Sánchez hacia el poder absoluto: pretende el ‘militarizar’ ciudadanos y confiscar sus bienes

El presidente pretende además reformar el Código Penal en favor del regreso de los prófugos golpistas y prepara un ‘referéndum consultivo’

Lo ha publicado ayer el diario ‘sanchista’ El País: el presidente del Gobierno Pedro Sánchez prepara una reforma de la Ley de Seguridad Nacional para, que en casos de ‘crisis de Estado’, el Presidente tenga poder para movilizar a los españoles mayores de edad y obligarles a realizar unas ‘prestaciones personales’, asimismo podrá confiscar sus bienes y los de las empresas.

En resumen un proyecto de Ley para facilitar un régimen absolutista de corte personal, de Sánchez, contra las libertades y la democracia, al margen de las instituciones, de La Corona y de las más elementales normas y garantías constitucionales españolas y del marco jurídico de la Unión Europea.

Sánchez busca ‘legalizar’ el poder absoluto del que ahora disfruta para que se convierta en permanente. Y espera contar para su propósito con el apoyo del PSOE -en cuyo Comité Federal de ayer no se escuchó ni el volar de una mosca- de los comunistas de UP, los filo etarras de Bildu y los separatistas catalanes y vascos de ERC y PNV, que esperan conseguir la independencia bajo el mandato de Sánchez a cambio de garantizar su permanencia en el poder de lo que vaya quedando de España.

Los indultos, antesala del autogolpe

En el reciente discurso de Sánchez en el Liceo de Barcelona ya anunció el presidente que tenía un plan para una ‘nueva etapa’ -un nuevo Régimen- en España a partir de los indultos que de manera ‘arbitraria’ y al margen de la legalidad ha concedido a los nueve golpistas catalanes que permanecían en prisión.

El discurso de Sánchez sobre los indultos, que viste de acto progresista, se apoya en palabras como ‘concordia y reencuentro’, y se adorna con los vocablos de ‘magnanimidad y perdón’ frente a ‘venganza y revancha’. Pero se oculta a los ciudadanos y a todos los sectores que apoyan los indultos que con ellos se vulnera la Ley por falta de ‘utilidad pública, arrepentimiento y garantía de no reincidencia’, por el impacto negativo de los indultos en el conjunto de España y por la actitud rebelde de los condenados.

Lo que conduce a una ‘desviación de poder’ de Sánchez, a la ilegalidad de los indultos y a la fractura del ‘Estado de Derecho’ en España, además de al desprestigio de la Justicia española -y especialmente del Tribunal Supremo- en nuestro país y en Europa.

Lo que, sin embargo, está pendiente de los recursos contra los indultos que PP, Cs y Vox han presentado ante la Sala Tercera del Tribunal Supremo, lo que Sánchez espera superar sin dificultad. Y lo que Sánchez pretende completar con la reforma del delito de la Sedición del Código Penal para favorecer el regreso a España, sin coste de cárcel, a los prófugos golpistas catalanes, incluido Puigdemont.

Y para completar esta operación Sánchez ya prepara un referéndum de corte ‘consultivo y nacional’ -como ya lo han anunciado Carmen Calvo y Miquel Iceta- que permitirá a los soberanistas catalanes convertirlo, en la práctica, en su referéndum de autodeterminación en Cataluña.

Si a todo ello añadimos el ataque permanente de Sánchez al Poder Judicial, el control de la Fiscalía General del Estado y las presiones contra el Tribunal Supremo y el Tribunal de Cuentas, veremos que la hoja de ruta de Sánchez es una línea recta hacia su poder absoluto, especialmente si logra la reforma de la Ley de Seguridad Nacional para conseguir todo el poder del Estado.

Sin olvidar en estos hechos el cerco y marginación de La Corona, como se vio en la prohibición al Rey Felipe VI a viajar a Barcelona para participar en un acto jurídico académico, y como se ve, en el consentimiento por Sánchez de los recientes desplantes y desprecios al Jefe del Estado por parte del presidente de la Generalitat, Aragonés.

Unos hechos lamentables que se completan con presiones del Gobierno, favor los indultos al campo empresarial, con la ayuda del presidente de la CEOE, Garamendi, y de la Conferencia Episcopal Española que se alineó con el aplauso a los indultos de los obispos catalanes y todo ello con la bendición -no podía ser de otra manera- del Vaticano y el Papa Francisco.

A lo que hay que añadir el control absoluto por Sánchez de los grandes medios de comunicación, incluido el desembarco de comisarios políticos de La Moncloa en el Consejo de Administración de PRISA que controla la SER y el diario El País, para controlar en la información y su línea editorial y de esa manera blindar ámbito ideológico y progresista del Gobierno.

Y después de este compendio de poderes adquiridos por Sánchez mediante concesiones de soberanía nacional a los separatistas y otros regalos a sus compañeros de UP, ¿qué necesidad tiene Sánchez de reformar la Ley de la Seguridad Nacional para poder ‘militarizar’ a la ciudadanía y confiscar sus bienes y los de las empresas? Pues, simplemente, porque quiere bajo las amenazas de la nueva Ley de Seguridad Nacional un inmenso poder con el que legitimar su absolutismo de manera irreversible y permanente. Siempre y cuando los votantes españoles, cuando toque, se lo permitan y mientras Sánchez cuente con el apoyo del auto destructivo del PSOE, de UP, PNV, Bildu y ERC.

Fuente: Rafael Halcón – República

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