El Gobierno apuntilla al sector turístico con el retraso del fondo de la Sepi y el Imserso

El sector clama ante el atasco en la concesión de ayudas del fondo de solvencia, al que ha recurrido gran parte de la industria, y por el retraso en la licitación de los viajes del Imserso.

En un momento en el que se ha puesto el foco en Reino Unido y en la decisión del Ejecutivo de Boris Johnson de mantener a España entre los países naranja para viajar, lo que significa que quien venga a nuestro país deberá someterse después a una cuarentena y tres PCR, el Ejecutivo ha dado la puntilla al sector con el retraso tanto en la aprobación de los planes de rescate de la Sepi como en la licitación de los viajes del Imserso, dos medidas que el sector considera críticas para conseguir oxígeno financiero en medio de la mayor crisis de su historia.

El próximo julio se cumplirá un año del nacimiento del consejo gestor, organismo creado dentro de la Sepi (Sociedad Estatal de Participaciones Industriales) para resolver las solicitudes de ayuda al fondo de apoyo a las empresas estratégicas, y en todo este tiempo, sólo se han aprobado tres rescates por menos de 1.000 millones de euros, apenas una décima parte de los 10.000 millones con los que se ha dotado a este vehículo.

Se trata de Air Europa, a la que se han inyectado 475 millones, la agencia de viajes Ávoris (Globalia-Barceló), con 320 millones, y la aerolínea Plus Ultra, que se ha beneficiado de 53 millones y ha hecho saltar por los aires la operativa del fondo.

Más allá de la investigación judicial por presunta malversación en la tramitación de esta ayuda, la Sepi tiene ahora la espada de Damocles sobre su cabeza por mera comparativa con el resto del sector. «¿Cómo va a justificar ahora el Gobierno no conceder ayudas a cualquier otra compañía turística que lo pida? ¿Qué tenía de estratégico Plus Ultra? La imposibilidad de responder a estas preguntas, además de la causa judicial, les tiene paralizados», reflexiona un alto ejecutivo del sector.

Fotografía de la aerolínea española Plus Ultra.
Fotografía de la aerolínea española Plus Ultra.

Hoteleras, aerolíneas y agencias de viajes conforman el grupo principal que ha pedido el rescate, hasta el punto de que uno de cada cuatro euros solicitados al fondo de solvencia provienen de empresas de esta industria, la más afectada por la pandemia y que no volverá a los niveles previos al Covid hasta 2026, según los cálculos de la propia Aena, el operador público de aeropuertos, que retrasa hasta ese ejercicio la recuperación del tráfico aéreo y, con él, los 83,7 millones de turistas internacionales que tuvo nuestro país en 2019.

Este frenazo en la aprobación de los planes de rescate es una lenta agonía para las compañías del sector, que sin esa inyección, y ante la perspectiva de un verano al 50% del último prepandemia, ven imposible su continuidad en muchos casos, mientras que en otros están abocadadas a vender activos a derribo para conseguir liquidez rápido.

El rescate de Plus Ultra es visto como responsable del parón en la concesión de ayudas de la Sepi

Las hoteleras están a la cabeza del número de peticiones, con un compañía en el foco, Hotusa, que ha solicitado 320 millones de euros, seis veces el rescate que han solicitado firmas como Hesperia, Room Mate, Senator o Selenta. También han acudido a la Sepi agencias de viaje como Pangea, las aerolíneas Wamos y Air Nostrum o empresas de transporte como Grupo Juliá y Transmediterránea.

Ya antes del rescate de Plus Ultra, la Sepi fue duramente criticada por su lentitud en la concesión de ayudas, un ritmo que los defensores de la sociedad pública argumentaron sobre la base del carácter estratégico que se requiere a las compañías para darles la inyección de dinero público. Un relato que ha saltado por los aires con el rescate de la aerolínea de capital venezolano y detrás del cual muchos ven el motivo del goteo de salidas que está habiendo en el área económica del Gobierno, con la exsecretaria de Estado, Ana de la Cueva, a la cabeza.

Pendientes del Imserso

Al clamor de todo el sector para que se acelere la concesión de ayudas, se une que la Sepi cuenta con un plazo de seis meses para dar la luz verde de manera expresa desde que se hace la petición de rescate, ya que en caso contrario se considera que la solicitud ha sido desestimada, escenario que, si llegara a cumplirse, terminaría de dibujar el desastre para las empresas afectadas, muchas de las cuales también están pendientes de que el Ejecutivo lance la licitación del Imserso.

Este programa, por sí sólo, inyectaría 1.000 millones al sistema y reactivaría toda la cadena, además del papel que juega para mantener la industria en temporada baja. Según afirman varias fuentes, la administración tiene desde hace semanas preparados los pliegos para la nueva convocatoria, pero nunca termina de llevarse al Consejo de Ministros para ser aprobado, para desesperación de la industria, que cada semana confía en que vaya a ser la buena.

Con la vista ahora puesta en la cita de la próxima semana, las agencias de viajes son el eslabón de la cadena más sensible ahora mismo a esta decisión, ya que la mayoría de estas empresas son pymes que necesitan inyecciones de liquidez de cientos de miles de euros, pero en ningún caso de los 25 millones que, como mínimo, se requieren para acudir a la Sepi.

Aunque desde el Gobierno se insiste en que el próximo octubre se retomarán con normalidad los viajes del Imserso, también falta por despejar la incógnita de cómo podrán afectar las dos recientes sentencias que anulan la adjudicación a Mundosenior (Barceló y Halcón Viajes) de varios lotes en las dos últimas licitaciones y da la razón a Mundiplan, suma de fuerzas de Iberia, Alsa, IAG7 y Gowaii.

Falta por despejar la incógnita de cómo afectarán los fallos contra dos adjudicaciones del Imserso

La Audiencia Nacional, por partida doble, ha puesto en cuestión la labor del Imserso a la hora de contrastar la veracidad de la información que presenta cada grupo en sus ofertas, al haber detectado «un buen número de incumplimientos».

De cara a la nueva licitación, estos fallos deberían conllevar un mayor celo por parte de la administración, cuidado que choca con la prisa que se necesita para que realmente el programa pueda estar en marcha en octubre. De ahí que, en la industria, sean muchas las voces escépticas con este plazo.

Fuente: Ruth Ugalde – El Confidencial

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