Vox pide judicialmente a la SEPI el acta oculta del rescate a Plus Ultra

El partido de Santiago Abascal pide además que declaren tres testigos, entre ellos, Francisco Javier Loriente Sainz, exsecretario del consejo y director de Asuntos Jurídicos de la SEPI, cesado hace apenas un mes.

Vox denuncia que la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPIestá ocultando el acta de la reunión en la que el Consejo Gestor del fondo de apoyo a la solvencia de empresas estratégicas aprobó el rescate a Plus Ultra con 53 millones.

En un escrito presentado en el Juzgado de Instrucción número 15 de Madrid que investiga el caso, y al que ha tenido acceso Vozpópuli, el partido que preside Santiago Abascal reclama este documento al ente dependiente del Ministerio de Hacienda, así como el acta del Consejo de Ministros que dio luz verde a la millonaria ayuda.

La formación solicita además los dictámenes de la Comisión de Evaluación y demás informes técnicos que la SEPI elaboró sobre la aerolínea. También exigen los expedientes de todas las solicitudes que concurrieron en el proceso de entrega de la millonaria ayuda.

Precisamente, la titular del Juzgado de Instrucción número 15 de Madrid, Esperanza Collazos, reclamó estos mismos documentos el pasado mes de mayo, cuando admitió a trámite la denuncia presentada por Manos Limpias en la que después se han personado tanto Vox como el Partido Popular.

Testigo clave: el secretario cesado

Ahora, un mes después, los de Abascal advierten en su escrito que las actas del Consejo Gestor de los fondos nunca llegaron. Y reclaman que el Ejecutivo proceda a su entrega, así como a la remisión del acta del Consejo de Ministros en el que se autorizó el rescate a Plus Ultra.

Además, en el texto al que ha tenido acceso este periódico, y que está fechado el 17 de junio, los servicios jurídicos de Vox solicitan que se acuerde la declaración testifical de Francisco Javier Loriente Sainz, exsecretario del consejo y director de Asuntos Jurídicos de la SEPI, cesado hace apenas un mes.

También quieren que comparezcan los responsables técnicos que examinaron la documentación presentada por Plus Ultra y que definieron las subsanaciones necesarias en el expediente. En concreto, piden la declaración de José Ángel Portearroyo Martín, director de participadas IV de la SEPI; y de Caridad de Andrés Fernández, subdirectora de participadas IV de la SEPI.

«Esta declaración queda justificada entre otros motivos evidentes al ser los responsables del examen directo de la documentación presentada en varias ocasiones, solicitud y dos ampliaciones para subsanar la solicitud presentada por Plus Ultra», justifica la formación.

Otros informes sobre Plus Ultra

Por otro lado, Vox solicita a la jueza que reclame a la Agencia Estatal de Seguridad Aérea el informe sobre las aeronaves propiedad de Plus Ultra desde el 2011 hasta la actualidad, así como el registro de las operaciones realizadas entre 2018 y 2021.

El partido liderado por Abascal también quiere tener acceso a las actas de titularidad real de las acciones y participaciones de Plus Ultra, SNIP Aviation y SKY Solution. Y emplaza a la jueza a pedir a la Agencia Tributaria y a la Tesorería de la Seguridad Social las declaraciones trimestrales de IVA, pago de impuestos, declaraciones anuales 347, así como certificado de deudas de la entidad Plus Ultra y SNIP Aviation.

Esperanza Collazos, titular del Juzgado de Instrucción número 15 de Madrid, ha abierto una investigación contra el actual vicepresidente del organismo, Bartolomé Lora y el resto del consejo de administración de la SEPI (que coincide con el Consejo Gestor del fondo) por un supuesto delito de malversación de fondos públicos, tráfico de influencias y cohecho. 

15 altos cargos en el consejo

Además de Lora, en el momento del rescate el consejo de administración de la SEPI estaba formado por Francisco Javier Loriente, el entonces secretario del consejo ya cesado; Esperanza Casteleiro Llamazares, secretaria de Estado de Defensa; Inés María Bardón Rafael, secretaria de Estado de Hacienda; Sara Aagesen Muñoz, secretaria de Estado de Energía; y Ana de la Cueva Fernández, secretaria de Estado de Economía y Apoyo a la Empresa. Esta última presentó su dimisión el 11 de mayo tras alegar «motivos personales».

Con menor cargo, en el consejo de administración de la SEPI figuran también María Pilar Paneque Sosa, subsecretaria de Hacienda; Jesús Manuel Gómez García, subsecretario de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana; Gemma del Rey Almansa, subsecretaria de Trabajo y Economía Social; Raúl Blanco Díaz, secretario General de Industria y de la Pequeña y Mediana Empresa; y Luis Álvarez-Ossori, subsecretario de Agricultura, Pesca y Alimentación.

Completan el órgano Antonio José Hidalgo López, subsecretario de la Presidencia, Relaciones con las Cortes y Memoria Democrática; María Isabel Valldecabres Ortiz, directora del Gabinete de la vicepresidenta primera del Gobierno; Amparo López Senovilla, subsecretaria de Asuntos Económicos y Transformación Digital; Juan Tejedor Carnero, director General de Patrimonio del Estado; y Carlos Moreno Medina, director del Gabinete de la ministra de Hacienda.

Fuente: Marina Alías/Beatriz Triguero – VozPópuli

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