La Guardia Civil apuntala un supuesto trato de favor de Industria que salpica a Maroto

En una conversación grabada, el empresario David Madí y un supuesto empleado del Santander aseguraban que Bergé logró que la ministra no pusiera reparos a la entrada de Mitsubishi en su capital.

La investigación en torno al desvío de dinero público al ‘procés’ que instruye el Juzgado número 1 de Barcelona tiene una derivada que apunta a la ministra de Industria, Reyes Maroto, y ha experimentado avances en las últimas semanas. La Guardia Civil ha hallado nuevos indicios de que el departamento que encabeza la dirigente socialista dio un trato de favor a la multinacional japonesa Mitsubishi en plena primera ola del coronavirus para que pudiera cerrar una operación millonaria, según han confirmado a El Confidencial fuentes próximas al caso. Las averiguaciones implican directamente a Maroto en el episodio.

La operación bajo sospecha afloró durante las intervenciones telefónicas de la llamada operación Voloh. Los investigadores del Instituto Armado interceptaron una conversación de uno de los presuntos cabecillas de esta trama corrupta vinculada a ERC y JxCAT, el empresario y consultor David Madí, antigua mano derecha de Artur Mas, con un supuesto empleado del Banco Santander en la que ambos aseguraban que el gigante español de la distribución de coches Bergé había logrado en las primeras semanas del estado de alarma por el coronavirus que “la ministra [Maroto] mirara un poco para otro lado” para que Industria no pusiera reparos a la entrada de Mitsubishi en su capital.

David Madí, el pasado octubre, tras quedar en libertad. (EFE)
David Madí, el pasado octubre, tras quedar en libertad. (EFE)

El acuerdo tenía su origen meses atrás. Bergé anunció en diciembre de 2019 que el fabricante nipón de vehículos iba a hacerse con el 24,9% de sus acciones, un movimiento que rondaba los 200 millones de euros. Sin embargo, aseguran fuentes próximas a las pesquisas, la compra necesitaba la autorización del Gobierno por tratarse de una inversión extracomunitaria que superaba la barrera del 10%. El estallido de la pandemia dejó el pacto empresarial pendiente de la aprobación definitiva de las autoridades y añadió nuevas incertidumbres. El 31 de marzo de 2020, el Ejecutivo de Pedro Sánchez tramitó un real decreto para evitar que las compañías extranjeras pudieran adquirir empresas nacionales a precio de derribo por los efectos del coronavirus. Según el decreto, las operaciones que afectaran a empresas estratégicas debían previamente ser validadas por el Consejo de Ministros.

Los investigadores han conseguido averiguar que ambos han estado a sueldo del gigante nacional de la logística

De la llamada intervenida por la Guardia Civil se desprende que Bergé y Mitsubishi hicieron supuestamente “malabarismos” para saltarse la larga lista de espera que se formó durante esos días en la ventanilla del Ministerio de Industria por la acumulación de operaciones similares a falta igualmente de la aprobación del Gobierno. Según la conversación, el distribuidor de automóviles había conseguido que Maroto hiciera la vista gorda y el que “firmara fuera su secretario”. Este sería, indican los agentes, Juan Ignacio Díaz Bidart, director de Gabinete de la ministra.

Los investigadores han comprobado que, efectivamente, la multinacional japonesa logró cerrar la entrada en Bergé a pesar del caos de esas primeras semanas de pandemia y la entrada en vigor de las restricciones a las inversiones extranjeras. También han hallado elementos que refuerzan la credibilidad de la llamada entre Madí y su interlocutor. El audio apunta a que, en realidad, ninguno de los dos habría participado en las supuestas gestiones con el Ministerio de Industria. Sin embargo, la Guardia Civil ha averiguado que ambos han estado a sueldo del gigante nacional de la logística y, por tanto, esto confiere ahora mayor veracidad a los comentarios que hicieron sobre la supuesta validación irregular de la inversión y la presunta implicación en ella de Maroto.

Reyes Maroto, a la derecha, junto a las nuevas ministras de Educación, Pilar Alegría (i), y de Política Territorial y portavoz del Gobierno, Isabel Rodríguez (c), la semana pasada. (EFE)
Reyes Maroto, a la derecha, junto a las nuevas ministras de Educación, Pilar Alegría (i), y de Política Territorial y portavoz del Gobierno, Isabel Rodríguez (c), la semana pasada. (EFE)

En concreto, hasta hace unas semanas, los expertos en delitos económicos del Instituto Armado creían que la persona con la que habló Madí, que está investigado en este procedimiento por los delitos de tráfico de influencias y malversación de caudales públicos, era un empleado del Santander llamado Antonio B. sin relación con Industria ni con las compañías implicadas. Pero indagaciones recientes han revelado que el interlocutor del ex asesor áulico de Artur Mas era en realidad otra persona llamada Antonio E. que ocupó hasta hace poco puestos de responsabilidad en Bergé. El propio Madí habría cobrado de la firma española a través de su agencia de consultoría, Nubul Consulting SL.

Bergé rechaza cualquier tipo de irregularidad. “La compañía mantiene relaciones habituales con diferentes agentes y proveedores de servicios de consultoría comercial en los 25 mercados internacionales en los que opera. Ninguno de ellos ha tenido nunca ninguna intervención en la operación de toma de participación de Mitsubishi Corp. en Bergé Auto (2019) ni en ningún trámite administrativo relacionado con ella”, asegura un portavoz de la empresa. “La compañía no ha sido requerida por autoridad alguna en relación con estas informaciones, de las que tiene conocimiento exclusivamente a través de medios de comunicación”.

La Guardia Civil ya acudió el pasado octubre, durante la fase de explotación de la operación Voloh, a la sede del Ministerio de Industria para requerir toda la documentación relacionada con el expediente de la inversión de Mitsubishi. En paralelo al análisis de esos archivos, ha seguido efectuando averiguaciones, como la verdadera identificación de los interlocutores. Por ello y ante los indicios de delito que a su juicio existen, los agentes han solicitado que se autoricen nuevas diligencias para esclarecer el episodio y delimitar la actuación de Maroto.

La operación Voloh encierra otras muchas líneas de investigación, desde la organización de Tsunami Democràtic (remitida ya al Juzgado Central de Instrucción número 6 de la Audiencia Nacional) a presuntas irregularidades urbanísticas en el complejo de ocio Villa Bugatti, vinculado al exconsejero de Gobernación Xavier Vendrell, dirigente destacado de ERC en la sombra. También permanecen imputados la mano derecha de Carles Puigdemont, el profesor Josep Lluís Alay, y uno de los cerebros del 1-O, el empresario del sector de la comunicación Oriol Soler. La causa afecta a más de medio centenar de implicados y, entre otros aspectos, habría acreditado ya indiciariamente que dirigentes independentistas usaron fondos de la ayuda al tercer mundo para financiar actos, propaganda e incluso a líderes del ‘procés’.

Fuente: José María Olmo – El Confidencial

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