Euskadi multará con hasta 150.000 euros la exaltación de la Guerra Civil o la dictadura

La ley vasca de Memoria establece sanciones “muy graves” para quienes destruyan terrenos donde se sospeche que existan fosas u oculten documentos relevantes. Castiga vejar a las víctimas y homenajear a quienes impulsaron la sublevación y la dictadura.

Exaltar el franquismo, la dictadura o la Guerra Civil será castigado con severidad en Euskadi. La llamada Ley de Memoria Histórica y Democrática del País Vasco establece multas por un importe de hasta 150.000 euros para muchos delitos relacionados con el enaltecimiento de la sublevación militar de 1936 y los 40 años de dictadura posteriores. La ley, que ya ha sido aprobada por el Gobierno de Iñigo Urkullu y que sólo resta del tramite parlamentario para su aprobación -PNV y PSE gozan de mayoría absoluta- podría ser una de las primeras en aprobarse tras la reanudación de la actividad de la Cámara después del verano.

Entre las sanciones más graves que se recogen en la norma destaca las relacionadas con la humillación de las víctimas de la contienda civil. Así, hacer excavaciones en terrenos recogidos en el ‘mapa’ de posibles fosas de combatientes desaparecidos es considerado como “muy grave» será castigado con multas que van desde los 10.000 a los 150.000 euros.

La ocultación o destrucción de documentos o elementos que dificulten el esclarecimiento de algún hecho relevante de ese periodo iniciado en la Guerra Civil también recibe el mismo rango de sanción. Así, destruir este tipo de material que pueda ser “relevante para la investigación y conocimiento de la verdad” será una vulneración “muy grave” contra esta ley. Estos incumplimientos se podrán imputar tanto a personas individuales como a entidades jurídicas.

En un segundo nivel, con multas de entre 2.000 y 10.000 euros, aparecen las infracciones “graves” y que abarcan un abanico más amplio de acciones. Entre ellas figuran desde el incumplimiento de la retirada de elementos de exaltación del franquismo o la dictadura hasta la ocultación o no comunicación de hallazgos relevantes relacionados con desaparecidos en la contienda. También el traslado de restos humanos sin autorización, localizados en una fosa, merecen esta sanción.

‘Documento de víctima’

Las expresiones “ofensivas, vejatorias o atentatorias” contra la dignidad de las víctimas de la Guerra Civil y la dictadura y sus familias serán severamente castigadas. La ley hace referencia a la posibilidad de hacerlo a través de publicaciones en medios de comunicación, en actos públicos o por otros medios, siempre y cuando lo manifestado no pueda ser tipificado como un delito de “incitación al odio”.

La ley reconocerá mediante un documento a las víctimas a modo de «rehabilitación de su honor» y su justa «satisfacción moral». Este reconocimiento no conllevará reparación económica. Merecerán una consideración especial las víctimas de bombardeos, juicios sumarísimos, los muertos en prisión, los desaparecidos por defender la democracia, los torturados, exiliados, los represaliados por su condición sexual, creencias religiosas o por ser víctimas por divulgar el euskera, entre otros.

En la norma se cita de modo expreso la penalización “grave” que se aplicará a los representantes públicos o funcionarios que hagan “apología del golpe militar de 1936 o la dictadura”. De igual manera, se califica de grave celebrar cualquier homenaje de conmemoración o enaltecimiento de grupos o personajes que hubieran participado en la sublevación de 1936 o hubieran intervenido en su condición de dirigentes u organizaciones relevantes en el mantenimiento de la dictadura.

La norma priorizará la búsqueda de la verdad y la memoria de las víctimas. En un tercer nivel se sitúan las sanciones más leves, entre los 200 y los 2.000 euros, a quienes dañen los espacios o mobiliarios del ‘itinerario de la memoria’ Que se elaborará y los lugares que para su preservación de habilitarán.

La legalidad de la República

Las infracciones que las instituciones o los particulares puedan detectar se deberán comunicar al Instituto de la Memoria Gogora que será el encargado de tramitarlos. En el caso de las sanciones más graves, las que pueden ser castigadas con hasta 150.000 euros corresponderá al Gobierno vasco su tramitación. En los casos que se detecten posibles responsabilidades penales se pondrán en conocimiento de la Justicia.

La ley considera “contrarios a la memoria histórica de Euskadi” acciones como la colocación o mantenimiento de placas, escudos, insignias, inscripciones referidas a la sublevación y la dictadura. También las “alusiones a participantes, instigadores o legitimadores” de la misma. Incluso se considera contrario a la ley las referencias y defensa de quienes “desmerezcan la legalidad de la República o a quienes la defendieron”.

La Ley vasca de Memoria Democrática también incluye acciones como la revisión e invalidación de distinción, nombramientos y reconocimientos honoríficos que se hubieran llevado a cabo en el pasado dentro del marco de “exaltación o enaltecimiento del golpe”.  Prevé además la elaboración de un amplio informe que documente posibles vulneraciones de derechos humanos entre 1936 y 1978.

Reparación ‘moral’

A lo largo de los 44 artículos de la citada ley se sitúa el eje central en la recuperación de la memoria de las víctimas y la defensa de los valores democráticos. El Gobierno vasco se compromete a la búsqueda y localización de los miles de desaparecidos, identificando posibles fosas y trabajando para su exhumación.

El objetivo recogido en la ley es «promover la reparación moral y la recuperación de la memoria personal y familiar» de quienes padecieron «la persecución o violencia».

Esta ley supone un paso más en las numerosas acciones que desde hace años lleva a cabo el ejecutivo de Iñigo Urkullu y que abarca desde la identificación de cerca de 20.000 víctimas ocurridas durante la Guerra civil en Euskadi, hasta la localización de fosas, la identificación de los restos hallados, la documentación de los cerca de 2.000 bombardeos ocurridos durante la contienda civil o el acompañamiento de una treintena de familias para lograr la autorización de exhumación de sus seres queridos enterrados en el Valle de los Caídos.

Fuente: Mikel Segovia – El Independiente

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