El ministerio de Garzón alquila una oficina ‘premium’ en el centro de Madrid para recolocar personal

El arrendamiento en esta ubicación ronda los 21 euros por metro cuadrado al mes, con lo que previsiblemente la factura superará los 21.000 euros al mes dado el tamaño de la oficina.

El Ministerio de Consumo va a alquilar una oficina en pleno corazón de Madrid, en la confluencia de las céntricas calles Alcalá y Gran Vía, para reubicar a parte de su plantilla desde la sede que ocupaban hasta la fecha.

Según han confirmado fuentes del ministerio que dirige Alberto Garzón a Vozpópuli, no se trata de una mudanza, sino que se ampliarán las dependencias disponibles para este ministerio de nueva creación, que hasta esta legislatura sólo era una secretaría general.

Garzón ha elegido un edificio ‘premium’ ubicado en el número 27 de la calle Alcalá, a 250 metros del Círculo de Bellas Artes y del Banco de España, y a 550 metros del kilómetro cero de la Puerta del Sol. 

El inmueble, levantado en 1950, consta de 8.714 metros cuadrados de superficie construida, distribuidos en siete plantas, todos destinados a oficinas salvo los bajos y sótanos, en los que hay comercios y almacenes, según la información pública proporcionada por el Catastro.

El precio del alquiler en esta ubicación privilegiada asciende a 21 euros al mes por metro cuadrado, según han confirmado fuentes del sector inmobiliario a este periódico. El Ministerio de Garzón sólo alquilará una planta -rondan todas los 1.000 metros cuadrados- con lo que previsiblemente el precio total del alquiler superará los 21.000 euros mensuales (252.000 euros al año). 

Consumo necesita más espacio

Aunque su sede oficial continuará ubicada frente al Museo del Prado -junto a Sanidad y Derechos Sociales y Agenda 2030-, el ministerio que preside Alberto Garzón ha tomado la decisión de trasladar a parte de sus empleados a este edificio por “falta de espacio”. 

Así, se trata de un movimiento que fuentes de Consumo justifican por la necesidad de juntar equipos que ahora trabajan por separado en una misma oficina, por lo que tiene previsto trasladar a las nuevas dependencias a los trabajadores de los servicios generales comunes del Ministerio: la subsecretaría, Secretaría General de Consumo y Juego, y otros servicios centrales, como son Intervención Delegada y Abogacía del Estado.

Esas mismas fuentes no han precisado por qué la mudanza se produce ahora, cuando el ministerio se constituyó en enero de 2020, tres meses antes de que irrumpiera la pandemia.

Además de estas dependencias, el ministerio que dirige Garzón cuenta en Madrid con el edificio donde se ubica el despacho del ministro y su gabinete, en el edificio del Paseo del Prado; las Dirección General de Consumo y Centro Europeo del Consumidor, en Príncipe de Vergara, 54; la Dirección General de Ordenación del Juego, en Atocha 3; y la Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición, en Alcalá 56.

Esta cartera ministerial se creó en enero de 2020 para completar la cuota de Podemos en el Gobierno de coalición, el segundo más amplío de la democracia con 23 ministros. Según quedó recogido en el BOE, sus funciones se resumen en la «propuesta y ejecución de la política del Gobierno en materia de consumo y protección de los consumidores y de juego».

Modificación de la Ley General Presupuestaria

Para acometer este compromiso de gasto con cargo a futuros ejercicios, el Gobierno ha tenido que acordar en el Consejo de Ministros de este martes la modificación de los límites establecidos en el artículo 47 de la Ley General Presupuestaria. No obstante, desde Consumo matizan que el contrato “no está aún formalizado”.

Esta ley estipula que «el gasto que se impute a cada uno de los ejercicios posteriores no podrá exceder de la cantidad que resulte de aplicar al crédito inicial (…) los siguientes porcentajes: en el ejercicio inmediato siguiente, el 70%, en el segundo ejercicio, el 60%, y en los ejercicios tercero y cuarto, el 50%».

Dado que Hacienda ha tenido que modificar estos límites «a fin de posibilitar al Ministerio de Consumo el arrendamiento» del inmueble, según informaron tras el Consejo de Ministros, es deducible que ese contrato será por un periodo superior a un año.

Fuente:  Alejandra Olcese – Nerea San Esteban 

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