ERC y PNV apoyarán los presupuestos a cambio de 24.000 millones

«Venderán» su «sí» a las cuentas del Estado por gestionar el 100% de 20.500 millones de ayuda europea que creen que les toca y por más inversiones.

La legislatura de Pedro Sánchez está ligada inexorablemente a la aprobación de los Presupuestos Generales del Estado de 2022, que incluirán parte de las reformas estructurales exigidas por Bruselas para que España pueda seguir recibiendo los fondos europeos. Este año al país llegarán 19.000 millones y en 2022 y 2023 los 51.000 millones restantes hasta completar el montante total de 70.000 millones de ayuda comunitaria en transferencias a fondo perdido que le corresponden para la reconstrucción en la era postcovid. Por tanto, esta entrada ingente de capital sólo podrá convertirse en realidad si el Gobierno logra de nuevo la fumata blanca antes del 31 de diciembre en el Parlamento a sus cuentas del año que viene.

Evidentemente, si no lo consiguiera Pedro Sánchez podría prorrogar las de este año, pero el coste de hacerlo y de dejar de inyectar esa astronómica cuantía a la reconstrucción del país sería de tal magnitud que le forzaría a un adelanto electoral, después del hundimiento sin precedentes en tiempos de paz experimentado el año pasado por la economía española. En este contexto, el presidente es consciente de la «imperiosa» necesidad para sobrevivir de estrenar en enero próximo unas nuevas cuentas.

Por eso su debilidad parlamentaria le obliga a volver a recurrir a ERC y al PNV como socios preferentes y a sucumbir a su larga y costosa lista de prebendas para sacar adelante el Presupuesto de 2022. En estas negociaciones presupuestarias que comienzan ya, los nacionalistas catalanes y vascos, una vez más, harán gala de su tradicional pragmatismo e intentarán sacar «lo máximo que se pueda», aseguran a LA RAZÓN fuentes de los nacionalistas catalanes. ERC y el PNV lo tienen claro.

Por un lado irá la negociación política sobre la identidad de sus territorios y su derecho a decidir, debate que caminará en paralelo en Cataluña y en el País Vasco y que se prolongará hasta el final de la presente legislatura. Y, por otro, circulará la negociación económica en una vía de alta velocidad para llegar a dar el «sí» a las segundas cuentas de Sánchez. Las primeras que consiguió sacar adelante fueron las de este año.

En esta ocasión, la concertación se convertirá en un zoco árabe o en un mercado persa, donde todo se subasta y «donde todo vale. Hay que sacar lo máximo que se pueda para que se cumplan» los Estatutos, reiteran fuentes nacionalistas. De entrada, «venderán» sus bendiciones a cambio de gestionar el 100% de los fondos europeos que les correspondan, según confirman a LA RAZÓN fuentes de ERC. «Ya le hemos comunicado», en alusión a Sánchez, «que queremos gestionar no el 54%, como dijimos el año pasado, sino el 100%. Ya se encargará de arreglarlo cómo considere conveniente» con Bruselas.

Los catalanes calculan que les corresponde por su peso en la economía española 14.000 millones de los 70.000 millones que recibirá España. Esta cuantía en el caso del País Vasco desciende por su tamaño a unos 6.500 millones. Por supuesto, el PNV también quiere gestionar el 100% de la misma. Por tanto, si Sánchez accede, como todo parece indicar, a pagar semejante factura, entre Cataluña y el País Vasco absorberán casi una tercera parte del total de esta ayuda comunitaria.

Para las restantes quince autonomías y Ceuta y Melilla, quedarán 49.500 millones. En realidad, los fondos europeos no se distribuyen por territorios, sino por proyectos, que pueden abarcar varias comunidades. Sin embargo, catalanes y vascos reiteran su confianza en la capacidad del Ejecutivo «para superar este obstáculo» ante la UE.

A esos 20.500 millones que gestionarán, con toda seguridad, de los fondos europeos hay que añadir, como todos los años, otra partida también abultada de inversiones y transferencias del Estado a Cataluña y al País Vasco. ERC exigirá unos 2.800 millones en inversiones y transferencias del Estado, frente a los 2.339 millones de este año. Esta cuantía se pondrá encima de la mesa de la Comisión bilateral Estado-Generalitat, prevista en el Estatut, que comenzará su andadura inmediatamente en este mismo mes de julio, tal y como acordaron los presidentes de los Ejecutivos central y autonómico el pasado miércoles en La Moncloa. ERC, además, exigirá que se ejecute las inversiones aprobadas ya en infraestructuras. «Es normal que quede algo por hacer, pero en nuestro caso sólo se ejecuta el 30%», lamentan fuentes nacionalistas catalanas. Esta es una histórica reivindicación de Esquerra que volverá a plantear.

Inversiones y pensiones

A esa cifra hay que sumar la cuantía de inversión del Estado en el País Vasco, que este año se situará cercana a los 600 millones. Pese a ello, el Gobierno vasco no está satisfecho. En este ejercicio, «no nos veo tensionando la situación y poniendo seriamente en peligro la continuidad del Gobierno central, pero tampoco asumiendo resignadamente los incumplimientos de Sánchez. Las transferencias no avanzan, el IMV está bloqueado, la concertación de los nuevos tributos no acaba de cerrarse y se plantean rebajas respecto a lo ya comprometido en la entrada del TAV en las capitales vascas».

Este es el balance que realiza un alto cargo de los peneuvistas a este diario. No obstante, los nacionalistas vascos dan por hecho que conseguirán las inversiones del Estado y la gestión de los fondos europeos, así como la competencia del ingreso mínimo vital.

Además, en esta negociación volverán a reclamar, en cumplimiento del Estatuto de Guernica, la transferencia de la gestión económica de 560.000 pensionistas por importe de 10.131 millones, aún por traspasar por el Ejecutivo. Mientras, Cataluña pedirá también la cesión de la gestión económica de 25.575 millones de 1,7 millones de pensionistas. Además, ERC sacará una vez más a la relucir su histórica reivindicación de una financiación a la vasca con el sistema del cupo, que brinda el concierto económico, con el fin de paliar su déficit fiscal que cifra en 20.000 millones. Aunque «lo haremos sin excesiva convicción de lograrla por el rechazo frontal del resto de autonomías». Además, solicitará la armonización de los tributos cedidos de Patrimonio y Sucesiones, así como una mayor partida para Dependencia y Mossos de Esquadra.

Fuente: Inmaculada González de Molina – La Razón

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