Oposición y CCAA pueden abrir una ‘causa general’ a Sánchez

Alguien tiene que poner freno al despilfarro discriminatorio de dinero público en favor de Cataluña y del País Vasco que practica sin pudor el Gobierno de Pedro Sánchez, desde hace tres años, para que el Presidente permanezca en el poder.

Y ese ‘alguien’ pueden ser las CCAA gobernadas por el PP una vez que se ha sabido la decisión del Ejecutivo de invertir en el aeropuerto del Prat 1.700 millones de euros para convertirlo, de una manera innecesaria, y con claro objetivo soberanista en intercontinental.

Y con el objetivo añadido de que la gestión y está frontera internacional de España acabe en las manos de la Generalitat, como otro paso en favor de la independencia de Cataluña. Porque todo esto de la presunta ‘necesidad’ de ampliación del Prat es absolutamente falso y además incluye riesgos para el medio ambiente.

Esta es una operación de soberanía y, en cierta manera, una ‘apropiación indebida’, de dinero público -aunque se pretenda tapar con otra inversión no solicitada en Madrid y el aeropuerto de Barajas- porque discrimina al resto de las CCAA, en contra de lo que exige el artículo 138 de la Constitución Española donde se afirma:

‘Las diferencias entre Estatutos de las distintas Comunidades Autónomas no podrán implicar, en ningún caso, privilegios económicos o sociales.’

Sánchez aterriza en el Prat con más ‘desviación de poder’ y violación del texto constitucional

Que es exactamente lo que ha ocurrido a propósito del Prat el pasado día 2 de agosto en la mal, e inconstitucionalmente, llamada ‘Comisión Bilateral del Estado y la Generalitat de Cataluña’. Un organismo y unas reuniones que, de por sí, están fuera del marco constitucional y por ello incapacitados para la  toma de decisiones que afecten o discriminen al resto de CCAA.

Lo que obliga a la Oposición en general y a las CCAA en particular a recurrir ante el TC y la Justicia ordinaria estas decisiones con las que el Gobierno de Sánchez compra, habitualmente y desde hace tres años, con dinero público y concesiones soberanistas y de competencias, la permanencia de Sánchez en el poder.

Es verdad que algunos partidos de la oposición han denunciado los hechos, uno a uno y en su momento, en el Parlamento y medios de comunicación. Pero hora es que estas denuncias lleguen a la Justicia ordinaria y al Tribunal Constitucional, no solo en casos concretos, sino también como una ‘causa general’ porque la secuencia ordenada de todos ellos ofrece una obscena panorámica de la ilegal utilización de medios públicos en lo que a todas luces podría ser considerada una ‘desviación de poder’ de Sánchez. La que también podría incluir los posibles delitos de prevaricación y malversación.

Y lo que quedará en evidencia a nada que la Oposición haga público todo el inventario y la secuencia de las ayudas económicas, competencias y rasgos de soberanía que Sánchez ha ido concediendo a Cataluña y País Vasco para permanecer en el poder a lo largo de los tres últimos años, lo que sería una secuencia espectacular.

Cesiones y concesiones que en ningún caso se hicieron por motivos de ‘interés general’ de la ciudadanía o del país, porque los intereses afectados son particulares, regionales y discriminatorios con respecto a otras CCAA, y porque él único interés final de todo ello es garantizar al presidente Sánchez su permanencia en el poder.

Como ocurrió, igualmente, con los indultos concedidos a los golpistas que son ‘arbitrarios’ por ausencia de arrepentimiento y amenaza de reiteración de los delitos de sedición y malversación, motivos por los que deberían de ser anulados en la Sala Tercera del Tribunal Supremo.

A la Oposición le toca levantar el inventario de todas las ayudas y regalos de Sánchez al País Vasco y Cataluña en los tres últimos años, para que lo vean los españoles, las CCAA autónomas discriminadas -incluidas las del PSOE- y lo analicen los Tribunales porque no estamos hablando de hechos aislados sino de una secuencia planificada de ruptura de la solidaridad entre distintas regiones de España con una discriminación flagrante.

La que huele que apesta a compra de votos de PNV y ERC y a prevaricación continuada para mantener a Pedro Sánchez en el poder.

Fuente: Pablo Sebastián – República

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