El Supremo avisa de que el Gobierno se indultaría a sí mismo al perdonar a los presos

El alto tribunal destaca el hecho de que los partidos a los que pertenecen los penados son esenciales para la continuidad de Pedro Sánchez en la Moncloa y que la gracia, por tanto, favorecería la estabilidad del Gobierno.

El informe del Tribunal Supremo sobre el indulto a los presos del ‘procés’ está repleto de claves más allá de los reproches directos al Gobierno. Además de calificar la gracia como una solución “inaceptable” o decir que la única pretensión es usar al Ejecutivo como una especie de segunda instancia con la que se pretende que se corrija la sentencia, el tribunal hace una advertencia expresa que puede tener consecuencias sobre el desarrollo futuro del indulto. El alto tribunal sugiere que el hecho de que los partidos a los que pertenecen los penados sean esenciales para la continuidad de Pedro Sánchez provoca que la gracia que les favorecería pueda interpretarse como un “autoindulto“, algo que prohíbe expresamente la Constitución.

En dos párrafos de las 21 páginas del dictamen, la sala plantea, a las claras, esta duda e indica que la “singular perspectiva que ofrece el caso” radica en que algunos de los que aspiran al beneficio del derecho de gracia “son precisamente líderes políticos de los partidos que, hoy por hoy, garantizan la estabilidad del Gobierno llamado al ejercicio del derecho de gracia”. La pescadilla que se muerde la cola.

El Supremo se opone a conceder el indulto a los condenados del ‘procés’

A lo que se refiere el TS es a la limitación que ejerce la Constitución prohibiendo que dirigentes se perdonen a sí mismos. En el artículo 102, la Carta Magna indica que si la acusación o condena se impone por cualquier delito contra la seguridad del Estado en el ejercicio de sus funciones cometido por el presidente o su Gobierno, “no será aplicable la prerrogativa de gracia”. El argumento desarrolla el planteado por la Fiscalía, que avisaba de que el espíritu de la ley legitima que este límite constitucional se extienda a aquellas conductas que han sido realizadas por todo el Gobierno autonómico, desde el presidente a todos sus consejeros.

El Supremo explica que este dato adquiere una dimensión especial cuando entre las penas que aspiran a ser extinguidas mediante el indulto se encuentra la de inhabilitación para honores, empleos o cargos públicos. “Esa pena es obligada en relación con aquellos delitos que debilitan de modo singular la estructura del Estado. De ahí la prevención constitucional para que, en determinados supuestos, el indulto no pueda interferir la decisión jurisdiccional”. A la vista de esta posibilidad, el tribunal avisa de que no se puede prescindir de analizar la relevancia de este posible ‘autoperdón’.

El dictamen tendrá otras consecuencias para el Gobierno, en este caso prácticas. En distintas ocasiones, el informe que suscriben los seis miembros del tribunal se refiere al efecto negativo de considerar que los condenados forman parte de un todo indisoluble casi sin identidad. Bautizados como “los presos del ‘procés” han perdido su individualidad, pero eso no servirá en ningún caso a la hora de indultarlos. Con esta afirmación, el TS deja muy claro al Ejecutivo que su decreto de indulto no será válido si tira de brocha gorda y persigue un perdón genérico. En definitiva, obliga al Gobierno a argumentar uno a uno, y de forma separadapor qué se indulta a cada uno de los condenados, nueve presos en total.

La república imaginaria

Otra de las partes más destacables del informe es la reivindicación que realiza el tribunal de los argumentos de su sentenciaEn sus hechos probados, la resolución defendía que la independencia nunca fue una aspiración real, sino un “artificio”, “aventura” o “ensoñación”. Un engaño a gran escala en cuya puesta en práctica no creían ni sus propios artífices. Ahora vuelve a repetir argumentos similares en el párrafo que sirve de broche final a su dictamen.

Asegura que “una sociedad pluralista e inspirada en valores democráticos” tiene derecho a exigir que levantar la responsabilidad penal por un delito a través del que se rompieron las bases de la convivencia “nunca sea el fruto de una decisión unilateral”, y recuerda —insiste, como ya hizo— que el ‘procés’ se apoyó en la “engañosa” movilización de una ciudadanía a la que irresponsablemente se empujó a construir un nuevo Estado “que solo existe en la imaginación de sus promotores”.

También hay en el escrito alusiones directas a las pretensiones de condenados concretos. Sobre Cuixart, cuyo “lo volveremos a hacer” ya sirvió de base a la condena, se indice en la “contumacia” de su desafío al Estado de derecho que le impide cualquier tipo de arrepentimiento. Esas palabras —dice el TS— expresan una actitud antidemocrática, en la que la propia conciencia y el compromiso social que cada ciudadano suscribe le autorizarían a pulverizar las bases de la convivencia, a convertir en ineficaces las resoluciones dictadas por los jueces y tribunales de un determinado territorio, a sortear las vías legales de reforma de un sistema jurídico y, en fin, a vulnerar los derechos fundamentales de aquellos otros ciudadanos que no comulguen con esos principios o esa conciencia individual.

De la parte al todo, uno de los sustentos del criterio del tribunal en contra de indultar es precisamente el arrepentimiento, que el TS no aprecia por ningún sitio. “Ni siquiera flexibilizando ese requerimiento legal de un sentimiento de contrición por el hecho ejecutado, podríamos atisbar una voluntad de reencuentro con el orden jurídico menoscabado por el delito. El mensaje transmitido por los condenados en el ejercicio del derecho a la última palabra y en sus posteriores declaraciones públicas es bien expresivo de su voluntad de reincidir en el ataque a los pilares de la convivencia democrática, asumiendo que la lucha por sus ideales políticos autorizaría la movilización ciudadana para proclamar la inobservancia de las leyes, la sustitución de la jefatura del Estado y el unilateral desplazamiento de la fuente de soberanía”, dice.

Respecto a Dolors Bassa y Jordi Turull, para los que se reclama el indulto por circunstancias personales como la grave enfermedad de familiares muy directos, el Supremo recuerda que “reparar” esas circunstancias por medio del indulto conduciría al sinsentido de que el cumplimiento efectivo de las penas de prisión “quedara reservado, con carácter exclusivo, a aquellos ciudadanos que, por su desarraigo, su pertenencia a una familia desestructurada o por su inadaptación al entorno social en el que se desenvuelve su vida, no se harían merecedores del indulto”.

El duro informe cierra un trámite y abre otro. La pelota está ahora en el tejado del Gobierno.

Fuente: Beatriz Parera – El Confidencial

 

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