Batalla judicial de los padres contra el Gobierno por el brote

Los juristas aconsejan interponer a los progenitores un «habeas corpus» ante el juzgado de guardia por posible detención ilegal.

Hasta un millar de jóvenes de toda España han resultado contagiados de covid por los viajes de fin de curso organizados en estas semanas con destino en Mallorca. La situación se ha ido tanto de las manos del Gobierno de Baleares de Francina Armengol que ayer, tras las críticas de los partidos de la oposición, salió al quite con una medida sorpresa: exigir una prueba PCR negativa, hecha con un margen de 48 horas de antelación, o tener la pauta completa de vacunación como requisito para entrar a esas islas en los viajes organizados en grupos de más de 20 personas. Se exceptúan los grupos de eventos autorizados, congresos y competiciones y entrenamientos deportivos. El Gobierno ha pedido también ahora un refuerzo policial para prevenir conductas de riesgo en zonas turísticas y que se prorrogue el acuerdo anterior de medidas sanitarias hasta el 11 de julio, sin relajar las restricciones en vigor a la espera de ver cómo evoluciona la incidencia sanitaria.

La reclusión de los menores en el que ellos llaman el «Hotel Covid», en realidad, Hotel Bellver, que había sido medicalizado anteriormente para albergar a sanitarios con covid, ha traído consigo una profunda controversia de tipo legal. De hecho, el Gobierno ha pedido autorización judicial para el confinamiento y el juez lo tiene que validar el jueves como tarde. Y es que Arantxa de la Fuente, abogada y madre de uno de los estudiantes de San Fernando (Cádiz) atrapados en un hotel de Mallorca debido al macrobrote de coronavirus, presentó ayer una denuncia en el juzgado de guardia contra el Gobierno balear por detención ilegal y prevaricación. La madre ha recordado que su hijo y otros alumnos pertenecientes al Colegio Compañía de María de San Fernando, de entre 17 y 18 años, no han estado en contacto con ningún positivo y la decisión de trasladarles a ese hotel no estaba justificada.

De la Fuente ha asegurado que, a pesar de no contar con permiso de sus progenitores, su hijo fue llevado a ese hotel. Las autoridades les han contado a las familias que si la PCR sale negativa para todos podrán marcharse, pero que si al menos hay un positivo, todos deberán permanecer en este hotel un mínimo de diez días antes de poder regresar a casa.

Sobre este casos, el presidente de la Asociación Española de Derecho Sanitario, Ricardo de Lorenzo, señaló a LA RAZÓN que «en principio todo indica que no se podría retener ni mover de su sitio a los menores sin una resolución judicial, pero al tratarse de un tema de salud pública hay dudas».

Por su parte, José María de Pablo, abogado penalista y profesor de la Universidad de Navarra, explica a este periódico que «el artículo 19 de la Constitución consagra el derecho fundamental a circular libremente por el territorio nacional. Para que una Administración pueda restringir un derecho fundamental, en el caso de estos menores, su derecho a salir del hotel», –incide– «es necesaria una autorización judicial. Incluso si se trata de un confinamiento por motivos sanitarios, el art. 8.6 LJCA prevé la necesaria autorización judicial. Por tanto, si se trata de un confinamiento ordenado por la Administración, sin intervención judicial, y sin estado de alarma ni de excepción, podríamos estar ante un posible caso de detención ilegal. Digo ‘posible’ porque no tengo más datos que los publicados en prensa». José María de Pablo cree que los padres deben « interponer urgentemente un procedimiento de habeas corpus ante el Juzgado de Guardia de Palma de Mallorca. El habeas corpus no solo está previsto para casos de posible detención ilegal por la policía. También ampara a quien ha sido detenido por cualquier autoridad, como recoge el artículo 1.a. LO 6/1984, o a quien ha sido ilícitamente internado en cualquier lugar. Podrían interponer el habeas corpus los padres o tutores de los menores, como representantes legales». Cree que así «la interposición del habeas corpus servirá para que un Juez de Instrucción examine la situación de estos menores, la legalidad de su confinamiento. Si el Juez entiende que el confinamiento es ilegal, ordenará su cese inmediato. Si lo considera legal, lo convalidara».

Los responsables políticos de la sanidad en Baleares recalcaban ayer que «la positividad de las pruebas PCR realizadas hasta el momento a los jóvenes puestos en aislamiento en Palma alcanza un 26,1%, lo que implica que uno de cada cuatro ha dado positivo».

En total, ayer se elevan a 249 los jóvenes peninsulares, de los que 265 han tenido relación con el brote, que han sido trasladados al llamado «Hotel Covid» de Palma. Hay además otros 13 a la espera de traslado y tres que partieron a la Península el sábado y están pendientes de localización.

De esos 249, por el momento se han hecho pruebas PCR y 175 han dado negativo, 62 positivo y 12 están pendientes de los resultados. Entre los positivos, 12 han sido ingresados en el Hospital Son Espases «con síntomas en principio leves».

La comunidad con más casos sigue siendo Madrid, donde se han registrado hasta el momento 526 casos positivos de coronavirus vinculados a los brotes en estos viajes de fin de curso a Mallorca, de los que 493 son estudiantes y 33 son casos secundarios, entre los que una persona (el padre de un alumno) ha requerido ingreso hospitalario.

Fuentes de la Consejería de Sanidad han informado también de que hay más de 2.600 contactos en cuarentena y han pedido «responsabilidad» a las personas afectadas para que acudan a hacerse los test de antígenos. A continuación se sitúa Cataluña, con 132 contagiados, seguida de Andalucía con 107.

El Govern balear ha habilitado un teléfono de información para los afectados: 900700222.

Fuente: Marta de Andrés/Emiliano Cascos – La Razón

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