La política del subsidio de la izquierda golpea a la economía española

Hay casi tantas personas que cobran del sector público (funcionarios, pensionistas y los que cobran la prestación por desempleo) como en el privado.

Los registros económicos históricos, indican, con la realidad de los datos, que las políticas intervencionistas, las políticas con las que simpatiza la izquierda, alcanzan peores resultados. La preferencia de la izquierda, especialmente, de la izquierda actual, ha ido por la vía de las subvenciones en lugar de apoyar la economía productiva. Eso tiene siempre pésimos resultados, porque se abandona el espíritu de sacrificio, superación y esfuerzo que debe tener toda sociedad.

Al final, una sociedad subsidiada se convierte en una sociedad pobre, débil y atrasada, y es lo que está empezando a generar el Gobierno de la nación, con sus políticas de subsidio. Gasto, déficit y deuda y, sobre todo, una apuesta decidida por una economía subsidiada es lo que se refleja en los planes del Gobierno, tal y como se aprobaron, hace meses, los Presupuestos Generales del Estado (PGE).

No es nada nuevo en la izquierda, pues siempre ha tratado de apostar por una red subsidiada, como supuso la instalación del PER en Andalucía en época socialista, pero ahora ya no tiene medida.

 

Con el ingreso mínimo vital (IMV), el Gobierno de coalición entre el PSOE y los comunistas de Podemos decidieron, después, avanzar hacia un estado asistencial, ineficiente y que haga dependiente a los ciudadanos del poder público, pero no queda ahí la cosa. Después, se toparon, en la concesión de la misma, con un grave problema, que es la incompetencia a la hora de conceder las ayudas, que supone un claro fracaso del Gobierno en la gestión del IMV.

Además, en los PGE se subió un 0,9% el salario de los empleados públicos, al tiempo que aumentaba el número de oferta de empleo público y, con todo ello, subía un 4% la previsión de gasto de capítulo I (gasto de personal).

De la misma forma, proponían incrementar las pensiones otro 0,9%, volviendo a ligarlas a la inflación, alejando la aplicación del factor de sostenibilidad. El conjunto de reformas acordadas en el Pacto de Toledo es insuficiente para lograr la sostenibilidad del sistema, pero esa sostenibilidad caerá antes con subidas ligadas a los precios. Esta subida de las pensiones no beneficia a los pensionistas, sino que los perjudica, porque ante el aumento de la pensión en el corto plazo se contrapone la elevación de riesgo que aparece con la presión sobe la deuda de la Seguridad Social, riesgo que puede terminar desembocando en un recorte de las pensiones.

Todo ello, hace que el gasto se eleve más de un 50%, con un déficit que el propio Gobierno reconoce que no bajará del 7% en 2021 (es más, el Gobierno lo ha revisado al alza hasta el 8,4%), y con una deuda que empieza a ser ya una losa tan grande que sólo nos salva el formar parte de la eurozona, pero con el inconveniente de que desde ésta nos pueden empezar a mirar como un problema y pidan que se tomen medidas de recorte por no haber sabido hacer reformas.

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Gasto que no sólo aumentará el déficit y, por tanto, la deuda, sino que incrementa casi todas las figuras tributarias. No sólo aparece un aumento del IRPF en varios puntos, que desincentivará a los trabajadores, especialmente a la parte de los mismos que más sostiene la recaudación, sino que, además, impone un tipo mínimo del 15% en el tipo efectivo del Impuesto de Sociedades, por no hablar de la tasa para transacciones financieras, que perjudicará a la financiación en los mercados, o las ya anteriormente anunciadas tasas digitales.

Como última perla de subida impositiva nos encontramos con un mayor gravamen a las SOCIMIS en la parte de beneficio no repartido, que dificultará la existencia de este tipo de sociedades, de manera que el mercado inmobiliario puede perder parte de su dinamismo, con las consecuencias en cascada que tendría sobre toda la economía.

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Todo ello hace que haya casi tantas personas que cobran del sector público (entre empleados públicos, pensionistas y personas que cobran la prestación por desempleo) que quienes lo hacen del sector privado, de manera que se vuelva un sistema difícilmente sostenible.

Esta gestión contraproducente sólo puede conducirnos a acentuar la destrucción del tejido productivo y, con ello, de muchos puestos de trabajo, dejando a trabajadores y empresarios sin cobertura alguna, y a destruir, así, la prosperidad labrada por los españoles, convirtiendo a nuestra sociedad en un ente pobre y subvencionado, incapaz de prosperar. Es el paso de una economía sostenible a una economía sostenida artificialmente. Es la distancia que media entre la prosperidad y la pobreza, respectivamente. Es la apuesta de la izquierda por una economía subsidiada en lugar de por una economía productiva. Es el camino más directo hacia el empobrecimiento de todos los españoles.

Fuente: José María Rotellar – Libertad Digital

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