Moncloa blinda el secreto sobre los destinos y los lujos de Sánchez con la ley de Seguridad Nacional

La polémica Ley de Seguridad Nacional que prepara el Gobierno de Pedro Sánchez es un golpe a la transparencia. El borrador del texto, al que ha tenido acceso OKDIARIO, confiere al Ejecutivo un poder prácticamente ilimitado para vetar el acceso de los ciudadanos a la información pública alegando motivos de «interés para la seguridad nacional». En el terreno práctico, llegado el caso, Moncloa podría echar incluso mano de la ley para ocultar cualquier información que afecte directamente al presidente del Gobierno, en tanto es quien dirige el sistema de Seguridad Nacional del Estado.

De esta forma, cualquier información relativa a los comportamientos o hábitos lujosos del presidente , como a quién invita a Doñana o a La Mareta  o para qué utiliza el Falcon, podrían encontrar acomodo en esta ley que, en su disposición adicional quinta, señala que «los documentos y la información manejada por el Sistema de Seguridad Nacional quedan excluidos del derecho de acceso a la información pública».

Una definición muy amplia que confiere un velo de opacidad sobre el Ejecutivo. En el actual redactado de la Ley de Transparencia tan sólo se indica que «el derecho de acceso podrá ser limitado cuando acceder a la información suponga un perjuicio para la seguridad nacional». Pero a partir de ahora, con la nueva ley del Gobierno, prácticamente cualquier documento que atañe a Pedro Sánchez, por no decir todos, podrá ser vetado, en la medida en que se trata de información que está en manos del jefe de Gabinete de Presidencia, Iván Redondo, de quien depende directamente el departamento de Seguridad Nacional.

El sistema de Seguridad Nacional comprende un amplio abanico de materias, que prácticamente atañen a todos los ámbitos del Estado. Desde los flujos migratorios, hasta las epidemias y pandemias, los efectos del cambio climático, la situación económica y financiera, el espacio aéreo y marítimo, el ciberespacio o el sector energético. Cualquier asunto relativo a estos temas- además, obviamente, de lo relacionado con el terrorismo, el crimen organizado, los conflictos armados o las infraestructuras críticas- podrá ser vetado.

El Gobierno ya se ha parapetado en la condición de Sánchez como jefe de este sistema para eludir sus responsabilidades de transparencia.

De hecho, en enero de este año, Sánchez recurrió la sentencia que le obligaba a informar sobre los viajes realizados en el Falcon y otros medios de transporte oficiales. En el recurso presentado ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional se alegaba que el socialista es el «líder» del sistema de Seguridad Nacional y, por tanto, no cabía atender al requerimiento.

Según la Abogacía, la protección de la seguridad del presidente del Gobierno como líder del sistema de Seguridad Nacional «constituye una parte esencial de ésta» y Presidencia del Gobierno «no lleva la cuenta de los viajes del líder de la Seguridad Nacional, que no se distinguen viajes oficiales de los personales y que el asunto afecta de plano al propio Sistema de Seguridad Nacional, porque si se facilitara tal información podría extraerse fácilmente las rutinas o rutas habituales del presidente».

Entonces, la Justicia desterró ese argumento, pero a partir de ahora el
‘secreto’ quedará blindado por ley y será mucho más complicado obtener información sobre lo que atañe al presidente del Gobierno.

Cuestiones, en definitiva, como los viajes privados de Sánchez, quién viaja a bordo de los aviones oficiales a costa del erario público, o a quién invita el jefe socialista a los palacios de Doñana o La Mareta… Temas que ya fueron objeto de quejas por parte de los ciudadanos ante Transparencia.

Ataque a los derechos

La nueva ley supone una brutal injerencia en los derechos individuales y la propiedad privada.

El presidente del Gobierno tendrá potestad para declarar mediante real decreto una situación de interés nacional sin pasar por el Consejo de Seguridad Nacional ni por el Congreso de los Diputados. La ley establece además que toda persona mayor de edad «estará obligada a la realización de las prestaciones personales que exijan las autoridades», y ello, además, «sin derecho a indemnización». Además, se podrá disponer de los recursos «en manos de particulares».

Así, se determina que «en los casos de situación de interés para la Seguridad Nacional, cualquier persona, a partir de la mayoría de edad, estará obligada a la realización de las prestaciones personales que exijan las autoridades competentes, siguiendo las directrices del Consejo de Seguridad Nacional o de la autoridad funcional, sin derecho a indemnización por esta causa, y al cumplimiento de las órdenes e instrucciones, generales o particulares, que aquellas establezcan».

Y se «podrá proceder a la requisa temporal de todo tipo de bienes, así como a la intervención u ocupación transitoria de los que sean necesarios y, en su caso, a la suspensión de actividades».

Además, se creará «una Reserva Estratégica basada en las Capacidades Nacionales de Producción Industrial» para asegurar la disponibilidad de los servicios esenciales y el suministro de bienes y suministros considerados básicos. Es decir, una nacionalización.

Fuente: Luz Sela – OKDiario

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