El incierto horizonte de Podemos e Isa Serra ante el Supremo

El Tribunal revisa desde hoy la condena de la portavoz morada. Su inhabilitación podría llegar antes del primer pleno en el parlamento regional, el 8 de junio.

El ex Jemad Julio Rodríguez, renuncia a su acta de diputado.

La situación para Unidas Podemos en Madrid se complica a medida que pasan los días hasta el punto de que aún no está claro quién podrá ser el portavoz de la formación morada en la Asamblea de Madrid. Y lo peor es que la incógnita no se va a despejar hasta el crítico momento.

Desde el 4-M, para Unidas Podemos todo ha sido un cúmulo de adversidades sobrevenidas que han provocado que la organización de los morados siga en el aire, cuando ya han pasado dos semanas desde que se celebraron las elecciones autonómicas.

Primero fue Pablo Iglesias el que decidió dar un paso atrás y abandonar la política activa tras el 4-M al entender que no sumaba al proyecto ni era el revulsivo en el que pretendía convertirse cuando abandonó la vicepresidencia del Gobierno. Pero ahora, su sucesora, Isa Serra, también podría tener los días contados en la política si el Tribunal Supremo falla en su contra.

La última palabra sobre su futuro político, de hecho, la tiene el Alto Tribunal, que se encarga de revisar hoy el recurso presentado por la portavoz de Podemos contra su condena de un año y siete meses de prisión por atentado a la autoridad cuando intentó frenar un desahucio hace siete años, en Madrid, el 31 de enero de 2014.

El Supremo es la última instancia judicial que podría revisar su caso y, aunque hoy mismo no se producirá un pronunciamiento, fuentes del Alto Tribunal señalan que el 8 de junio, una de las fechas clave de esta Legislatura de dos años en la que deberá constituirse la Asamblea, los jueces podrían haber ya resuelto sobre la vista de casación que se celebra hoy.

En el caso de que los magistrados no se hubiesen pronunciado para esa fecha y a Isa Serra le hubiese dado tiempo a recoger su acta de diputada, si se confirma su inhabilitación para ejercer cargo público, quedaría automáticamente fuera de la política y correría la lista de la formación morada. En este caso, la gran «beneficiada» sería la activista LGTBI Paloma García Villa, después de que ayer se diera por hecho que conseguía escaño Tito Morano, tras la renuncia a su acta del Ex Jemad Julio Rodríguez, que había condicionado su presencia en la Cámara a la continuidad de Iglesias. Morano es persona de confianza de Serra con la que ha trabajado codo con codo en la anterior legislatura. De hecho, se ha ocupado de las funciones de portavoz adjunto.

Lo inquietante para los morados es que, en el peor de los escenarios, sin Pablo Iglesias ni Isa Serra, la lista quedaría encabezada, atendiendo al orden de la candidatura, por Vanesa Lillo, que ni siquiera es de Unidas Podemos, sino procedente de IU, pero integrada en la lista morada por su confluencia para las elecciones del 4-M.

También es la autora de unas polémicas declaraciones que realizó en una charla telemática de IU en la que llegó a decir que «el coronavirus demuestra que este sistema revienta y tenemos que aprovecharlo», dijo en su afán por acabar con la sanidad privada e «intervenirla». Con este escenario y con una legislatura exprés y decisiva, teniendo en cuenta que a la vuelta de dos años hay de nuevo elecciones, uno de los candidatos que suenan para hacerse cargo de la portavocía del grupo parlamentario sería Jesús Santos, persona de confianza de Pablo Iglesias, teniente de alcalde de Alcorcón, donde Podemos gobierna en coalición con el PSOE, y actual coordinador general de la formación morada.

Itinerario judicial

El caso de la candidata morada llega al Tribunal Supremo después de un largo itinerario judicial. Previamente fue condenada también por el Tribunal Superior de Justicia de Madrid a 19 meses de inhabilitación para el derecho al sufragio pasivo y una multa de 2.400 euros que se suman a los 5.250 euros de indemnización a los dos agentes heridos.

Los hechos sucedieron antes de que Serra obtuviera un escaño en la Asamblea y la condena no implicaría el ingreso en la cárcel, pero sí la dejaría fuera de la política.

El tribunal que revisará su recurso está compuesto por el presidente de la Sala de lo Penal, Manuel Marchena, Juan Ramón Berdugo, Antonio del Moral (ponente), Ana Ferrer y Carmen Lamela, informa Efe.

La ahora líder de Unidas Podemos en la Asamblea de Madrid, que fue condenada por los delitos de atentado a la autoridad, lesiones leves y daños y absuelta de desórdenes públicos, recurrió la sentencia ante el Supremo pidiendo su absolución al entender que la condena es «injusta» al «carecer de pruebas» sobre las acusaciones.

Su defensa ha solicitado al Alto Tribunal no sólo que revise la sentencia, sino que «reevalúe la prueba». El argumento que esgrime es que el TSJM la condenó de manera «arbitraria» al tomar como referencia para su fallo únicamente el testimonio de agentes de policía que la identificaron días después «mediante un procedimiento irregular».

En el recurso, la defensa de Serra asegura que el TSJM no tuvo en cuenta «todos los vídeos y fotografías de aquel día la muestran en actitud pacífica», una circunstancia que consideran que «vulnera su presunción de inocencia». Creen que la sentencia se sustenta en «vagas e imprecisas» declaraciones de agentes de Policía Municipal.

Fuente: Rocío Ruíz – La Razón

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