Sucederá

El Gobierno instaura el corpus legal de un nuevo régimen que cambia los derechos y libertades constitucionales. Nos podrán hacer daño y será legal.

Asoman leyes muy peligrosas para la libertad. Eso significa que nos podrán hacer daño y será legal, algo que entiende a la perfección cualquier venezolano pero que el español medio se resiste a creer.

Sin necesidad de ser Iván Redondo, el momento político de España es el indicado para tomar decisiones: quedan dos años para el final de la legislatura, la pandemia no permite ya muchos excesos autoritarios y se ha echado el resto en legalizar un golpe de Estado y proteger de toda acción de la Justicia a sus autores porque se va a negociar con ellos. Tras el verano, habrá cambio de ministros valorando muy bien que no cambien las lealtades. Sobran algunos caprichos de Facultad que ya han sido casi anunciados como el de Alberto Garzón —otro sería Irene Montero— y habrá serios ajustes de cuentas en el PSOE como adelantó Ketty Garat, pero el Gobierno no perderá un ápice de su peligrosidad y hará lo posible por blindarse.

Podemos y el populismo más grosero de sus líderes ya son parte inseparable del PSOE de Pedro Sánchez, de nuestro insomnio. Hemos sufrido la burla de los niñatos que agitaban las manos en tiendas de campaña, que jamás trabajaron porque no valían pero tampoco les hacía falta y que jugaron a ser los mandones de la pandilla con todo un país. Les dimos dinero, fama y poder y empezó la fiesta.

No comerás carne. Vivirás en Vallecas. No beberás Coca Cola. Pagarás impuestos. Compartirás tu sueldo, tu casa… Y harás todo lo contrario de lo que dices, no por error o contradicción, sino para que “la gente” entienda que hay cambio de casta y se sepa dónde está el poder. Los niños mimados tienen las llaves de casa y dinero en el bolsillo, todo lo necesario para humillar al ciudadano español por puro placer.

Decía Pablo Iglesias, antes de la coletomía: “Cuando estás orgulloso de mirar a los ojos a la gente de tu piso, que ven que sigues viviendo en el mismo sitio (…) de saludar al panadero y al que te vende el periódico…”. Pablo ya no mira a los ojos de la gente y se ha escondido en el cuarto de los huéspedes tras el batacazo electoral en Madrid. Circulan varias versiones sobre su paradero y sus intenciones empresariales televisivas con el magnate del comunismo audiovisual, Roures, el de la antena y el martillo. Eso es todo. Llegó, le dejamos subir, se forró, dañó nuestra democracia y seguirá haciéndolo con dinero público de por vida.

Irene Montero está indignada. ¿Harta del acoso? Pues era su medicina, su “jarabe democrático”, hubiera o no hijos de por medio, que eso daba igual, como bien sabe Soraya Sáenz de Santamaría. Se queja la inexplicable ministra de que esto es cosa de las cloacas, que lo mismo hablan de la pareja con insoportables infundios que de la tarjetita telefónica de Dina, la asesora, o del trasiego de venezolanos con pesados equipajes vip.

Con todo, no importan Garzón ni el chuletón. Ni siquiera importan la ministra sin atisbo de experiencia o el sinvergüenza vitalicio y su próximo proyecto vital, familiar, empresarial o imperial. Importa una ley que puede prohibir, ilegalizar, detraer, cerrar… E importa todavía más cómo esa ley se convertirá en el gatillo del arma que este Gobierno ha montado con otras leyes en las que han participado los niños mimados, tutelados por sus mayores socialistas.

Si combinamos la tenebrosa Ley de Seguridad Nacional con la Ley de Memoria Histórica y Democrática y algo de la Ley Montero Queer o la Ley Orgánica de Garantía de la Libertad Sexual el resultado puede ser enormemente peligroso para cualquier ciudadano. Estamos ante el corpus legal de un nuevo régimen que cambia los derechos y libertades contemplados en la Constitución. Con Podemos en la élite de la élite, ingresos vitalicios y secretos desvelados; legalizado el golpe y perdonados los golpistas, toca eliminar obstáculos por cierre, ilegalización, multa o expropiación. Sólo hace falta una emergencia… o una “alerta antifascista”.

Cuántas veces se ha insinuado, o directamente reclamado, la ilegalización de Vox. Lo han hecho, de forma más o menos clara, Carmen Calvo, María Jesús Montero, Adriana Lastra y cualquier miembro de Podemos adosado miserablemente al Gobierno, como Pablo Echenique. Ahora cualquier lives matter, sea por homofobia, racismo o machismo se imputa a la cuenta de los de Abascal y, de paso, también a la de Isabel Díaz Ayuso. De momento, son sólo difamaciones e injurias pero mañana pueden ser acusaciones formales con efectos inmediatos. Todavía nos reímos del “todes” pero, si nadie lo remedia, perderá toda la gracia. Ya no es broma.

Dice Libertad Digital en su editorial del viernes:

Todo el aparato mediático al servicio del PSOE, Podemos y los separatistas trata de vincular a Vox con el asesinato del joven gallego Samuel Luiz. La portavoz socialista Adriana Lastra no ha tenido reparo alguno en señalar a Vox como instigador de ese asesinato por su supuesta “homofobia institucional”. Ni siquiera se han aclarado las causas del terrible suceso o el origen y motivaciones de sus autores, pero el PSOE y Podemos ya tienen un retrato robot con Vox como culpable. La verdad es lo de menos.

Además, la verdad se controla también de forma oficial a través de subcontratas de confianza que, no se sabe muy bien cómo ni por qué, han sido asumidas como reales, legales y convenientes. Lo han denunciado esta semana en los micrófonos de Es la Mañana de FedericoJano García y Alvise Pérez. Al menos habrá batalla.

En su visita al Palacio de La Moncloa, Isabel Díaz Ayuso ha sido tan clara como de costumbre: “España está secuestrada en manos de minorías que la odian”. La presidenta madrileña ve lo que otros se niegan siquiera a mirar y tiene la virtud de denunciarlo con las palabras exactas, que existen y hasta se encuentran si uno se despoja de las pieles del complejo: “Están poniendo las reglas de juego en tela de juicio, el último ejemplo es la modificación de Ley de Seguridad Nacional (…) Si nadie pone control al Gobierno, los ciudadanos lo pagaran con su vida cotidiana”. Seas quien seas, no hay nada peor.

Por eso es urgente que este Gobierno liberticida no haga más leyes. Por eso hay que hacer todo lo posible por denunciar con una sola voz pero a los cuatro vientos, españoles y europeos, el peligro que supone el Gobierno de Sánchez. Por eso no había que escatimar maneras, y las mociones de censura eran una de ellas.

Pablo Casado ha grabado un vídeo en el que anuncia que recurrirá al Tribunal Constitucional si la Ley termina aprobándoseVox hará lo propio. Y es de suponer que Ciudadanos acudirá a la cita. Los tres partidos tienen en sus filas muy buenos juristas. Ya que no quieren formalizar una moción contra este Régimen, que se unan para evitar el siguiente y presenten una queja formal en esas instancias europeas que deberían velar por nosotros.

Hay una brecha en nuestra democracia, la mayor que hemos vivido. La han abierto los menos preparados de nuestra historia política, auténticos mequetrefes que se han colado en el sistema por un evidente fallo de control democrático. Pero son capaces de todo y lo han demostrado.

Puede pasarnos, va a pasarnos si no se remedia como ya han pasado muchas cosas que no queremos ver. Hagamos el ejercicio de rebobinar una década, a ver quién apuesta que llegaríamos hasta el borde de la sima en la que nos saludamos cada día. No es tiempo de medias tintas.

Fuente: Javier Somalo – Libertad Digital

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