Presidentes autonómicos de Salamanca.

Lo que constituye otro hecho flagrante de discriminación del resto de las CCAA, y una parte del pago a PNV, como a ERC, de los votos parlamentarios para la aprobación de los PGE de 2022, para lo que todavía se esperan nuevas concesiones a Cataluña y País Vasco. En línea con lo vivido en los últimos tres años desde que Sánchez llegó al poder.

Una secuencia e inventario de concesiones y regalos entre ilegales y desde luego inconstitucionales, que la Oposición debe llevar ante el Parlamento y Tribunales de Justicia (en este caso el Supremo). Porque, si bien es cierto que cada caso aislado podría ser difícil de abordar desde la óptica del Código Penal, la secuencia completa de lo ocurrido en los pasados tres años presenta una clara ‘desviación de poder’ del presidente Sánchez en su propio beneficio personal.

Y sin perder de vista la más clara, por discriminación e insolidaria, violación del marco constitucional, empezando por la sola existencia de la mencionada ‘Comisión Bilateral’.

Fuente: Rafael Halcón – República

Comparte esta página:
4 1 voto
Calificación del post
Suscribirse
Notificar de
guest
1 Comentario
el más antiguo
El más reciente Más votado
Comentarios en línea
Ver todos lo comentarios
trackback

[…] Sánchez aterriza en el Prat con más ‘desviación de poder’ y violación del texto constitucion… […]