El Gobierno olvida las ‘puertas giratorias’ y coloca a sus peones en las empresas públicas

El cambio impuesto por el Gobierno en la presidencia de Indra ha levantado una tormenta en el sector. El perfil del sustituto de Fernando Abril-Martorell al frente de la tecnológica, sin ninguna experiencia para el puesto, supone otro caso en el que el Gobierno, a través de la SEPI, ha cambiado de rumbo la gestión de alguna compañía.

Aunque Pedro Sánchez llegó a la presidencia con la promesa de poner freno al fenómeno de las denominadas puertas giratorias mediante el que los políticos encuentran acomodo en diferentes consejos de administración de grandes empresas, en los tres años transcurridos desde su acceso a La Moncloa no ha dejado de colocar peones en las diferentes compañías públicas o participadas.

Como se mencionaba anteriormente, la incorporación de Marc Murtra a Indra ha sido el último caso en el que el Gobierno ha intercedido en alguna empresa de relevancia para controlar dicha sociedad. La destitución de Abril-Martorell creó división dentro de los accionistas de la tecnológica puesto que, tal y como contaron fuentes cercanas a los titulares de derechos de voto, el perfil del nuevo directivo no se ajusta a lo que demanda el plan estratégico. Además, consideran que el cambio de cromos se debe más a cuestiones políticas «para contentar al PSC» que a meramente empresariales. En el Hecho Relevante remitido a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), la cotizada revela que el máximo accionista (la SEPI) perdió la confianza de Martorell y, por eso, se produce el relevo.

La Sociedad de Participaciones Industriales (SEPI) ha sido uno de los organismos clave para el desembarco de cargos afines de la esfera socialista. Tras la llegada del PSOE al Gobierno en junio de 2018 por la moción de censura contra Mariano Rajoy, se nombró a Vicente Fernández, anterior Interventor General de la Junta de Andalucía durante la etapa socialista.

Precisamente, el holding público depende del Ministerio de Hacienda que dirige María Jesús Montero. Pero el mandato de Fernández, sin embargo, se vio interrumpido por su implicación en el caso Aznalcóllar. Tras apartarse del puesto, Montero mantuvo vacante la presidencia hasta que la juez que instruye el caso de la mina andaluza decidió procesar a Fernández por un presunto delito de prevaricación administrativa.

Así, la exconsejera del gobierno andaluz se vio obligada a poner punto y final a año y medio de presidencia interina ocupada por el vicepresidente Bartolomé Lora; un veterano de la casa que se ha visto implicado en la polémica adjudicación del rescate a la aerolínea Plus Ultra con cargo al fondo de solvencia aprobado por el Gobierno para dar apoyo a empresas estratégicas afectadas por el Covid-19.

La SEPI ha sido uno de los organismos clave para el desembarco de cargos afines de la esfera socialista»

Al frente de la SEPI se ha colocado ahora a Belén Gualda, quien también ocupó cargos de responsabilidad en la Junta de Andalucía, al frente de la Agencia de Obra Pública de esa Comunidad. Pero la sociedad controla varias empresas públicas en las que el Gobierno también ha ido nombrando a cargos afines.

La presidencia que dejó libre la propia Gualda ha quedado en manos de Ricardo Domínguez, anterior director general de Industrias y Calidad y Promoción Alimentaria y Viceconsejero de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio de la Junta de Andalucía. Y en dos filiales de la empresa constructora naval, el Gobierno ha colocado a dos miembros del PSOE de la Región de Murcia.

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La presidencia de Sainsel Sistemas Navales la ocupa desde octubre la exsenadora del PSOE -enfermera de profesión- Susana Hernández Ruiz. En SAES (Sociedad Anónima de Electrónica Submarina), ha encontrado acomodo el vicesecretario general del PSRM y abogado de profesión, Joaquín López. En los astilleros de Cartagena se construye el submarino S-80 para la Armada.

Aunque uno de los nombramientos más polémicos fue el de Juan Manuel Serrano al frente de Correos. Tras nombrar a Iván Redondo como jefe de Gabinete en la presidencia del Gobierno, Sánchez concedió un puesto muy bien remunerado para su ex jefe de gabinete durante su etapa en Ferraz.

El presidente de la compañía pública tiene uno de los salarios más jugosos del sector empresarial público español. Sin embargo, los sindicatos mantienen con él una guerra abierta por su intención de transformar el operador postal a través de un plan estratégico que no consigue sacar adelante. La última vez que su gestión ha sido puesta en cuestión llegó con motivo de las pasadas elecciones madrileñas, cuando los servicios de seguridad de la compañía no detectaron los sobres enviados a varios cargos del Gobierno con cartas amenazantes, proyectiles y hasta una navaja en su interior.

Otro de los agraciados por el reparto de puestos de alta responsabilidad en empresas públicas fue el ex secretario de Organización del PSOE durante la etapa de Alfredo Pérez Rubalcaba, Óscar López. El exportavoz socialista en el Senado controla uno de los destinos más codiciados del sector público empresarial. En 2020 recibió un salario de 156.103 euros más una retribución variable de 35.810 euros. Sánchez le encontró encaje a pesar de que en las primarias del PSOE se alineó con el diputado vasco Patxi López.

Entre los nombramientos al frente de grandes empresas también destaca una importante cuota de los socialistas catalanes. En AENA, el Gobierno designó como presidente y consejero delegado a Maurici Lucena, exdiputado y exportavoz parlamentario del PSC en el Parlamento de Cataluña. A comienzos de este año, Lucena se mostró dispuesto a incorporarse como consejero de Economía a un eventual gobierno de la Generalitat presidido por Salvador Illa si el exministro de Sanidad ganaba las elecciones. Así se lo llegó a comunicar en el mes de enero a la propia Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).

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