Sanidad ocultará dos meses más las actas de la pandemia

Intentó aprobarlas en el último pleno del Consejo Interterritorial sin mostrar su contenido pero las regiones lo impidieron.

Los informes que documentan cómo se tomaron las decisiones más transcendentales de la pandemia seguirán sin ver la luz. Hace un mes, la ministra de Sanidad, Carolina Darias, anunció la convocatoria del primer pleno ordinario y presencial del Consejo Interterritorial en un año para abordar, entre otros asuntos, la lectura y posterior aprobación de las actas número 123 a 192, correspondientes a las sesiones celebradas por este órgano desde el 14 de octubre de 2019 al 28 de diciembre de 2020. 69 actas que detallan las tensiones y los pactos entre el Gobierno y las comunidades para restringir libertades, cerrar negocios o cesar actividades para contener los contagios y aliviar la saturación hospitalaria.

Los consejeros esperaban recibir estos papeles a más tardar el martes pasado. El miércoles por la mañana, antes del pleno ordinario, tampoco las tenían en su haber, pese a que su aprobación constaba en el orden del día. Darias no tuvo más remedio que borrarlo y alegar falta de tiempo para abordar el asunto. «Ha sido un pleno muy largo, de más de seis horas, hemos pospuesto su aprobación por la cantidad de actas. Hemos acordado hacerlo en el próximo pleno ordinario, que se convocará después de verano», dijo la ministra.

El Ministerio ideó una treta para desviar la atención sobre estos documentos: llevar un orden del día extensísimo, con más de 19 puntos y otros nueve subapartados. «Pretendía que los consejeros aprobasen las 69 actas sin darles lectura. Para ellos, cogobernanza es imposición», critica la portavoz de Sanidad del PP en el Congreso de los Diputados, Elvira Velasco. «Es un auténtico despropósito, en esos documentos se refleja la postura de las regiones sobre asuntos como la vacunación heteróloga con Pfizer, en el que incluso comunidades socialistas se postularon en contra», añade. Para Velasco, la convocatoria de este pleno ordinario y presencial fue la puesta de largo de la ministra, «un escenario para lucirse con actitud triunfalista con temas como el reparto de fondos europeos de recuperación».

Fuentes del gobierno de la Comunidad de Madrid cuentan a LA RAZÓN que «el funcionamiento de los plenos del Interterritorial es un auténtico desastre». «La aprobación de las actas no se hace en un día, ni siquiera en una semana. El Ministerio tiene que enviarlas con tiempo y dar un plazo para presentar alegaciones. Son informes muy importantes. Nosotros hemos ido dejando constancia por escrito del contenido de cada una de estas reuniones para que, cuando toque aprobar las actas oficiales podamos contrastar», subrayan.

Sanidad quiso que las CCAA dieran luz verde a las actas de 2020… sin verlas

Ejecutivos regionales como el madrileño denuncian que no es la primera vez que los consejeros de las autonomías tienen que emitir su voto para asuntos «sobre los que no han recibido todos los informes o se los han dado una hora antes». La última polémica al respecto vino con la estrategia para la desescalada de las mascarillas. El Ministerio de Sanidad llegó al Interterritorial con un power point en el que exponía en qué consistiría la eliminación del uso obligatorio de la mascarilla en exteriores. «Imagínate qué se podía leer en un power point visto desde videoconferencia», denuncian desde el gobierno de Isabel Díaz Ayuso.

Esta medida no fue ni siquiera discutida en la Comisión de Salud Pública para que los gobiernos regionales no pudieran presentar alegaciones. Todo, con el objetivo de que Pedro Sánchez pudiera anunciar el fin del símbolo de la pandemia por antonomasia y que le sirviera de escudo al indultar a los presos del «Procés».

Otro de los desmanes más sonados de Sanidad en el Interterritorial tuvo lugar a principios de junio. La noche antes de la reunión en la que se iba a decidir si las medidas relativas a hostelería y restauración debía ligarse a las medidas del «semáforo covid», Sanidad envió el documento con sus recomendaciones. Las comunidades dispusieron de menos de 24 horas para decidir si aprobaban o rechazaban una medida trascendental, que en Madrid hubiera supuesto el cierre del interior de la hostelería. Se opusieron incluso autonomías no afines al PP, como Cataluña o País Vasco. Además, Cataluña propuso retrasar la decisión, al haber recibido la documentación con tan poco tiempo, algo que Sanidad rechazó. Finalmente, Darias tuvo que dar marcha atrás después de que los tribunales aprobasen las medidas cautelarísimas solicitadas por la Comunidad de Madrid, un duro revés a los objetivos del Ministerio.

La falta de estos informes impide saber qué defendió realmente el Gobierno central y cada autonomía en las decisiones o debates que ha habido en el Interterritorial. Medidas tan importantes como los cierres perimetrales en Navidad y Semana Santa, el cierre de Madrid y de municipios con incidencias superiores a 500, la prohibición de fumar en la vía pública y la clausura del ocio nocturno.

Desde que se celebrara el primero, en febrero de 2020 y bajo el mandato de Salvador Illa, en total ha habido 69 reuniones, todas ellas convocadas de manera extraordinaria. Según el reglamento del Interterritorial, las actas se tienen que aprobar en pleno ordinario. Su artículo 15 dictamina que «de cada sesión se levantará un acta que se aprobará en la siguiente sesión ordinaria».

Desde Sanidad solo dan largas. El anterior ministro, Salvador Illa ya reconoció antes de dejar la cartera, a finales de diciembre, que necesitaban convocar una sesión ordinaria para aprobar todas las actas de los plenos y que después las darían a conocer. Illa decía que lo harían «a la mayor brevedad posible». Siete meses después, y con una nueva ministra al frente, se sigue sin saber cuándo podrán consultarse.

Ricardo de Lorenzo, especialista en derecho sanitario, añade que se está limitando el derecho de acceso a la información pública. El artículo 12 de la Ley de Transparencia así lo recoge: «Todas las personas tienen derecho a acceder a la información pública, en los términos previstos en el artículo 105.b) de la Constitución Española, desarrollados por esta Ley». El reglamento del Interterritorial es de 2003 y, por tanto, anterior a la Ley de Transparencia, «pero eso no quiere decir que no tenga que regirse por ella».

Fuente: Elena Genillo – La Razón

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